La modificación al régimen pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobada por insistencia en el Congreso, que revive la cédula viva, donde el militar retirado gana lo mismo que el militar en actividad, va a causar un forado fiscal imposible de financiar, sin recurrir al endeudamiento, nuevos impuestos y el recorte de la inversión pública.

Los dupleteros del Poder Legislativo, lo almirantes Jaime Montoya y José Cueto y a los generales EP Roberto Chiabra y José Williams es evidente que se les ha ido la mano, porque tal aumento dispara los reclamos entre médicos, catedráticos etc., para que se extienda la cédula viva

El Consejo Fiscal que preside el exministro de Economía Alosnso Segura, mediante un informe actuarial de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal, advierte que la Ley N.° 32561 generará un costo fiscal neto adicional de aproximadamente S/46.000 millones en valor presente, además de incrementar la presión sobre el presupuesto público durante las próximas décadas.

La norma modifica de manera sustancial el sistema de pensiones de militares y policías. Entre los principales cambios figura el incremento de la pensión de retiro hasta el 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio, cuando anteriormente el cálculo equivalía al 55%.

También se elevan los beneficios para viudez, orfandad y ascendencia. La pensión de viudez pasa a cubrir el 100%, mientras que las de orfandad y ascendencia alcanzan el 50%. Además, se amplía la cobertura para hijos hasta los 28 años y se eliminan diversas restricciones de acceso al sistema.

Según el informe, el incremento del gasto estatal asociado a esta reforma ascendería a S/38.900 mil millones, mientras que el aporte adicional del Estado al sistema previsional representaría otros S/14.400 mil millones. Aunque los aportes de los propios efectivos también aumentarán, estos solo compensarían parcialmente el impacto fiscal del alza.

La entidad advierte que, para que el régimen resulte sostenible financieramente, la tasa total de aporte debería elevarse hasta el 42% de la remuneración, con una participación estatal cercana al 27%. En la práctica, esto implicaría que el Tesoro Público termine financiando alrededor del 64% de las pensiones bajo el nuevo esquema.

El informe también señala que el gasto anual adicional oscilar entre S/1.300 millones en los próximos años y superar los S/16.000 millones dentro de cinco décadas.

Desigualdad previsional: la boca ancha para militares, policías, la boca mediana para los maestros y para el resto la boca chica.

El documento del Consejo Fiscal cuestiona además la fuerte desigualdad entre los distintos sistemas pensionarios del país. Aunque los regímenes militar y policial representan apenas el 9% de los pensionistas, concentran cerca del 50% de los subsidios estatales destinados a pensiones.

Antes de la actual ley del Congreso, habían dos regímenes de pensiones del sistema policial-militar: el Decreto Ley 19846 con 76.784 aportantes y 160 mil pensionistas, y el Decreto Legislativo 1133, con 109.730 aportantes y solo 45 pensionistas.

Las diferencias también se reflejan en el monto de las pensiones. Mientras un coronel afiliado a una AFP podría recibir una pensión cercana a S/1.182 bajo un esquema privado tradicional, con la nueva ley el monto podría superar los S/10.000 mensuales, ampliando la brecha frente a jubilados de sectores como salud y educación.

Montos de pensión que lograría un efectivo militar policial en los diferentes regímenes policiales

El Consejo Fiscal también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma. Según el informe, la ley fue aprobada sin contar con un estudio actuarial integral y dejando de lado observaciones técnicas del Ejecutivo. Además, advierte posibles ‘indicios de inconstitucionalidad’ por crear obligaciones permanentes de gasto sin identificar fuentes de financiamiento.

La Dirección de Estudios Macrofiscales alertó que esta ley forma parte de una tendencia creciente en el Congreso. Entre 2024 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal adverso, cifra que representa más del doble del promedio registrado en los últimos 15 años.