Nadie sabía explicar por qué un diario empresarial publicaba el 10 de octubre de 2022 una nota sobre el impacto que tendría el retorno de la UAP en la distribución de la torta del mercado universitario con su casi seguro licenciamiento. A los dos días de publicada la nota, velozmente, el fiscal Salazar Reque solicita la incautación de los locales debidamente implementados de la universidad, con una inversión de más de 200 millones de soles, bajo el sustento de un incremento patrimonial desproporcionado a sus ingresos. La solicitud no fue atendida de inmediato. El fiscal conocía perfectamente que los ingresos de la universidad estaban sustentados en los pagos de las matrículas de sus alumnos.
Ante este impasse, el fiscal Salazar Reque denuncia al gerente general de la UAP con hechos falsos, indicando que ocupaba el cargo para encubrir a los Ramírez, en una carpeta en la que se investigaba a exdirectivos de la Cooperativa Alas Peruanas, dueña de la UAP y a la cual él nunca perteneció.
¡Un absurdo! Fue justamente el gerente acusado sin sustento, quien denunció a los Ramírez, canceló los contratos con sus empresas, que habían perjudicado económicamente a la universidad, y recuperó las acciones que habían sido asignadas a dicha familia ilegalmente.
Esta repentina denuncia de un proceso reservado llegó a todos los directivos de la Sunedu. ¿Cómo así y para qué?
Cómo llegó aún no se sabe. El por qué se explica días posteriores, cuando la Sunedu informó la denegatoria de licenciamiento, justificada en una supuesta proyección financiera negativa.
Cifras positivas
Fuentes internas de la Sunedu confirmaron que el expediente de la UAP se encontraba aprobado, pero estuvo congelado misteriosamente por casi dos meses. ¿Qué extraños intereses detuvieron el anuncio y luego forzaron repentinamente la decisión de no otorgar el licenciamiento?
Tras revisar el sustento de la denegatoria, la sorpresa fue encontrar que las cifras de proyección financiera de la UAP habían sido manipuladas, y esta información confidencial y de carácter reservado, que solo tenía en su poder la Sunedu, fue publicada al día siguiente por el mismo diario empresarial que había informado sobre el impacto del retorno de la UAP al mercado universitario. ¿Quién estaría interesado en que no regrese a competir?
La UAP solicitó un informe a una auditora internacional, una de las big four (las cuatro auditoras principales en el mundo), que confirmó la proyección positiva de las cifras financieras de la universidad, lo que difería notablemente de lo sustentado por la Sunedu para denegar el licenciamiento.
Esto provocó que la UAP denunciara penalmente a la exdirectora de licenciamiento de la Sunedu y a los exmiembros del Consejo Directivo por abuso de autoridad y falsedad genérica.
Las razones serían la manipulación de la información financiera y la no respuesta a los otros supuestos incumplimientos que se habían dado para no licenciar.
Además del informe de la auditora internacional, la UAP mandó a realizar una pericia de parte que tuvo el mismo resultado. Las proyecciones financieras de la universidad no eran negativas.
¿Quién protege a José Eduardo Castillo Carazas?
El fiscal Salazar Reque mantiene encriptada hasta el día de hoy información clave que incriminaría al exgerente, en el periodo julio 2018-diciembre 2019, José Eduardo Castillo Carazas, en perjuicio de la Universidad Alas Peruanas. ¿Por qué no se lo incorporó en la investigación seguida contra Joaquín Ramírez y otros por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos?
La actual administración de la UAP envió toda la información debidamente documentada respecto a las contrataciones realizadas durante su gestión y la situación económica de la universidad, antes y después de su remoción del cargo de presidente ejecutivo y gerente general, pues luego de su gestión se evidenciaron pérdidas y deudas significativas que supusieron un sobreendeudamiento y perjuicio económico considerable para la universidad de 300 millones de soles, con la única intención de lograr su quiebra, y buscar un beneficio propio y para la familia Ramírez, que en ese momento contaban con acciones en la UAP (y que fueron completamente retiradas por la actual administración).
Esta fue la razón por la cual la defensa técnica de la UAP solicitó la incorporación de José Castillo Carazas por la presunta comisión del delito de lavado de activos por formar parte del “brazo dirigencial” de la UAP.
¿Cuál fue la motivación del fiscal para no investigar a Castillo Carazas por su participación en la gestión de la UAP cuando su vinculación con los hechos delictivos y con los actuales investigados es evidente?
Incautación sospechosa
Lo más sospechoso es que 20 días después de la salida del señor Castillo de la gerencia general de la universidad, el 15 de enero de 2020, el fiscal Salazar Reque allanó la UAP y se llevó todos los contratos suscritos por la gestión de la familia Ramírez y el señor Castillo, manteniendo hasta el día de hoy lacrada esta información que está en su poder, e impide que toda la evidencia de dichas contrataciones irregulares se conozca y se utilice en el proceso de investigación.
Otro hecho sospechoso a investigar es que, tras el allanamiento en que la fiscalía se llevó toda la evidencia en contra de José Castillo Carazas (el 15 de enero de 2020), un mes después (febrero de 2020), el fiscal Salazar Reque terminó de pagar un departamento valorizado en US$ 235,400 que había adquirido mediante un crédito hipotecario a 15 años (2014), y canceló en menos de 6 años.
¿Por qué el fiscal Salazar Reque hizo caso omiso a todos los indicios existentes en contra del señor Castillo Carazas?
Las contrataciones durante ese periodo son objeto de demandas en la vía civil y se encuentran en trámite.
Todas las denuncias interpuestas en la vía penal fueron sospechosamente archivadas, a pesar de la clara sobrevaloración y falta de utilidad de los contratos suscritos por él, lo que llevaría a pensar la existencia de una presunta red de corrupción que estaría blindando al señor Castillo Carazas para no enfrentar a la justicia por los actos cometidos, no solo en contra de la UAP, sino también de terceros.
Por último, resulta sospechoso también que el fiscal Salazar Reque iniciara investigación en contra de Castillo Carazas en una carpeta independiente (37-2023) recién el año 2023 y basado en denuncias ya archivadas interpuestas por la UAP, y no por sus estrechos lazos con la familia Ramírez y todas las otras investigaciones de lavado y desvío de fondos con las que cuenta, como la actual denuncia por el desvío de más de 200 millones de soles en la sociedad de inversión Blanco SAF, en la que fue gerente general y director.
Expreso 3/6/24
Nota de Redacción: José Castillo Carazas fue gerente general de Blanco SAF el 2022 al 2024 y actualmente, es miembro de su directorio.