Como era de esperarse, el fiscal José Domingo Pérez, en sus minutos de descuento antes de su suspensión remitió a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, un informe lapidario de 131 páginas donde analiza las acusaciones de lavado de activos contra el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, que no pudo concretar en una acusación sólida, como prueban dos sentencias del Tribunal Constitucional y dos sentencias del Poder Judicial: de la Sala Penal Corte Penal de la Corte Suprema y la Corte Penal de Apelaciones de la Corte Superior, que desestimaron y anularon su requerimiento acusatorio, rebajándolo a nivel de estropajo.

El documento fue entregado a la fiscal suprema Delia Espinoza para su evaluación.

De acuerdo con el informe del fiscal suspendido Pérez, al cual accedió Perú21, se habrían identificado aportes no declarados a las campañas electorales de Fuerza Popular en el 2011 y en el 2016. La Fiscal de la Nación habría solicitado el manido informe como parte de la investigación que aperturó de una denuncia de una ciudadana (¿del colectivo No a Keiko?) que plantea la posible ilegalidad del partido por presuntas conductas contrarias a la normativa sobre organizaciones políticas, en pleno año electoral.

El fiscal, suspendido el 7 de abril por la Autoridad Nacional de Control (ANC), que cuenta con una medida cautelar de la Corte Interamericana, de clara tendencia caviar, ha presentado una denuncia contra el titular del organismo, Juan Antonio Fernández Jerí, por haberle impedido el acceso a su despacho por su suspensión, que se inició en un proceso disciplinario iniciado por la ANC debido a su actuación en la investigación irregular contra el abogado Arsenio Oré Guardia, según el Tribunal Constitucional, a quien vinculó con un presunto delito de obstrucción a la justicia en el caso Lava Jato.

Curiosamente, el fiscal Pérez fue acusado de plagio al jurista Arsenio Oré (y al juez Ramiro Salinas Siccha) en su tesis de Magister de Derecho Constitucional ante la Universidad Católica Santa María de Arequipa, pero, rápidamente, la universidad le otorgó un certificado de originalidad. Curiosamente, la hermana del fiscal, Aymé es directora del Centro de Información y Bibliotecas de esta universidad arequipeña («El nuevo protegido». Expreso 23/3/25). Todo quedó en casa.