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Magistrado del TC César Ochoa: «Hay que rechazar la politización de la justicia».

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El magistrado del Tribunal Constitucional César Ochoa llamó la atención del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público para rechazar la politización de la Justicia y la judicialización de la política (Lawfare): “Hay que evitar el lawfare; es decir, utilizar procesos constitucionales o judiciales para inhabilitar al adversario político”, enfatizo, aunque prefirió evitar responder si en el Perú ya se vive este mecanismo del ámbito legal. 

Considerando el mamarracho de acusación que presentó apuradamente el Fiscal José Domingo Pérez, contra Keiko Fujimori en el Caso Cócteles, en plena campaña electoral del 2016, favoreciendo a Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Para mayor prueba el asesor principal del entonces Fiscal De la Nación Pablo Sánchez, Jaime Villanueva ha declarado en sede fiscal que cambiaron al fiscal encargado del caso, buscando un fiscal “suficientemente loco” y que era dirigido por el director de IDL Reporteros Gustavo Gorriti, quién fue asesor de campaña de PPK el 2016. Además de realizar coworking con las oficinas de Pérez con la jefa de Redacción de IDL Reporteros Romina Mella, quién despachaba en línea con las oficinas del ministerio Público.

Investigación que se encuentra pasmada, hasta ahora, en la gestión de la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, ¿Hasta cuándo? Hasta que la JNJ le llamé la atención a la fiscalía que en lugar de aplicar Ley del Embudo para los amigos de su entorno de la fiscal Espinoza aplique el Código Penal con esta denuncia de Villanueva.

Para el magistrado Ochoa, este fenómeno, conocido también como guerra jurídica, debe ser evitado en el Perú y en cualquier parte del mundo. “Se dice que ha pasado en Brasil —en posible referencia a Luiz Ignácio da Silva “Lula”, actualmente presidente de Brasil— y en otros países”, explicó.

Otro tanto sucedió con el Caso Lavajato, que a diferencia del Brasil, se priorizó la investigación a los partidos políticos por aportes a la campaña electoral que a la corrupción perpetrada por el Club de la Construcción, donde todos las empresas han conseguido acuerdos de colaboración eficaz sin aportar nada, ninguna prueba contra otros funcionarios gracias a los estudios jurídicos cercanos a la caviarada, que en el pasado apoyaban a la fiscalía que hoy se bate en retirada por los papelones que protagonizó con el Acuerdo con Odebrecht y el Caso Cócteles.

También aclaró en RPP: “No se puede decir que el Tribunal Constitucional complace al Congreso”, en rechazo a los cuestionamientos del sector caviar que ha manipulado el PJ los últimos 20 años, iniciando su copamiento con el CERIAJUS y antes con el convenio con la Comisión Andina de Juristas de Diego García Sayán y el PJ en el gobierno de Alberto Fujimori.

En el programa Prueba de fuego, le recordó a Carlos Villarreal que, en octubre pasado, el pleno del TC no acogió la demanda competencial del Congreso contra el PJ porque falló a favor del PJ que en la sala que preside “el activista jurídico” el juez superior Oswaldo Ordoñez, emitió fallos a favor de la longeva expresidenta del JNJ (por encima del límite de edad de 75 años) Inés Tello, para que pueda remover a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

“¿A quién le dimos la razón? Se preguntó Ochoa Cardich: ¿Somos un apéndice del Congreso?” recordando además que el TC anuló en noviembre de 2022 una “imputación” hecha al entonces presidente de la República, Pedro Castillo, por un grupo de enajenados de una supuesta traición a la patria, por haber ofrecido el acceso al mar a Bolivia cuando era candidato. El TC n declarado fundado un habeas corpus interpuesto por la defensa legal del actual exmandatario contra el informe final que admitía la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

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