El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, asume el cargo con un historial controversial, especialmente por su pasado como alto directivo de Brookfield Asset Management, la empresa que actualmente exige una compensación de 2,700 millones de dólares al Perú en un arbitraje internacional.

Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, trabajó en Brookfield como vicepresidente y jefe de inversiones de transición, antes de asumir la presidencia de la división de gestión de activos.

Durante su paso por la compañía, esta estuvo involucrada en diversas situaciones comprometedoras, desde acusaciones de deforestación en Brasil hasta denuncias de trabajo en condiciones de esclavitud. En 2021, un tribunal laboral brasileño sancionó a una filial de Brookfield con una multa de 800,000 dólares por explotación laboral en una de sus granjas.

En el ámbito ambiental, investigaciones señalaron que las filiales de la empresa deforestaron cerca de 9,000 hectáreas en el Cerrado brasileño entre 2012 y 2021, emitiendo aproximadamente 600,000 toneladas de CO2. Aunque Brookfield defendió la legalidad de sus operaciones y aseguró que la venta de sus activos agrícolas en Brasil se planeó con años de anticipación, críticos señalaron que la transacción evitó que la empresa asumiera la responsabilidad por el daño causado.

El papel de Carney en Brookfield resalta aún más debido a la reciente demanda presentada por la compañía contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Brookfield reclama 2,700 millones de dólares argumentando que la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales expropiaron tramos de la concesión de Rutas de Lima mediante ordenanzas y decisiones gubernamentales. Además, señala que la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) en 2024, afectó su inversión.

El conflicto entre la empresa y el gobierno peruano llegó a su punto álgido bajo la administración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien acusa a Brookfield de conocer los casos de corrupción de Odebrecht antes de comprar las acciones de Rutas de Lima. En enero de 2025, el burgomaestre anunció su intención de expulsar a la concesionaria antes de julio.

La demanda de Brookfield contra el Perú pone a Carney en una posición incómoda, ya que su país tiene intereses directos en un conflicto legal que involucra a una empresa con la que tuvo estrechos vínculos. Sumado a ello, su vinculación con decisiones empresariales polémicas podría afectar su credibilidad ahora que lidera el gobierno canadiense.

Fabricio Salas para Expreso 18/3/25