La resolución adoptada por el gobierno de retirar las condecoraciones de la Orden “El Sol del Perú”, y “Al Mérito por Servicios Distinguidos”, al ex ministro de Relaciones Exteriores Oscar de la Puente Raygada, puede ser hasta cierto punto entendible debido a su participación como canciller del prófugo Alberto Fujimori. Pero ello no implica que sea correcto que en el caso de la investigación por el cese de los 117 diplomáticos en 1992, la actual administración de Allan Wagner no sancione a los verdaderos responsables, y prefiera irse por la tangente.
Ello, debido a que desde siempre ha sido conocido que De la Puente Raygada, nunca fue experto en temas de la Cancillería, por contrario, es un neófito en esta materia. Por lo tanto, la mayor responsabilidad en este caso se traslada a los altos funcionarios de carrera del sector.
Sin embargo, las sanciones decididas por Wagner de destituir al embajador Roberto Villarán (quien se encontraba en situación de retiro), y suspender por treinta días a los embajadores Jaime Stiglich y Alejandro León Pazos han generado diversas reacciones, siendo consideradas benignas pues se había excluido a otros personajes que habrían participado en hechos irregulares.
Algunos consideran que estos dos últimos, si bien en esa época eran diplomáticos de carrera, no tenían mayor peso en la alta dirección de la Cancillería. Sin embargo, en el caso de otros altos funcionarios como los embajadores Hugo Palma, Alfonso de Rivero, Eduardo Ponce, y Jorge Valdés, que tuvieron una importante participación en estas irregularidades, y en el caso de los dos primeros, ocupaban altos cargos en RREE, se declaró la improcedencia para la apertura de proceso administrativo.
¿Por qué no los tocan? Lo que se sabe es que Palma es miembro del Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), y que De Rivero es integrante de la Promoción del canciller Wagner.
