Las inversiones mineras y las transferencias de recursos son fundamentales para la economía, pero no generan bienestar ni desarrollo territorial por sí solas. En América Latina y el Caribe se han identificado 338 iniciativas mineras con una inversión potencial inicial que supera los 329 mil millones de dólares, donde el 83% se concentra entre Chile, Argentina y Perú. Frente a este escenario global que exige estándares cada vez más rigurosos, la competitividad del sector minero-energético depende hoy de un enfoque integral que contemple la infraestructura, el talento local, la energía, la geopolítica y la tecnología de manera interdependiente.
A pesar del importante potencial económico del sector, la ejecución y transformación de estos recursos en mejoras concretas para las comunidades sigue siendo el reto principal en el país. Muestra de ello es que en el año 2025 el Perú registró S/ 10,045 millones en transferencias mineras, mientras que al cierre de octubre de 2026 la cifra acumulada alcanzó los S/ 13,223 millones. Estos recursos económicos reafirman que la riqueza mineral se encuentra disponible en las regiones, pero el desarrollo equitativo y duradero se debe construir mediante un trabajo articulado.
Así lo señaló Mario Huapaya Nava, CEO de Andean Link Engagemen, en el marco del encuentro internacional RESMINE 2026. Durante la conferencia magistral titulada «Inversiones mineras sostenibles: Retos y oportunidades para el desarrollo del sector», el especialista abordó la paradoja peruana entre la abundancia de recursos y los desafíos de bienestar territorial, destacando que la buena gobernanza conecta la sostenibilidad operacional con el verdadero valor territorial.
En esa línea, sostuvo que la gobernanza colaborativa no solo contribuye a reducir riesgos en la operación, sino que crea un valor sostenible al fortalecer instituciones, generar oportunidades y generar confianza duradera.
Para convertir de forma efectiva la inversión en progreso real, se requiere impulsar tres mecanismos clave: el fortalecimiento de las capacidades institucionales en planificación y ejecución pública; el establecimiento de prioridades compartidas a través de plataformas multiactor con responsabilidades claras; y la promoción de economías locales competitivas que generen empleo, promuevan proveedores locales e impulsen la innovación. En ese proceso, cooperar va más allá de mantener reuniones habituales, pues el objetivo central debe ser la edificación de resultados tangibles y consensuados para las poblaciones.
Finalmente, las empresas mineras deben asumir el compromiso de llevar la gobernanza directamente a la toma de decisiones estratégicas, fortaleciendo la capacidad de acción para pasar de los diagnósticos a los resultados medibles. La incorporación de la inclusión y la colaboración efectiva entre las empresas, el Estado y las comunidades permitirá integrar a todos los actores del entorno. Con esta visión, el sector minero refuerza la premisa de que no existe sostenibilidad sin desarrollo, ni desarrollo sin sostenibilidad.
