España afronta hoy uno de los peores apagones de su reciente historia. La red eléctrica española ha perdido más de 13.000 MW de demanda a las 12.50 horas, según los datos del operador del sistema, lo que supone que se están suministrando cerca de 13.600 MW frente a los 26.968 MW de demanda prevista. Por el momento, los motivos que han provocado esta fuerte caída del sistema se desconocen pero los problemas existentes en la red afectan también a otros países como Portugal y Francia, lo que apuntaría a una caída en cadena de los distintos sistemas eléctricos.

Hasta el momento, lo único que se puede aventurar son teorías sobre los motivos para este corte de suministro que pasarían por un problema de tensión en las redes o, en el peor de los casos, un ciberataque.

Red Eléctrica ha asegurado que ha activado los planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular y que está investigando las causas. Incibe, el centro dedicado a la ciberseguridad, también está analizando la situación.

En estos momentos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se dirigen al centro de control de REE para conocer de primera mano la situación y hacer el seguimiento del incidente. El Gobierno asegura que pondrá todos los medios necesarios para recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.

Desde el pasado mes de enero, tal y como adelantó elEconomista.es, Red Eléctrica afronta un problema en el control de tensión de sus líneas. La creciente integración de energías renovables y la caída de demanda provocan unas elevadas oscilaciones en los niveles de tensión que podrían llegar a estar detrás de la causa de este apagón.

De hecho, esta pasada semana Adif ya sufrió un problema de control de tensión que provocó la parada de varios trenes y dejó inoperativa la estación de Madrid-Chamartún durante varias horas.

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) puso sobre la mesa este pasado mes de enero un análisis sobre la situación del control de tensión dentro de la revisión sobre la retribución de las redes. Según dicho informe, la bajada del consumo habría podido reducir la necesidad de transporte de energía activa por las redes y provocado un menor consumo de energía reactiva, lo que derivaría en un aumento en la tensión del sistema que lleva al regulador a prever escenarios en el corto y medio plazo donde este efecto podrá ir en aumento.

La CNMC explicaba que las tensiones en la red de transporte no han sufrido variaciones significativas gracias a la aplicación de medidas de control de tensión, pero destaca que los valores se han mantenido en niveles elevados.

Para el organismo, «en algunos momentos, las tensiones de la red de transporte han llegado a alcanzar valores máximos cercanos a los umbrales permitidos por la normativa, llegando incluso a superarlos en momentos puntuales».

Según relata la CNMC, se ha llevado a cabo un plan de instalación de reactancias en la red de transporte, pero el uso de este recurso ha llegado al punto de agotamiento.

El organismo que preside Cani Fernández sostenía que el desacoplamiento de líneas de la red de transporte por control de tensión ha seguido la misma tendencia que el uso de reactancias, es decir, se han mantenido abiertas durante más tiempo en el sistema, aunque explica que se ha reducido en los últimos años por la instalación de estos sistemas de bloqueo.

Visto este diagnóstico, el supervisor indica que para mantener las tensiones dentro de los márgenes, durante los últimos años se ha intensificado la aplicación de medidas (reactancias y apertura de líneas) por lo que el sistema «está perdiendo margen de actuación ante posibles situaciones excepcionales» e indica que en ocasiones «se hace necesario conectar generación por restricciones técnicas por agotamiento de las medidas». Es justo en este punto donde las centrales nucleares podrían convertirse en un jugador clave para mantener dicho control de tensión, según indican fuentes del sector.

La energía reactiva aparece en las instalaciones eléctricas cuando se utilizan aparatos que necesitan crear campos magnéticos y eléctricos para su funcionamiento (motores de frigoríficos, ascensores, congeladores o los transformadores). Este energía provoca pérdida de potencia útil en las instalaciones, sobrecalentamiento de los conductores eléctricos, menor rendimiento de los aparatos eléctricos, caídas de tensión y perturbaciones en la red eléctrica, lo que induce una serie de costes que deben ser trasladados a los usuarios que los inducen, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

Con la instalación masiva de renovables, el sistema requiere hoy como prioridad reducir la inyección de reactiva en las horas valle. Por eso, la energía reactiva se compara a cuando pedimos una cerveza, pagamos por todo el vaso que equivaldría a la potencia aparente, pero la parte que más queremos (la cerveza), es la potencia activa. Y la espuma, lo que menos queremos, es la potencia reactiva.

Por otro lado, otro de los posibles escenarios supondría un ciberataque a las redes, aunque se considera muy improbable. En un escenario internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la guerra en Europa y el repunte de la competencia estratégica global, la seguridad energética se ha consolidado como un pilar central de la estrategia defensiva de la OTAN. Así lo recoge el «Secretary General’s Annual Report 2024», que analiza los principales riesgos y respuestas de la Alianza en materia de infraestructuras críticas y resiliencia frente a amenazas híbridas.

El informe, publicado tras la llegada de Mark Rutte a la Secretaría General de la organización, no deja lugar a dudas: la seguridad de las infraestructuras energéticas se enfrenta a un nivel de amenaza sin precedentes en décadas. «La cooperación entre adversarios y competidores, la guerra en Europa y los ataques híbridos han elevado el riesgo sobre los sistemas críticos de suministro energético, claves para la estabilidad y la defensa colectiva», señala el texto.

La Alianza Atlántica identifica la protección de infraestructuras críticas, incluidas las energéticas, como «una prioridad estratégica esencial» para garantizar la operatividad de las fuerzas militares, la economía y la seguridad de los más de mil millones de ciudadanos bajo su paraguas.

El conflicto en Ucrania ha demostrado el impacto devastador que puede tener la interrupción del suministro energético sobre la capacidad de resistencia de una sociedad. Más allá de los ataques convencionales, la OTAN alerta sobre el creciente uso de tácticas híbridas por parte de actores estatales y no estatales: sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación y coerción económica orientados a vulnerar la autonomía energética y la resiliencia social de los países aliados.

Como respuesta, el informe destaca la necesidad de una estrategia integrada que combine recursos militares, tecnológicos, industriales y de inteligencia, así como una mayor cooperación público-privada. La seguridad energética deja de ser un asunto puramente civil para incorporarse de lleno al núcleo de la defensa colectiva.

Entre las medidas concretas adoptadas en 2024, la OTAN lanzó la operación «Baltic Sentry», una nueva actividad militar para reforzar la presencia y capacidad de respuesta de la Alianza en el mar Báltico, área especialmente sensible por su concentración de infraestructuras energéticas submarinas. El objetivo: prevenir y contrarrestar cualquier acto desestabilizador que ponga en riesgo el suministro o la integridad de las infraestructuras estratégicas, como oleoductos, gasoductos y cables eléctricos.

Esta acción refleja la preocupación creciente por la seguridad de los corredores energéticos y las infraestructuras submarinas, consideradas hoy un objetivo prioritario de actores hostiles, especialmente tras incidentes recientes en el Báltico y el mar del Norte.

El informe subraya la importancia de fortalecer las cadenas de suministro críticas, incluida la cadena de valor de la energía, frente a potenciales interrupciones o manipulaciones externas. En 2024, los ministros de Defensa de la OTAN aprobaron una hoja de ruta específica para la seguridad de las cadenas de suministro críticas, con especial atención a materiales y recursos indispensables para la defensa y la producción energética.

En paralelo, la OTAN ha reforzado la cooperación con la industria para impulsar la innovación, el desarrollo de nuevas capacidades de defensa y la protección frente a riesgos tecnológicos, como ciberataques o sabotajes en infraestructuras digitales y energéticas. El despliegue de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas forma parte de esta estrategia de «resiliencia ampliada».

Otra de las grandes prioridades de la Alianza es la diversificación de fuentes y rutas de suministro energético. La OTAN insta a reducir la dependencia de proveedores únicos o geopolíticamente inestables, y apuesta por una mayor coordinación entre países aliados y socios para compartir información, recursos y capacidades de respuesta ante crisis de suministro.

La dimensión digital es otro de los focos clave. El informe resalta la creación de un Centro Integrado de Ciberdefensa para coordinar la respuesta ante amenazas cibernéticas que afectan a infraestructuras energéticas y de defensa. El refuerzo de la ciberseguridad se ha convertido en un componente esencial de la seguridad energética, con simulacros como el ejercicio «Locked Shields», que en 2024 reunió a más de 4.000 expertos para ensayar la protección de sistemas críticos ante ataques a gran escala.

El Economista.