La bancada de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, por intermedio del congresista Américo Gonza, planea la reorganización por completo el Ministerio Público mediante una reforma constitucional para zanjar el empecinamiento -con toma de local de por medio- de la fiscal suprema Delia Espinoza que se ha rebelado junto con la Junta de Fiscales Supremos (JFS) de acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la restitución en el cargo de Fiscal de la Nación de Patricia Benavides.

El proyecto señala un período de emergencia donde la JNJ será la encargada de nombrar, mediante concurso público, a los nuevos integrantes de una ‘Junta Transitoria de Fiscales Supremos’. Este nuevo grupo de siete miembros tendría la responsabilidad de elegir a un Fiscal de la Nación Transitorio y de elaborar, dentro del plazo de seis meses, dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y otra sobre la Carrera Fiscal. Durante ese tiempo, el Ministerio Público funcionaría bajo esta estructura provisional.

El proyecto se presenta en una coyuntura marcada por la rebeldía de JFS contra el retorno de Patricia Benavides al puesto de fiscal de la Nación. La propuesta de Perú Libre aparece como un intento de salir de la crisis promoviendo una reforma de fondo que sanee el Ministerio Público.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, también presentó, el pasado 16 de junio, dos proyectos de ley ante el Congreso los cuales plantean que las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como las Autoridades Nacionales de Control (ANC), queden adscritas a la supervisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa indica que la intención oficial sería “fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” tanto en la carrera fiscal como en la judicial, con el fin de mejorar la administración de justicia. Para ello se propone modificar las leyes orgánicas correspondientes, precisando que estas ANC sean consideradas “organismos adscritos a la JNJ” y se incorporen también aspectos como autonomía financiera y personería jurídica.

Además, establecería que la JNJ tenga la capacidad de convocar concursos públicos en un plazo de 90 días para designar a los fiscales de control que integrarán las ANC. La Academia de la Magistratura sería responsable de capacitar a los aspirantes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, mientras que la JNJ deberá definir los instrumentos de gestión de dichos concurso.

La presentación de este PL por parte de Josué Gutiérrez no fue casual, y se dio el mismo día en que Delia Espinoza protagonizó «la Pijamada» para impedir que Patricia Benavides retome su cargo de fiscal de la Nación. En declaraciones a la prensa, Gutiérrez ha expresado su apoyo a Patricia Benavides. «Ante la crisis institucional, la Defensoría del Pueblo exhorta para que la JFS ejecute la resolución de la JNJ, y no llegue la sangre al río