Por Hugo Chávez Arévalo
Mientras los reportes oficiales celebran una inflación general aparentemente controlada por debajo del 5%, en los mercados de abastos, cocinas populares y paraderos de Lima y regiones se vive una realidad muy distinta. Para las familias de los sectores socioeconómicos C, D y E —cuyo presupuesto se va en más de un 75% en alimentos, pasajes, energía doméstica y alquileres— la inflación real golpea con fuerza. El motor silencioso de este encarecimiento no es solo el precio del petróleo crudo, sino una distorsión estructural en el mercado global de los refinados y el GLP, sumada a un modelo de precios local que traslada todo el costo al ciudadano de a pie.
El verdadero culpable: la crisis global de refinación (crack spread)
Durante años se asumió que el precio en los grifos dependía exclusivamente de cuánto costaba el barril de petróleo crudo. Sin embargo, el mercado energético de 2026 demostró que el verdadero cuello de botella está en la falta de refinerías.
Mientras el barril de crudo retrocedió hacia la franja de los US$ 88 a US$ 96, el barril de diésel refinado llegó a dispararse hasta los US$ 193 y US$ 210. Esta diferencia entre el crudo y el producto refinado —conocida técnicamente como crack spread— superó los US$ 100 por barril debido a la caída histórica de inventarios en Estados Unidos, las restricciones de exportación en Europa del Este y las tensiones en Medio Oriente. En términos simples: en el mundo sobra crudo relativo, pero faltan plantas capaces de convertirlo en diésel.
El doble golpe del GLP: un producto nacional a precio internacional
A la escalada del diésel se suma el disparo del Gas Licuado de Petróleo (GLP), tanto en su versión vehicular como en el balón doméstico de 10 kilos, que en noviembre de 2026 trepó hasta los S/ 60 en Lima y superó los S/ 70 en regiones como Arequipa.
El caso del GLP encierra una doble paradoja técnica:
- Dependencia de precios de paridad siendo productores: Más del 70% del GLP que consume el Perú se produce localmente a partir de los líquidos del gas natural de Camisea (en la planta de fraccionamiento de Pisco). Sin embargo, el mecanismo de fijación de precios ata el producto nacional a la cotización internacional de Mont Belvieu (Texas) más costos ficticios de importación y flete.
- Golpe directo a la cocina y al transporte liviano: Cuando sube el GLP envasado, el impacto es inmediato en la preparación de alimentos de millones de hogares urbanos y rurales, así como en los comedores populares y pequeños negocios de comida. A su vez, el alza del GLP vehicular encarece los taxis y colectivos que alimentan el transporte de los barrios periféricos.
La paradoja peruana: Petroperú gana, el consumidor pierde
Este fenómeno explica por qué Petroperú logró revertir sus pérdidas y reportar utilidades netas por US$ 144,9 millones al tercer trimestre de 2026, impulsada por la Nueva Refinería de Talara. Al comprar crudo más barato y vender diésel a precios internacionales récord, la refinación se convirtió en el negocio más rentable del sector.
Sin embargo, aquí surge una profunda contradicción para el país. Aunque el Perú cuenta con una refinería moderna capaz de procesar crudo localmente y con producción propia de GLP en Pisco, el esquema regulatorio de paridad de importación obliga a vender ambos combustibles en el mercado interno a los precios internacionales más altos. De este modo, el consumidor peruano termina pagando el sobreprecio de una crisis mundial de refinerías y logística externa como si todo el combustible se importara terminado, transfiriendo riqueza desde el bolsillo de las familias vulnerables hacia los márgenes extraordinarios de los productores, refinadores e importadores.
Radiografía de la distorsión: costo real vs. precio al consumidor

Medidas insuficientes y el «impuesto a los pobres»
Frente a esta escalada, las respuestas del Estado han sido parches de corto alcance. Entregar subsidios temporales de unos cuantos soles por galón únicamente a transportistas formales deja fuera a más del 70% del transporte público y de carga del país, que opera en la informalidad o sin rutas concesionadas. Asimismo, los aumentos transitorios al vale FISE apenas cubren a un segmento acotado de familias, dejando desprotegida a la clase media baja y a los trabajadores independientes. Al final, el alza simultánea del diésel y el GLP se convierte en un impuesto regresivo que devora el poder adquisitivo de quienes menos tienen.
Siete soluciones técnicas para enfrentar la crisis del diésel y el GLP en el Perú
Superar esta crisis exige dejar de aplicar medidas cosméticas y corregir las distorsiones de fondo en la formación de precios, la estabilización fiscal y la seguridad energética:
- Un Fondo de Estabilización (FEPC) real, autofinanciado y exclusivo para el diésel y el GLP
El Perú necesita reactivar y rediseñar técnicamente el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), enfocándolo estrictamente en los dos combustibles de mayor impacto social: el diésel de uso vehicular/carga y el GLP (envasado y granel). A diferencia de experiencias pasadas donde el fondo acumuló deudas impagables por mantener bandas rígidas durante años, este nuevo fondo debe operar bajo reglas de estabilización simétrica:
- Amortiguación en picos: Cuando el precio internacional supere una banda techo crítica, el fondo cubre la diferencia para evitar que el balón de gas pase de un umbral socialmente tolerable (por ejemplo, S/ 45) y que el diésel traslade choques inflacionarios a los fletes.
- Recuperación automática en caídas: Cuando el precio internacional baje por debajo de la banda piso, la diferencia no baja de golpe en el grifo, sino que ingresa al fondo para repagar lo subsidiado y reconstituir reservas sin quebrar la caja fiscal. Además, debe saldarse con transparencia la deuda histórica con los operadores para garantizar su liquidez inmediata.
2. Desacoplar el GLP producido en Camisea de la paridad de importación
Si más de dos tercios del GLP se extrae y fracciona en el Perú (Pisco), resulta técnicamente injustificable cobrarle al consumidor peruano el flete marítimo y los seguros de traer gas desde Estados Unidos. Se debe establecer una canasta ponderada de precios que reconozca el costo real de producción nacional del GLP de Camisea (con una rentabilidad regulada razonable) y aplique la paridad de importación únicamente al porcentaje marginal que realmente se importa.
3. Usar a Petroperú como regulador natural de precios mediante costos reales
En lugar de vender el diésel refinado en Talara bajo una estricta paridad de importación inflada por la crisis externa, el Estado debe establecer una banda mayorista basada en el costo real de refinación local más un margen de sostenibilidad financiera. Si Petroperú tiene hoy márgenes extraordinarios gracias al crack spread, parte de ese excedente debe servir para amortiguar el precio mayorista interno y obligar por competencia a que los importadores privados reduzcan sus precios.
4. Compras directas de diésel y crudo de Gobierno a Gobierno
Para eliminar los sobreprecios de los traders e intermediarios especulativos, el Estado debe ejecutar acuerdos directos de Gobierno a Gobierno tanto para importar petróleo crudo pesado (para procesarlo en Talara) como para adquirir diésel terminado y GLP en bloques de volumen. Al centralizar estas compras directas a través de Petroperú y aumentar su participación en la oferta mayorista del país, la empresa estatal recupera capacidad real para abastecer el mercado a menor costo y empujar los precios hacia la baja frente a los importadores privados.
5. Reforma tributaria temporal y flexible sobre los combustibles
Mantener impuestos fijos y porcentuales (ISC, IGV e impuesto al rodaje) sobre un combustible que ya duplicó su valor internacional multiplica artificialmente el precio final. Se requiere un gatillo tributario automático: cuando el precio internacional del diésel supere un umbral crítico, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) debe reducirse a cero de manera automática, compensando la menor recaudación con los mayores ingresos fiscales extraordinarios que genera el propio encarecimiento de las materias primas.
6. Fiscalización efectiva contra la asimetría de precios en grifos y plantas envasadoras
Osinergmin debe contar con facultades sancionadoras frente a la llamada «ley del embudo» en la comercialización minorista: cuando el precio internacional sube, los grifos y locales de venta suben el galón o el balón en horas; cuando baja, demoran semanas. Exigir trazabilidad digital de inventarios y publicar en tiempo real los márgenes de comercialización por planta envasadora y cadena de grifos permitiría frenar la concertación y especulación local.
7. Proteger la soberanía operativa de Talara y masificar el GNV
En un escenario mundial donde la capacidad de refinación es el activo más escaso y valioso de la industria petrolera, entregar la operación de Talara a un operador privado implicaría ceder la principal herramienta de seguridad energética del país. Paralelamente, el Estado debe ejecutar un programa agresivo de reconversión al Gas Natural Vehicular (GNV) para el transporte de carga y pasajeros, y ampliar las redes de gas natural domiciliario en regiones para reemplazar definitivamente la dependencia del balón de GLP.



