Mientras que el público conoce finalmente el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Judicial (ACJ) con Odebrecht (Odb) -ahora Novonor- gracias a que el Tribunal Constitucional acogió el Habeas Data presentado por Philip Butters (20/12/24) a la misma hora, en Washington, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informaba que el Perú perdía una demanda de arbitraje por US$ 194 millones (y las costas procesales) planteada hace seis años (2018) por la empresa española ENAGAS, socia de Odebrecht (Odb) en el fallido mega proyecto del Gasoducto Sur Peruano-GSP (US$7.328 de inversión), La demanda inicial era por US$ 505 millones (por US$511 millones de inversión).
LAS TRIBULACIONES EN EL CIADI
El tribunal arbitral del Ciadi estuvo presidido por el argentino Diego Fernández Arroyo, junto a los árbitros Andrés Jana Linetzky de Chile y Claus Von Wobeser de México. La votación fue dos a uno. Sólo el arbitró mexicano voto en contra. La defensa del Perú está a cargo del bufete Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (desde 2018) y la de Enagas a cargo de Linklaters y de CMS-Estudio Grau (Lima).
Los magistrados del tribunal arbitral, de izquierda a derecha: Diego Fernández, Andrés Jana y Claus von Wobeser. Fernández y Jana votaron a favor del laudo y Wobeser votó en contra.
Queda en espera en el tintero del Ciadi un segundo arbitraje planteado el 2022, por US$ 461.2 millones de dividendos congelados de sus filiales Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde Enagas contaba con el 28.9% de las acciones y en Compañía Operadora de Gas (COGA) el 51% (Memoria 2023), al ser la compañía española una empresa comprendida en la categoría 2 de la Ley No. 30737, conocida como “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos”. La categoría 2, impide realizar transferencias internacionales y la obliga a mantener un fideicomiso administrado por el Ministerio de Justicia como garantía ante posibles sanciones que resulten de la investigación fiscal.
Odb fue la primera en acogerse a la ley No. 30737 en 2018: Sin embargo, el cálculo del monto no queda nada claro: S/ 760 millones en 15 años (US$200 millones). En un primer momento el procurado Jorge Ramírez mencionó S/ 3.400 millones y en segundo momento que un equipo de economistas de la Universidad de Piura lo habían asesorado. La hoja dl cálculo del monto mas allá de palabras y palabras, no se conoce. Sin embargo, las subsidiarias de Odb en otros proyectos bajo sospecha, como el GSP, fueron incluidas en el “Listado de sujetos categoría 1″ de la norma, lo que implica la retención del 50% de la venta de sus bienes y la suspensión de transferencias al exterior. Lo que no sucedió en la venta de la hidroeléctrica de Chaglla por US$ 1.300 millones gracias a Martín Vizcarra (“El Lagarto Eléctrico” Expreso), donde se llevaron hasta el poncho y la guitarra. Dej
Para la procuradora del caso Lava Jato Silvana Carrión, señala que Luis Saldaña Fernández y David San Frutos Tomé, representantes legales de Enagas “habrían defraudado al Estado concertando con su consorciada (Odebrecht) y con funcionarios públicos a cargo del concurso para la concesión del GSP, para que su representada sea favorecida con el otorgamiento de la concesión” agregando que el fallo desfavorable no impactaría en las investigaciones penales del caso Lava Jato, ya que los procesos siguen vías independientes. Esto significa que se mantendría la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la licitación del GSP, que involucra al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros exfuncionarios de su gobierno (Bloomberg 20/12/24).
En el 2023, el Poder Judicial peruano acogió el pedido de la Procuraduría ad hoc e incluyó a Enagás Internacional SLU como tercero civil responsable en la indagación del GSP. Es decir, en el caso que la compañía o sus directivos sean condenados, pagarán una reparación civil al Estado peruano. En el GSP, Odb mantenía una participación del 50%, mientras que Enagás y Graña y Montero contaban con 25% cada una.
YA VIENE SENTENCIA DE ODEBRECHT POR OLVIDO DE UNA CLAUSULA
Pero, lo más grave es que esta victoria española, es que abre las puertas al reclamo planteado por Odb al Perú cercano a US$ 1,200 millones, gracias a que el Fiscal José Domingo Pérez, así como el procurador Jorge Ramírez se olvidaron de colocar en el ACJ (15/2/19) una cláusula antidemanda, la cláusula que inhibe a la empresa o individuo que reconoce los delitos, accionar algún reclamo contra el estado perjudicado, como si se acordaron en las firmas de los acuerdos de colaboración eficaz posteriores. Pese a que la demanda de Enagas ante el Ciadi se presentó en el 2018 ¿Olvido, negligencia criminal o corrupción?.
Se nos penalizó en esta setencia a favor de Enagas-es verdad que parcialmente- por la ineficaz defensa del Perú, primero, al no haber comprendido el GSP en el ACJ, y segundo, por la demora de las publicaciones de la lista de codinomes que el periodista ecuatoriano Anderson Boscán había entregado al ICIJ cuyos afiliados en el Perú son Convoca e IDL- Reporteros, » a mediados en diciembre del 2018″ (El Comercio 26/6/19). Convoca e IDL se tardaron una vida en corroborar y/o publicar los 17 codinomes del GSP por US$ 3 millones que (Convoca el 25/6/19 e IDL Reporteros 26/6/19), ocho días después de la homologación judicial del ACJ (17/6/19) y cuatro meses después de la firma del ACJ (15/2/19). Ya todo estaba oleado y sacramentado.
Además, como cereza en la torta, la investigación judicial del GSP ahora cuenta con la colaboración eficaz “estrella” de José Graña Miró Quesada (JGM) aceptada en la hora nona por el Fiscal Pérez y la fiscal Geovana Mori, en la audiencia de su prisión preventiva de JGM. Suerte de algunos. El empresario señaló que contaba con información relevante, pese a que su constructora no formó parte del consorcio inicial con Odb y Enagas (Comité de Proinversión del GSP, en mayo 2014) ni de la buena pró (30/6/24) “por el veto de Nadine Heredia” sin embargo, posó para las fotos, brindando por todo lo alto con el gobierno de turno en la ceremonia de juramentación del exministro del Interior Daniel Urresti en Palacio de Gobierno (23/6/14). ¿Que información de corrupción de funcionarios entregó AGM y Graña y Montero en su publicitado Acuerdo de Colaboración Eficaz, que nos sirva para que poder defendernos ante el Ciadi?: Humo.
Curiosamente en el ACJ de Odb(15/2/19) se limitó a repetir tres proyectos así como las coimas a Alejandro Toledo que ya había hecho público dos años antes en su acuerdo ante la justicia de los EEUU (19/12/2016): dos megaproyectos (Interoceánica y Línea 1 del Metro) y agregó para salvar la cara un proyecto regional (vía del Cuzco) que Odb y para terminar de embellecer la supuesta «negociación» colocaron otra vía regional (Costa Verde Callao), Chim Pum Callao.
