Desde el Faro
Por: Rafael Hidalgo
Sin mayores reflejos por parte del gabinete que encabeza el primer ministro Luis Galarreta, se han venido multiplicando las protestas regionales por el incremento desmesurado del precio de los combustibles en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna, debido a la “disparada” del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales (US$ 81, 16/8/2026), a raíz de la crisis provocada por el “cierre del estrecho de Ormuz”.
Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en el Gobierno, que —a despecho de las expectativas que ha generado— viene caminando al ritmo de “Billie Jean” (moonwalk), en el que se avanza con lentitud y se retrocede, como lo demuestra el haber revivido los subsidios, que han merecido las críticas del libro Perú: el desarrollo esquivo, de Elmer Cuba. Curiosamente, el exministro de Economía David Tuesta renunció hace algunos años por negarse a aprobar un subsidio similar (5/6/2018).
Al gabinete de estrellas lo tomaron por sorpresa las protestas, siendo las más virulentas las de Pucallpa, donde se sumaron miles de mototaxistas y transportistas fluviales, que no solo se limitaron a bloquear la carretera Federico Basadre, sino que protagonizaron conatos de saqueo en los grifos, por haber elevado el precio del galón de diésel de S/ 16 a S/ 28 y el de la gasolina regular de S/ 16 a S/ 22 (11/8/2026).
En su primer mensaje a la Nación, Keiko Fujimori, escoltada por el “fantasmal” premier Luis Galarreta, el ministro de Economía, Elmer Cuba, y el ministro de Energía, Guillermo Shinno, anunció: “Un subsidio del 20 % para los transportistas de carga y pasajeros”.
El ministro Cuba, con rostro compungido, aclaró que, a diferencia de los subsidios del pasado, serán “subsidios focalizados” de S/ 4 por galón. El primer subsidio para los transportistas salió de inmediato (DU 007-26), mientras que el subsidio al transporte fluvial, a los “peque-peques” y a los mototaxistas (100 mil) demoraría las tres semanas que tome establecer un registro.
Sucede que, ante la inoperancia de Petroperú —que, al parecer, va a agravarse con el nombramiento de un directorio privatizador que preside el procesador aurífero Oliver Stark (La Joya Mining)—, en la selva reina la especulación. Si bien, por la Ley de la Amazonía (Ley 27037), las plantas facturan el combustible sin IGV, los intermediarios e importadores, al no poder trasladar el impuesto al público, lo incorporan al precio, lo que anula el beneficio del ahorro tributario. En el pasado, cuando Petroperú abastecía a la selva con normalidad, tenía que postrarse de rodillas para que el MEF le devolviera el IGV “tarde o nunca”.
La Amazonía, según Osinergmin, consume cerca de dos millones de galones diarios. Diego Díaz, socio de Macroconsult, acota: “Si el subsidio se aplica a todos los conductores que van a los grifos a comprar diésel, el Gobierno tendría que desembolsar S/ 20 millones al día (S/ 1.800 millones por tres meses)”.
Otro salvavidas que anuncia el ministro Cuba es el retorno del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una banda de precios que se alimentaría de recursos fiscales para evitar que las empresas eleven el precio de los combustibles cuando el precio internacional suba y, viceversa, que lo reduzcan cuando este baje. Si bien ha funcionado en las refinerías y plantas mayoristas de la costa, tiene limitaciones en la selva por las dificultades logísticas.
En todo caso, la presidenta de Hidrocarburos de la SNMPE, María Julia Aybar, ha puesto los puntos sobre las íes: “El fondo no está funcionando porque el Estado tiene una deuda muy grande con las empresas (S/ 990 millones)… En promedio, es un subsidio bastante alto… hemos llegado a casi S/ 18.000 millones”.
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