La semana pasada, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que acumula 12 proyectos de ley que modifican la Ley General de Minería para poner en marcha las concesiones mineras ociosas, con la aprobación de casi todas las bancadas: Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Podemos, Bloque Magisterial, etc., así que es muy probable su aprobación en el pleno.

En el régimen vigente, la gran y mediana minería paga US$ 3 por hectárea solicitada u otorgada al año, los pequeños productores mineros pagan US$ 1 y los productores mineros artesanales pagan US$ 0.50 por hectárea o su equivalente en moneda nacional.

El dictamen aprobado, modifica el artículo 39 de la Ley General de Minería y establece una escala progresiva de pago por derecho de vigencia, para la gran y mediana minería, según el total de hectáreas del titular. Así tenemos que hasta 10 mil hectáreas, el derecho de vigencia es de US$ 3 por hectárea; entre 10 y 50 mil hectáreas, el derecho de vigencia es de US$ 5; entre 50 y 100 mil hectáreas, el derecho de vigencia es de US$ 8, y más de 100 mil hectáreas, es de US$ 12. El pago para pequeños productores y mineros artesanales, se mantiene en US$ 1 y US$ 0.50, respectivamente.

La propuesta modifica el artículo 40 de la Ley General de Minería  y establece una reducción del plazo para iniciar producción de 30 a 15 años, y un aumento de las penalidades. En el régimen actual, si al año 10 no se acredita producción o inversión mínima, se aplicará una penalidad de 2%, que aumenta al 5% el año 15, al 10% al año 20 y la caducidad de la concesión al año 30. Con la modificación, si al año 10 no ha cumplido con la producción mínima anual y haber realizado la inversión mínima, la penalidad será del 10%; al año 15, se declara la caducidad de la concesión previa notificación y el otorgamiento de un plazo de hasta cinco años para subsanar el incumplimiento, si es que el titular cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado y si hay inversiones acreditadas.

El dictamen también propone incorporar el artículo 9-A: Beneficios para comunidades campesinas y nativas, que establece mecanismos para que las comunidades campesinas y nativas cuyos territorios se ubiquen total o parcialmente en áreas de concesiones mineras, puedan suscribir acuerdos de participación en beneficios, como por ejemplo, aportes a fondos de desarrollo comunales de educación, salud, infraestructura, entre otros; participación en programas de empleo y en instrumentos financieros como acciones preferentes.

En medio de estas discusiones de las concesiones mineras, sale a la luz que 50 empresas mineras tienen concesiones en desarrollo, pero no la desarrollan. Recordemos que de 55,783 concesiones mineras, solo 1,197 están activas. Son más de una docena de empresas extranjeras las que tienen concesiones paradas, que no avanzan, mientras que las nacionales son una treintena.

La primera que encabeza es la mexicana Fresnillo, con miles de hectáreas en donde no desarrolla su proyecto. También figura la mexicana Peñoles, con su filial Minera Peñoles del Perú.

Otra es la brasilera Vale, que tiene concesiones de cobre en Tacna, Áncash, Moquegua y Cajamarca, pero no desarrolla nada.

Nexa también es brasilera, de la familia y su filial, Nexa Resources Perú, que es propietaria en Milpo, Atacocha y Cerro Lindo, pero tiene miles de hectáreas con proyectos que no avanzan.

Las británicas BHP y Rio Tinto (La Granja) también tienen concesiones sin desarrollar. BHP tiene el 33% de las acciones de Minera Antamina.

Otra accionista de Antamina, la británica de Glencore, tiene concesiones mineras sin preparar con su filial, Minera Antapaccay.

Otra británica, Anglo American, que opera la mina Quellaveco, tiene miles de hectáreas en concesiones sin desarrollar.

Minera Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport McMoran, tiene concesiones sin desarrollar. Otra estadounidense, Newmont, que es la matriz de Minera Yanacocha, tiene concesiones en blanco, que nunca ha desarrollado.

En el cuadro figura Minera Barrick, que actualmente se llama Minera Boroo, filial peruana de la empresa singapurense Boroo, que en los últimos años, ha adquirido varias minas de la canadiense Barrick Gold. Boroo opera en Perú la mina de oro Lagunas Norte, pero tiene muchas concesiones sin operar.

Minera Zafranal es filial de la canadiense Teck, que ha congelado su proyecto de cobre en Arequipa y también tiene en la refrigeradora, varias de sus concesiones.

Otra canandiense, First Quantum Minerales, tiene hace más de una década, el proyecto de cobre Haquira, a través de Minera Antares, que no avanza nada.

Volcan Compañía Minera es de desde hace un par de años, filial del fondo argentino Integra Capital de José Luis Manzano, con cinco unidades mineras en el país, pero con miles de hectáreas en concesiones, sin desarrollar.

Minera Anaconda, filial de la chilena Antofagasta de los Luksic, tiene miles de hectáreas en concesiones en el sur del país, sin preparación alguna.

Otra que en papeles, sale sin unidades en desarrollo es Minera Poderosa, una empresa peruana de las hermanas Arias Vargas, que es una de las principales productoras de oro del país, con su mina en Pataz (La Libertad).

Un primo del escritor Jaime Bayly, Gabriel Eugenio José de Romaña Letts, figura también como tenedor de miles de hectáreas de concesiones sin preparar.

La peruana Minsur y su filial, Marcobre, controladas por la familia peruana Brescia, tienen concesiones sin trabajar.

Empresas de minería no metálica, como Yura, Cementos Pacasmayo y Minera Adelaida, no tiene preparado ningún proyecto en sus concesiones.

Macusani Yellowcake, la única minera en Perú que promociona un proyecto de litio, también tiene concesiones en donde no ha desarrollado nada.