Desde el Faro
Por: Rafael Hidalgo
Hasta que volvió el baile anual del Reinfo. El presidente de la Confemin, Máximo Franco, con un contingente de mineros informales que viene acampando en la avenida Abancay, frente al Congreso, advierte que no se retirarán hasta que se vuelva a prorrogar este registro provisional (vence el 31/12/25) y, si no se reincorporan los 50 565 Reinfos que anuló el gobierno de Dina Boluarte.
En realidad, el Reinfo (D. Leg. 1293 – 30/12/16) lo concibió el gabinete de “los aeróbicos de lujo” del gobierno de PPK: “para formalizar a mineros con horizonte hasta el 2/8/20”, pero nació “para quedarse”. A estas alturas, no se requiere ser un profeta como Nostradamus o un sabio como Albert Einstein para vislumbrar que se aprobará la cuarta ampliación del Reinfo. Dos premisas la sustentan: de 200 toneladas de oro que se exportan al año, el 50 % corresponde a la “minería informal”, mientras que el otro 50 % a la Gran Minería. Asimismo, desde que el Congreso aprobó la última prórroga (30/11/24), el precio del oro se ha disparado en 55 %, agitando la llama de la hoguera de las ansiedades.
La última sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso estuvo a punto de aprobar una nueva prórroga hasta el 31/12/26, pero postergaron el momento de “tragar el sapo”, optando por “la mecedora” de convocar a una mesa técnica para volver a escuchar el sonsonete habitual: a la Sociedad de Minería acusando de “ilegales” a los marchantes, y, por el otro, a Confemin exigiendo el respeto al derecho al trabajo de 500 mil peruanos.
Víctor Gobitz, expresidente de la SNMPE, sostiene que la “prórroga” permite que muchas plantas de beneficio operen sin minas propias, procesando mineral extraído de manera ilegal: “operaciones que no cuentan con ningún control ni seguridad para los trabajadores, y trasladan los pasivos a toda la sociedad” (Canal N, 24/10/25). En tanto, el abogado Jorge de Lama revela el otro lado de la luna: “Para que un minero ingrese al proceso de formalización debe contar con RUC, además de declarar producción y trasladar el mineral por rutas fiscales, con la guía de remisión y demás documentos bajo pena de decomiso. Antes, mientras los mineros tramitaban el RUC, las plantas compraban el mineral emitiendo una liquidación de compra donde figuraba el impuesto que era descontado del valor de la venta”.
Por otro lado, la Sunat carece de especialistas, estableciendo regulaciones absurdas, como por ejemplo: el pago de la detracción antes de transportar el mineral (mayo de 2025), “que es una tontería”, afirma De Lama, porque para ello hay que establecer el valor del bien, que recién se conoce en la planta, luego del proceso de pesaje, medición de la humedad (que afecta el peso), la reducción del tamaño (chancado y molienda), el muestreo y los ensayos de laboratorio. Además, al trabajar en zonas alejadas, los proveedores no suelen emitir facturas ni tienen RUC, por lo que no pueden acreditar los gastos, y la Sunat atribuye todos los ingresos como utilidades.
Un informe del IPE indica que “las fases posteriores a la extracción… la comercialización y el procesamiento han cobrado un rol central… el número de nuevas empresas procesadoras y comercializadoras de oro registradas mensualmente se ha triplicado… al 2025, cada mes se crean 82 procesadoras y 58 comercializadoras”. El número de plantas de la minería pequeña y artesanal se ha triplicado en los últimos 10 años, y si bien en Arequipa se han multiplicado por dos, en Puno se ha multiplicado por 6,3 y en Ica por 3,3.
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