El juez de distrito estadounidense Lewis Liman accedió el martes a la petición

La Municipalidad Metropolitana de Lima consiguió acceso a más información en su larga disputa con el fondo canadiense Brookfield Asset Management por el contrato de concesión de casetas de peaje en la capital del Perú.

El juez de distrito estadounidense Lewis Liman accedió el martes a la petición de Municipalidad de Lima de exigir una amplia gama de documentos internos y comunicaciones de Brookfield relacionados con su compra en 2016 de una participación mayoritaria en Rutas de Lima, que opera (u operaba, porque han sido suspendidas) las autopistas de peaje en la Panamericana Sur, Panamericana Norte y Autopista Ramiro Prialé. El fallo también se aplica a los bancos y asesores vinculados a la operación.

La resolución favorece al exalcalde Rafael López Aliaga, hoy candidato presidencial, para averiguar más sobre las circunstancias que rodearon la compra del 57% de las acciones de Rutas de Lima por US$ 430 millones, por parte de Brookfield a Odebrecht, que si bien ha admitido haber cometido sobornos en toda América Latina, siempre ha negado haberlo hecho en ese proyecto. Odebrecht se quedó con el 25% de las acciones y el fondo Sigma compró el 18% restante.

En la guerra entre la Municipalidad de López Aliaga contra Brookfield, la capital de Perú ha perdido un combate tras otro. Rutas de Lima ganó US$ 200 millones en un arbitraje internacional, que López Aliaga se ha negado a pagar. Brookfield también ha demandado a Perú a un arbitraje en busca de US$ 2,700 millones por daños y perjuicios.

El nuevo fallo “cambia fundamentalmente el cálculo” en la disputa con Brookfield, dijo Martin De Luca, abogado de la Municipalidad de Lima, en comentarios enviados por correo electrónico a Bloomberg. Permite al país construir un registro de hechos que no existía cuando Odebrecht entró en un acuerdo de culpabilidad relacionado con las acusaciones de soborno en 2016, dijo.

Brookfield está al tanto del fallo y lo cumplirá, según Bloomberg y gran parte de la documentación solicitada ya ha sido proporcionada.

El mes pasado, Brookfield optó por iniciar la liquidación de Rutas de Lima n de la filial de autopistas de peaje debido a unas pérdidas insostenibles que la empresa achaca a las autoridades locales. Brookfield ha dicho que seguirá operando la carretera hasta que se complete su liquidación.

López Aliaga, que hizo campaña prometiendo destruir el proyecto, dijo que la medida era motivo de celebración. 

En un mensaje distribuido por WhatsApp, Wilber Medina, abogado de la Municipalidad de Lima, señala: «La orden permite emitir citaciones contra Brookfield Asset Management, Scotiabank, varios bancos internacionales, KPMG, el sistema CHIPS (el principal sistema de compensación interbancaria de EE.UU.) y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esto dará acceso a datos de transferencias bancarias, rutas de compensación, movimientos de capital, flujos de inversión y cualquier registro financiero asociado al período 2013–2016 cuando Odebrecht operaba su sistema de “Operaciones Estructuradas” y Brookfield compró su participación en Rutas de Lima. En términos simples, por primera vez la MML tendrá un mapa real del flujo del dinero… tiene implicancias enormes para el arbitraje de $ 2.7 billones de dólares que Brookfield impulsa. Ese reclamo se sostiene sobre la premisa de que el contrato de Rutas es “limpio” y protegido por derecho internacional. Si el discovery revela información financiera incompatible con esa narrativa, se derrumba la base jurisdiccional del reclamo. En arbitraje de inversiones, la norma es firme, las concesiones corruptas no reciben protección de tratados. La decisión nos da, probablemente, el instrumento probatorio más potente para desactivar ese arbitraje».