Delia Espinoza, la Fiscal de la Nación, llevada de la mano de los fiscales caviares que pululan en su entorno desató una tormenta política tras conocerse que había iniciado investigaciones a dos partidos políticos: Fuerza Popular y País Para Todos, al día siguiente de la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. Mientras que la fiscal gozaba de la vista de los canales de Amsterdam.

La politización y caviarización del Ministerio Público no es una historia nueva. El fiscal José Domingo «El Protegido» Pérez (Expreso 23/3/25) acusó a Keiko Fujimori en plena campaña electoral en 2021 y sigue a cargo de varias investigaciones fiscales pese a acumular investigaciones preparatorias en su contra.

Tal fue la pateadura que recibió la Fiscalía, hasta desde las trincheras caviares como Transparencia, el penalista César Azabache que obligó a Zoraida Avalos y Víctor Cuba propagar un video informativo del fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel -que se encargará de la pesquisa- que en lugar de tranquilizar las aguas causa terror por los alcances de la desmesurada decisión.

La pesquisa, como informa el fiscal Pimentel, busca determinar si ambos grupos políticos han infringido las normas de la democracia y pueden ser declarados “ilegales”, a partir de la denuncia de dos personajes anónimos, que más parecen enviados de IDL y que, en el caso de Fuerza Popular, se fundamente en investigaciones que se vienen procesando como en el Caso “Cocteles”.

 Keiko Fujmori, señaló que esta decisión convierte a la Fiscalía en un “actor político”, enrolada en las filas «No a Keiko», que busca ser el primer actor en la campaña electoral, agregando: “preocupa que la institución encargada de luchar contra la delincuencia dedique recursos y esfuerzos en vez de perseguir a delincuentes debilitando a ciertos partidos políticos”.

Previamente, Fuerza Popular había emitido un comunicado en el que expresó su rechazo y preocupación por la decisión de la Fiscalía y señaló que la decisión se trata de un “uso desproporcionado y político”, que “amenaza el pluralismo político”.

DEL OTRO LADO. Las reacciones en contra no se limitaron, no obstante, al afectado partido Fuerza Popular y se trasladaron a otros espectros políticos e ideológicos.

Un normalmente opositor político del fujimorismo, el penalista César Azabache, cuestionó así la medida: “Expreso usualmente mi respaldo a las fiscalías. Pero si esto es cierto sería intolerable”. Agregó que “comenzando el proceso electoral no se puede abrir un procedimiento formal contra una de las agrupaciones más fuertes de la contienda por el simple pedido de una persona. No es admisible, sea cual sea esa agrupación afectada por esto. Si fuera cierto, esta decisión debe rectificarse de inmediato”. También se sumó a los cuestionamientos la Asociación Civil Transparencia.

La medida fiscal obligó también a la reacción del otro afectado, el comediante Carlos Álvarez, líder de País Para Todos: “Es una denuncia totalmente fuera de lugar, por varios puntos. Primero, dice que yo, como candidato presidencial, he emitido una opinión antidemocrática. Para comenzar, yo no soy candidato presidencial. Yo solo soy afiliado al partido País para Todos”, añadiendo: “Es bastante extraño, bastante raro que quieran tacharme, siendo afiliado y no candidato presidencial. Eso se verá en las elecciones internas en noviembre. ¿A qué viene esta acusación? ¿A qué viene esta denuncia?”, se preguntó.

En un mensaje en X, el fiscal Pimentel informó que estos procedimientos se iniciaron a pedido de dos ciudadanos: un nuevo Cristobal Colón.

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