Las empresas mineras están transformando sus estrategias de gestión social al incorporar la memoria histórica, el patrimonio cultural y el respeto a los derechos territoriales como pilares clave de la sostenibilidad. Esta visión busca comprender las dinámicas locales desde la identidad propia de cada territorio, mejorando así la calidad de la información para tomar decisiones.

Esta perspectiva se expuso en la conferencia “Más allá de la consulta: una nueva ruta para la gestión social minera”, presentada en el marco del RESMINE 2026. La ponencia estuvo a cargo de Dixie Arteaga Quiroz y Bettina Reyna Ugarriza, destacadas integrantes del Greatt Social y de la red de profesionales Women in Mining Perú.

Dixie Arteaga destacó que la identidad de un territorio debe integrarse formalmente en los programas de gestión social para fortalecer la sostenibilidad. Sostuvo que es clave reconocer la memoria colectiva, co-crear iniciativas culturales junto a la población local y preservar el patrimonio intangible para transmitirlo activamente a las futuras generaciones de la zona.

La especialista enfatizó que, si bien el sector ha avanzado en salud, educación y productividad, la gestión social debe comprender al territorio no solo por sus necesidades, sino por lo que representa para sus habitantes. Esta mirada estratégica permite valorar los saberes ancestrales y las expresiones artísticas locales como elementos integrales del desarrollo regional.

Asimismo, Arteaga resaltó experiencias peruanas exitosas de empresas como Minsur, Lincuna, Hudbay y Repsol, que pusieron en valor expresiones artísticas, muestras fotográficas, museos y medicina tradicional. Estas iniciativas demuestran que las mineras pueden contribuir activamente a salvaguardar el patrimonio cultural tangible e intangible del entorno donde operan sus proyectos.

Por su parte, Bettina Reyna enfatizó que el 73% de los proyectos de minerales de transición en la región se sitúan sobre o cerca de tierras indígenas. Detalló que las empresas deben aplicar la debida diligencia para gestionar impactos, aclarando que, si bien el Estado dirige la consulta previa, la compañía debe garantizar acuerdos transparentes.

En esa línea, presentó una ruta práctica para integrar el consentimiento libre, previo e informado en la gestión del proyecto: evaluar desde etapas tempranas cuándo corresponde, identificar a las comunidades y sus formas de decisión, compartir información clara y acordar las reglas del proceso. 

También explicó cómo traducir los acuerdos en medidas concretas, con responsables, plazos y seguimiento, y precisó que la consulta previa es conducida por el Estado, mientras que la empresa gestiona los impactos de su proyecto.