La venta de Latina TV al Grupo Vytal, anunciada en marzo por ambas partes como el inicio de una nueva etapa para el canal, enfrenta un obstáculo regulatorio que lleva meses sin esclarecerse y que puede poner en riesgo el cierre de la operación.

El problema gira en torno al principio de reciprocidad en el tratamiento de la inversión extranjera en medios de comunicación. Las restricciones de la legislación argentina a la participación de capital extranjero en medios de comunicación han generado dudas sobre si un inversionista peruano podría adquirir un canal en ese país en condiciones equivalentes a las que pretende obtener el empresario argentino Tomás Yankelevich, propietario del 75% de acciones del Grupo Vytal, en el Perú. “Se está tratando de resolver esto a nivel país”, afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, en una reciente entrevista con SEMANAeconómica, en referencia a las gestiones que viene realizando la propia Cancillería peruana con su contraparte argentina para esclarecer cómo debe interpretarse el principio de reciprocidad.

La incertidumbre interpretativa es tal que Latina ha dilatado hasta ahora el inicio del trámite de autorización ante el MTC, indispensable para concretar la transferencia del servicio de radiodifusión. A más de siete meses del anuncio de la venta, el canal de San Felipe todavía no ha presentado formalmente dicha solicitud, según confirmó el propio ministerio a esta revista.

La posición de Latina es que la operación no enfrenta impedimentos normativos. Ante la consulta de SEMANAeconómica, el gerente legal del canal, Gustavo Gómez, aseguró que “no existe tal impasse”, pues considera que la legislación peruana, la argentina y el convenio bilateral de inversiones de 1994 entre ambos países ofrecen sustento suficiente para viabilizar la operación. Sin embargo, fuentes con conocimiento de la situación a las que pudo acceder en exclusiva esta revista y otros especialistas legales consultados advierten que el alcance del convenio está sujeto a interpretación y que no está claro si permite acreditar la reciprocidad exigida. Prueba de ello es que el propio canal reconoce que está a la espera de que las autoridades culminen sus “interconsultas y coordinaciones” sobre la aplicación de dicho principio para presentar formalmente su solicitud ante el MTC.

Una trama internacional

Las primeras consultas sobre la venta de Latina ante el MTC se realizaron en mayo. El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, recuerda que, durante ese mes, representantes vinculados a la operación acudieron al ministerio para abordar aspectos regulatorios que podían complicar su concreción. Los registros oficiales de visitas confirman que el 18 de mayo Cayetana Aljovín, presidenta del directorio de Latina, se reunió con la cabeza de la Dirección de Servicios de Radiodifusión del MTC. Según Prieto, durante la reunión se presentó documentación preliminar. “Los funcionarios me informaron que [representantes de Latina] ingresaron algunos documentos, pero a modo de consulta. Ninguna solicitud formal”, agrega.

La preocupación evidenciada por el canal radicaba en determinar si un empresario peruano podría adquirir el control de un canal argentino en condiciones equivalentes a las que pretende obtener el Grupo Vytal en el Perú. La falta de claridad sobre la reciprocidad llevó a trasladar el asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores. “La Cancillería dijo: ‘Nosotros somos los que vemos esa interpretación normativa’”, asegura Prieto, en alusión a la cartera hoy liderada por el ministro Carlos Espá.

Las gestiones continuaron durante los meses siguientes. Los registros oficiales dan cuenta de hasta cuatro reuniones de Aljovín con funcionarios del MTC en septiembre; entre ellas, tres visitas al despacho viceministerial de Comunicaciones. El 3 de septiembre, Tomás Yankelevich y Cayetana Aljovín se reunieron con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey. Los acercamientos buscaban encontrar una salida al tema de la reciprocidad, que impedía avanzar con la autorización. Una fuente conocedora de lo discutido en esa reunión, a la que accedió SEMANAeconómica, señala que el MTC tenía interés en viabilizar la operación, pero que no podía autorizarla mientras no se resolviera dicha cuestión interpretativa.

El origen de la controversia radica en las diferencias entre los marcos regulatorios de ambos países. En Argentina, la legislación de medios limita, como regla general, la participación de capital extranjero en medios de comunicación al 30%, aunque contempla excepciones vinculadas con tratados internacionales y condiciones de reciprocidad. En el Perú, la Ley de Radio y Televisión establecía un límite de 40% a la inversión extranjera; restricción que fue declarada inconstitucional en 2007. Pero ese mismo fallo vinculó el tratamiento igualitario del capital nacional y extranjero con la reciprocidad otorgada a los inversionistas peruanos en otros países.

Una posible salida estaría en el convenio bilateral de promoción y protección de inversiones suscrito entre Perú y Argentina en 1994, que contempla disposiciones de trato nacional para determinadas inversiones. Tres fuentes con conocimiento directo del proceso confirmaron a SEMANAeconómica que la Cancillería peruana viene realizando gestiones con su contraparte para esclarecer si este acuerdo permite superar las restricciones de la legislación argentina y acreditar la reciprocidad en favor del Grupo Vytal y de la concreción del deal.

El abogado argentino especializado en legislación audiovisual Damián Loreti, quien participó en la elaboración de la Ley de Medios de ese país, explica que la respuesta dependerá del alcance del tratado. “Es clave saber cómo se ha interpretado en casos anteriores el artículo 3 [del referido convenio]”, advierte. Una interpretación favorable podría abrir una vía para destrabar la adquisición sin necesidad de modificar la legislación de alguno de los países.

Con el tiempo en contra

Los meses transcurridos sin una solución elevan los riesgos para el cierre de la venta. Guillermo Ferrero, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, explica que en operaciones sujetas a autorizaciones regulatorias suele pactarse un plazo máximo de aproximadamente un año —conocido como walk away—, tras el cual las partes pueden desistir de la transacción.

Este límite responde, en parte, a las restricciones que suelen imponerse a la empresa vendedora para preservar su valor mientras obtiene los permisos regulatorios, como límites para endeudarse, vender activos o distribuir dividendos. “Si ese período es muy extendido, la empresa puede terminar perdiendo valor”, advierte Ferrero. Consultado por SEMANAeconómica sobre el plazo acordado para cerrar la venta, el gerente legal de Latina se limitó a señalar que esperan concretarla en un “tiempo razonable”.

El trámite ante el MTC, que dispone de 66 días hábiles para evaluar la solicitud, podría prolongar aún más el cierre del deal. La fuentes a las que accedió esta revista señalan que el ministerio denegaría la autorización, si no se esclareciera la aplicación del principio de reciprocidad. Y un rechazo dificultaría un posible nuevo intento de aprobación. “[Latina] podría presentar una nueva solicitud, siempre y cuando haya algún cambio respecto de la original. Si no, el MTC declararía improcedente su pedido”, explica el socio de Diez Canseco Abogados, José Carlos Gonzáles. De ahí que la televisora tenga pocos incentivos para iniciar el procedimiento sin resolver antes las dudas regulatorias.

SEMANAeconómica contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores y al empresario argentino Tomás Yankelevich durante la elaboración de este informe. Al cierre de la edición, no hubo respuesta a las consultas formuladas.

Edward Abarca para Semana Económica 1/11/26