El ejército israelí arrasa decenas de aldeas para alejar a Hezbolá en un proyecto que los expertos denuncian como desproporcionado y contrario al derecho internacional

El ejército israelí ha ensayado varios nombres para referirse a los territorios que ocupa en el sur de Líbano: “línea de defensa avanzada”, “zona de seguridad”. Finalmente ha dado con el más revelador sobre sus intenciones allí: “Línea Amarilla”. Como en Gaza, designa una divisoria —en teoría, temporal— que separa el 52% de la Franja bajo su control, convertida ya en un territorio despoblado y en ruinas, del 48% restante, en manos de Hamás. Es el proyecto en el que el Gobierno de Benjamín Netanyahu se ha embarcado para mantener a Hezbolá lejos de su frontera. Una suerte de reedición de fallidas experiencias pasadas (el mapa se asemeja al del 6% del país que ocupó durante 15 años, hasta su retirada en 2000), pero en versión limpieza étnica y en medio —al menos sobre el papel— de una tregua recién prorrogada tres semanas.

Las tropas israelíes han desplegado allí decenas de miles de soldados y fuerzas navales, pero no en toda la zona. El ejército mantiene vigilado el resto, con capacidad de bombardearlo. El ministro de Defensa, Israel Katz, admite abiertamente que el objetivo es borrar las aldeas fronterizas de la faz de la tierra, demoliendo también “todas las casas”, para no dejar nada en pie donde puedan esconderse milicianos de Hezbolá. Seguirán, dijo textualmente, el modelo de Beit Hanún y Rafah, en Gaza, donde el ejército dejó en ruinas el 90% de las casas.

Más allá de una primera línea de aldeas fronterizas, que Israel ya dejó por los suelos en 2024 —principalmente, tras la firma de una tregua que, como la actual, anuló la oposición de Hezbolá—, la nueva Línea Amarilla impide el retorno de los libaneses a 55 municipios meridionales, donde sus habitantes se ven obligados a observar desde la distancia el fuego que engulle sus hogares y su historia.

Esas acciones, señala Ben Saul, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, son “manifiestamente desproporcionadas” e ilegales. “El desplazamiento forzoso y arbitrario de civiles es un crimen de guerra, como lo es también la destrucción masiva de propiedad civil sin que lo justifique una necesidad militar”, señala por teléfono a EL PAÍS desde Sídney, Australia.

La víspera del inicio de la tregua, Saul y otros expertos de la ONU firmaron un comunicado en el que denunciaban operaciones que “apuntan a una limpieza étnica” en partes del sur de Líbano de mayoría chií, donde Hezbolá obtiene apoyo. “Es una repetición de lo que sucede en Gaza”, alerta el experto a este diario. “La escala de devastación, que es innecesaria, y la incapacidad de una gran cantidad de residentes de regresar apuntan potencialmente hacia crímenes de guerra”, concluye.

Empresas que cobran por edificio derribado

El Ejecutivo de Netanyahu persigue tal destrucción que, como hizo en Gaza, ha contratado empresas privadas para echar abajo a toda prisa infraestructuras, como casas y escuelas, con explosiones controladas. Cobran por edificio derribado. El ejército traslada incluso equipamiento pesado desde la Franja.

La falta de acceso dificulta un registro en vivo. El Consejo Nacional de Investigación Científica de Líbano, un organismo público, declaró a la agencia AFP que Israel destruyó o dañó 500 viviendas en los primeros tres días de la tregua, iniciada el viernes 17. Antes, desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí había alcanzado 50.000 viviendas en un país de cinco millones de residentes, donde más de un millón se encuentran forzosamente desplazados.

Imágenes satelitales obtenidas por la cadena estadounidense CNN muestran excavadoras y bulldozers operando este miércoles en Jiam, un municipio a cinco kilómetros de la frontera totalmente arrasado. Como Qantara, Beit Lif o Bint Jbeil, donde la devastación general todavía no había llegado.

Saqueos generalizados

El diario israelí Haaretz ha desvelado que los soldados están robando allí de manera generalizada motocicletas, televisores, cuadros, sofás o alfombras en hogares y negocios. Los mandos son conscientes del fenómeno, pero no toman medidas disciplinarias, según testimonios militares recabados por el rotativo. “¿Qué más da, si va a acabar destruido igual?”, resume uno de ellos. El fenómeno también se ha dado en Gaza, según testimonios previos.

Hace una semana, el ejército israelí dio acceso a la zona a los corresponsales militares de los medios nacionales. Sus informaciones hablan de un proceso de “destrucción sistemática” de la veintena de aldeas libanesas más cercanas a la divisoria internacionalmente reconocida y vigilada por cascos azules (Israel y Líbano carecen de relaciones diplomáticas y de frontera acordada).

El ejército advierte que quien se acerque a las aldeas en el interior de la Línea Amarilla se juega la vida. En algunas, porque las tropas las ocupan directamente; en otras, porque abren fuego desde la distancia. El ministro israelí de Defensa deja claro que el regreso a lo que quede en pie solo será posible cuando los habitantes del norte de Israel vean su “plena seguridad” garantizada.

La fórmula es tan vaga que abre la puerta a una ocupación permanente, aunque Hezbolá haya lanzado la mayoría de sus proyectiles en esta guerra desde el norte del río Litani, a kilómetros de distancia de la nueva “zona de seguridad”.

Mohanad Hage Ali, vicedirector de Investigación del centro de análisis Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, defiende que el objetivo del Gobierno israelí con esta política de despoblación es “evitar negociar con Líbano el futuro de las áreas en la zona de seguridad”, dentro del proceso de diálogo impulsado por Washington que vivió este jueves su segunda reunión.

A Saul, la táctica de “tierra quemada” que Israel aplica en Gaza y en Líbano le recuerda a las guerras coloniales de los británicos en Sudáfrica o de los EE UU y Francia en Indochina, además del conflicto reciente en Sudán. El experto señala el apoyo militar y financiero con el que la Casa Blanca posibilita esas ofensivas. Pero también el diplomático, “blindando” a Israel mediante el Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo que “debería estar haciendo su trabajo e impedir la violación israelí de la integridad territorial libanesa”.

Control demográfico y energético

La nueva “Línea Amarilla” libanesa —que, a diferencia de Gaza, la tregua no mencionaba— va del Mediterráneo a la frontera con Siria, según el mapa que difundió el ejército israelí hace una semana. No sigue una línea recta, sino que bascula entre los cuatro y los ocho kilómetros de profundidad en función de su orografía, valor estratégico o composición demográfica: las aldeas son mayoritariamente chiíes (donde Hezbolá tiene seguidores), pero hay también cristianas (como Debel, ahora famosa por la foto que captaba cómo un soldado israelí destruía una estatua de Jesucristo), suníes, drusas o incluso mixtas.

La excepción en el plan de despoblación son las aldeas cristianas, como Rmeish, Debel o Ain Ebel. Es la religión de Michel Issa, el embajador de Estados Unidos en Líbano —que pidió que quedasen al margen— y de las milicias que se aliaron con Israel durante la guerra civil libanesa y la ocupación de los años ochenta y noventa.

Las autoridades se esfuerzan ahora en rebautizar aquella vieja ‘zona de seguridad’ para evitar estigmas, ya que todos los israelíes recuerdan que esa área acabó convertida en un lodazal donde, durante la ocupación de los ochenta y noventa, 675 soldados regresaron en ataúdes. También conciben esa zona como un espacio “estéril” (uno de los eufemismos militares israelíes) con poca presencia estática de soldados que puedan convertirse en blanco de Hezbolá.

El ejército israelí, que ya mantenía desde 2024 cinco posiciones en el sur de Líbano (en vulneración del acuerdo de alto el fuego, que exigía su “retirada completa”), ha levantado otras diez desde marzo. La idea, sin embargo, es controlar el devastado espacio sobre todo con inteligencia artificial y drones de vigilancia, según los corresponsales especializados en asuntos militares.

Otro elemento polémico es que la Línea Amarilla llega al Mediterráneo, donde Israel pasa a controlar plenamente el yacimiento de gas de Qana. Beirut tiene garantizados sus derechos de explotación en el importante acuerdo de demarcación de la frontera marítima que firmó en 2022, con Yair Lapid en el poder en Israel. Israel se quedaba ya en aquel pacto con la explotación de otro yacimiento, Karish.

El ministro de Finanzas, el ultranacionalista religioso Bezalel Smotrich (partidario de ocupar territorios vecinos para emular lo más posible el Gran Israel bíblico), defiende ir más allá. El río Litani, hasta a 30 kilómetros de la divisoria, “debe ser la nueva frontera” de Israel con Líbano.

Antonio Pita desde Jerusalén y Joan Cabasés Vega desde Beirut para ElPais.com 25/4/26