En la mañana del jueves 30, José Domingo Pérez Gómez en el papel de abogado de si mismo, se presentó en audiencia ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, para solicitar que Alcides Chinchay, el Fiscal Supremo Adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos (2FST), archive o formalice la investigación preparatoria del caso abierto en su contra por las confesiones del filosofo Jaime Villanueva, su examigo íntimo, que fue asesor de los fiscales de la Nación, Pablo Sánchez y Patricia Villanueva, al haberse cumplido ocho meses que es el plazo de las investigaciones consideradas complejas.

Villanueva fue el testigo clave para la remoción de Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación.

El Fiscal Alcides Chinchay viene investigando y corroborando estas candentes revelaciones desde el 13 de febrero del 2024 (Carpeta 1228-2023) hasta el 27 de noviembre del 2024, en que se venció el plazo de ocho meses, por el delito de Cohecho Específico Agravado de cuatro hechos diferenciados que involucran al propio Pérez, al fiscal Superior Rafael Vela Barba, a Gustavo Gorriti Ellenbogen, director de IDL-Reporteros , a Rocío Janet Talavera Tello, asesora de Comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Oscar Nieves Vela, exconsejero legal de Dina Boluarte., se apure en archivar la investigación preliminar porque se habían cumplido el plazo de ocho meses (27/11/24) por tratarse de un caso complejo o de lo contrario que se formalice el paso a investigación preparatoria.

Lo paradójico del apuro del fiscal Pérez Gómez es que justamente ha sido uno de los fiscales que más se ha valido de endilgar a tutti cuanti, -menos a Susana Villarán y otros caviares- el manido delito de organización criminal para contar con un plazo de investigación fiscal que en algunos casos supera los siete años (tres años de investigación preliminar y el resto de investigación preparatoria), como por ejemplo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al que sumó la secretaria y el chofer, a los cuáles pidió y consiguió extenderles el prolongado plazo de investigación.

En la audiencia, el fiscal Felipe Zapata de la 2SFT reveló que la investigación se había entrampado (16/11/24) porque Pérez antes de que se venza el plazo de investigación (27/11/24) solicitó y consiguió que el voluminoso expediente (36 TOMOS, 57 TOMOS DE ANEXOS y 36 CUADERNOS) cambiará de fiscalía y de competencia hacia la Primera Fiscalía Suprema Transitoria (1FST) para adjuntarlos a la investigación de la exFiscal de la Nación Patricia Benavides, que nada tenía que ver, que fue dispuesto por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza (Resolución No.26), lo que acarreó que se derive el expediente, y, recién el 20 de Enero del 2025, la 1PFT declaró que la competencia regresaba a la 2SFT que despacha Alcides Chinchay es competente para esta investigación. Un viaje de ida y vuelta de 50 días.

Dicho de otra manera 50 días perdidos por la consentida mañosería de Pérez, a la que se suma la complacencia de la Fiscal de la Nación, que el juez supremo Checkley, debe evaluar, para otorgar un plazo suficiente para que la 2SFT, pueda analizar los cuantiosos hechos revelados por Villanueva. Un apuro, como le consta a Pérez en el Caso Cócteles, sólo abona en favor de los procesados y en contra de conocer la verdad. Los hechos son, de un calibre tal ,que merecen una exhaustiva investigación:

-Que el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez le encargó a Villanueva que buscará un fiscal «suficientemente loco» para el Caso Cócteles (Keiko), ante lo cuál escogieron al fiscal Pérez (4/9/2017), que preliminarmente pidió conservar el bono de fiscal Anticorrupción, que como prueba de su excentricidad allanó el local del partido Fuerza Popular (13/12/17).

-Que el Fiscal Pérez festejó con su esposa en la casa de Villanueva la primera prisión preventiva de Keiko (31/10/18), libando ese fin de semana cinco botellas de vino (4/11/18). Con foto incluida.

-Que el fiscal Pérez, presentó a toda prisa la acusación fiscal del Caso Cócteles, el jueves 11 de marzo del 2021, un mes antes de la primera vuelta electoral (11/4/21), acortando siete meses la investigación preparatoria, con el fin de perjudicar la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Sin importarle mayormente la prolijidad del requerimiento acusatorio que por ese motivo fue corregido en 23 oportunidades por el juez de control, su paisano Víctor Zuñiga.

-Que Gustavo Gorriti era el que dirigía la investigación del Caso Lavajato. Que Pérez acudía a su domicilio. Que Romina Mella de IDL-Reporteros realizaba «coworking» en la oficina de Pérez con acceso en línea a las computadoras del ministerio Público, donde incluso organizó un evento por encargo del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Que el Fiscal Supremo Pablo Sánchez ordenó al fiscal Rodrigo Rurush suspender una diligencia en proceso en IDL, luego de una llamada a Sánchez a Gorriti (10/7/18). Que Gorriti amenazó al Fiscal Supremo Juan Villena «que no lo dejaría ser Fiscal de la Nación «, y cumplió porque eligieron a Espinoza.

-Que «cercaron» a Alan García, con la información que entregó Rafael Vela a Gorriti, como lo demuestra la publicación una noticia de la conferencia en IDL-Reporteros: Alan García y la Caja 2, para evitar la traducción y solicitar la detención preliminar (sin flagrancia).

-Que Gorriti celebró el suicido de Alan García con una botella de vino en las oficinas de IDL con Jaime Villanueva: «Brindemos porque Alan murió (16/5/19).

-Que Janet Talavera asesora del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, enviaba escritos en borrador sobre las elecciones del 2021 en consulta al fiscal Rafael Vela para evitar que gane Keiko Fujimori, cuyas conversaciones quedaron grabados en el teléfono celular de Talavera que fue incautado sorpresivamente en horas de la madrugada por el fiscal Reynaldo Abia por el Caso Chisac (8/1/22), cuyo deslacrado aún permanece en absoluto misterio.

-Que en el Caso «Dinámicos del Centro», primero a Pedro Castillo y luego a Dina Boluarte se les crearon carpetas adhoc, a cada uno, separándolos discrecionalmente de la investigación a Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre para permitirles el acceso a Palacio de Gobierno.

Otro intento fallido fue la frustrada recusación a Alcides Chinchay pedida por el abogado del IDL, Carlos Rivera.