El Grupo Gloria informó que Luis Rodríguez Zapatero realizó una asesoría sobre asuntos públicos en temas vinculados al pago de la expropiación de SOBOCE por parte del gobierno boliviano el 2010. Sin embargo, aclaró que no se logró ningún acuerdo y el pago sigue pendiente, confirmando que una de sus empresas, Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE)  pagó 200.000 euros al exjefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por servicios de asesoría en 2024, y negó que dicha contratación haya tenido como objetivo influir en procesos judiciales o en autoridades del Estado boliviano.

La revelación forma parte de la respuesta enviada por Leche Gloria S.A. a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), luego de que el regulador solicitara explicaciones sobre las publicaciones periodísticas que vinculan al exmandatario español con gestiones realizadas en favor del conglomerado empresarial peruano en Bolivia. 

El 24 de junio último, un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de España afirmó que el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habría realizado gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses del conglomerado peruano Grupo gloria en litigios que mantenía con el Estado de Bolivia. 

El grupo Gloria señaló a la SMV que SOBOCE, filial del Grupo Gloria con operaciones en Bolivia contrató a Rodríguez Zapatero en 2024 para prestar «un servicio de asesoría de asuntos públicos» relacionado con su reclamación por el pago por la expropiación de una participación accionaria en la cementera FANCESA el año 2010. «el  exgobernante brindó asesoría en aspectos comunicacionales e institucionales: «SOBOCE contactó al señor Rodríguez Zapatero en el año 2024 para la prestación de un servicio de asesoría de asuntos públicos en diversos aspectos comunicacionales e institucionales relacionados con su reclamo del pago de la expropiación de acciones antes mencionada, por cuyos servicios cobró la suma de € 200 000, pagados debidamente a través del sistema financiero».

El Grupo Gloria defendió la legalidad de la contratación de Rodríguez Zapatero y sostiene que la información difundida «no recoge información exacta». Por ello, rechazó la versión que señala que el expresidente español habría intervenido para influir en decisiones judiciales o políticas. Más bién, la participación de Rodríguez Zapatero se limitó a facilitar espacios de diálogo entre representantes del Grupo Gloria y autoridades del Estado boliviano con el objetivo de buscar una solución negociada al conflicto derivado de la expropiación de acciones de FANCESA: «la participación del Sr. Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente», sostiene el documento.

Asimismo, agrega que «en ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia», calificando esas versiones como «insinuaciones interesadas» difundidas en medios bolivianos.

COMO NACIÓ LA MULTA

En un anexo remitido también a la SMV, SOBOCE explica que la controversia se remonta a 2010, cuando el Estado boliviano expropió el 33,34 % de las acciones que la empresa poseía en Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) mediante el Decreto Supremo N.° 0616. Aunque esa norma establecía el pago de una indemnización en un plazo de 180 días, la empresa sostiene que, dieciséis años después, la compensación continúa pendiente. SOBOCE estima que el monto adeudado asciende aproximadamente a US$ 296 millones de dólares, motivo por el cual inició acciones legales tanto en Bolivia como mediante un arbitraje internacional.

La empresa también cuestiona una sentencia emitida en Bolivia que la obligó a pagar 744 millones de bolivianos a favor de FANCESA por un supuesto caso de competencia desleal. Según SOBOCE, dicho fallo incluyó 479 millones de bolivianos por concepto de «daño al proyecto de vida», figura que considera improcedente tratándose de una persona jurídica. Añade que un tribunal constitucional anuló esa decisión y ordenó que el Tribunal Supremo emita un nuevo fallo, aunque el proceso continúa pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En su respuesta a la SMV, Leche Gloria indicó que las publicaciones periodísticas no tendrán impacto económico ni financiero sobre las empresas del Grupo Gloria supervisadas por el mercado de valores peruano. Asimismo, informó que sus órganos de gobierno no han elaborado informes especiales ni adoptado acuerdos relacionados con estas publicaciones y que no prevén efectos materiales en sus estados financieros. La empresa sostiene que la información remitida a la SMV esclarece los hechos y considera que no existe documentación adicional que aportar sobre el caso