La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y Activos Mineros (AMSAC), empresa pública que se dedica a la remediación de pasivos ambientales mineros y la promoción de inversión privada en minería, firmaron un convenio interinstitucional para promover la conducta empresarial responsable (CER).

A través del acuerdo se fortalecerá la implementación de la CER en AMSAC, alineándola con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de integrar prácticas de sostenibilidad, derechos humanos y debida diligencia en su gestión empresarial. Para ello, ProInversión facilitará asesoría técnica, capacitaciones y herramientas para mejorar la relación de la empresa con comunidades y actores clave.

En la ceremonia de suscripción, el director de Servicios al Inversionista de ProInversión, Iván Lucich, afirmó que las empresas públicas tienen la responsabilidad de adoptar prácticas que no solamente favorezcan al crecimiento económico, sino también al bienestar social y ambiental, impulsando prácticas sostenibles.

“Existe el compromiso, tanto de ProInversión como de Activos Mineros, de trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos planteados, con la firme convicción de que la implementación de estas buenas prácticas será un motor de cambio positivo y contribuirá a replicar este modelo en las otras empresas del sector público”, añadió.

Por su parte, el gerente general de Activos Mineros, Marcos Antonio Montenegro, destacó que son la primera empresa pública en suscribir el convenio para aplicar la CER en la búsqueda de la excelencia y para elevar los estándares de atención y la gestión pública, sumando la sostenibilidad en materia ambiental y social

Desde 2008, Perú es adherente a la declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, comprometiéndose a promover la CER. ProInversión aloja al Punto Nacional de Contacto para la conducta empresarial responsable en Perú.

Según las directrices de la OCDE, esto implica que las multinacionales operen considerando el impacto de sus actividades, promoviendo prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades locales.