El Poder Judicial decidió declarar infundado el pedido de variación de la medida de prisión preventiva que el expresidente Pedro Castillo recibió el 9 de marzo del año pasado. Con este fallo, Castillo tendrá que cumplir los 36 meses de prisión preventiva en el Penal de Barbadillo, en Ate.
Castillo cumple esta medida como parte de las investigaciones Petroperú, Puente Tarata y la repartición de cargos en el Ministerio de Vivienda, por los que se le acusa de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en perjuicio del Estado.
A pesar de que la defensa del exmandatario argumentó que este no ha tenido empresas ni organizaciones criminales, la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley fue de mantener la prisión preventiva. El 17 de octubre, el magistrado también resolvió que se mantenga vigente la medida de prisión preventiva contra el expresidente por su intento de golpe de Estado en 2022.
Checkley explicó que la vigencia de la prisión preventiva se justifica como necesaria por el elevado riesgo de fuga u obstaculización.
