Andrés Hurtado “Chibolín” afirma sus intenciones de colaborar con la justicia peruana. Sin embargo, le preocupa poder arriesgarse a ser asesinado si es que le comparte su información a la Fiscalía.

El abogado de Hurtado, Elio Riera, ha permitido la posibilidad de que su cliente evalúe esta semana su decisión para declarar. La espera de 20 días, los cuales han sido pasados en una celda en Lurigancho, no han facilitado a la Fiscalía continuar de manera más eficaz con sus procesos.

Alcides Chinchay, fiscal supremo, y su adjunta, Alejandra Cárdenas, piensan que está haciendo tiempo en caso no le anulen sus 18 meses en prisión preventiva en segunda instancia. “Si hablo me van a matar”, responde Hurtado ante los fiscales.

La Fiscalía necesita detalles acerca de la coima de US$1 millón hacia la fiscal Elizabeth Peralta con el beneficio del empresario Javier Miu Lei. Además, “Chibolín” debe responder a otros delitos en los que él participó, como el origen real del dinero de sus hijas, los intercambios de favores, posibles lavados de activos o cobros de sobornos.

El Ministerio público ha programado un nuevo interrogatorio al ex-conductor de televisión para finalmente recibir sus declaraciones.

La vinculación con Vidal

El caso de Hurtado llevó a la Autoridad Nacional de Control a separar del cargo a la jueza superior María Vidal La Rosa-Sánchez, quien tenía vinculación con el ex-comediante. Vidal, sin embargo, intentó presuntamente reingresar con una medida cautelar fraudulenta. Esto se hizo mediante una demanda de amparo, la cual tuvo una rápida respuesta por parte de la jueza jueza Cinthia Paucar Boza, quien fue nombrada por Vidal.

Paucar Boza, como consecuencia, tuvo su sistema intervenido por parte del equipo de la ANC.