En lo que ya se perfila como uno de los mayores desfalcos al bolsillo de todos los peruanos, una demoledora declaración del presidente de ProInversión ha destapado la caja de Pandora de la corrupción estatal. El alto funcionario admitió públicamente que Petroperú dejará de pagar sobreprecios en la compra de crudo, confirmando de manera implícita lo que por años era un secreto a voces: la petrolera estatal estuvo regalando millones de dólares en contratos inflados.
La confesión cae por su propio peso y deja al descubierto una presunta mafia criminal incrustada en el corazón de la compra de combustibles, operando bajo el amparo y la protección de las más altas esferas del poder.
El mito de la «falta de crédito» se cae: Cero riesgos para el vendedor, ganancia redonda para la mafia
Las excusas técnicas de la «falta de liquidez» se desploman ante un análisis financiero serio. Petroperú paga sus cargamentos mediante cartas de crédito internacionales. Para cualquier proveedor del mundo, una carta de crédito significa cero riesgo de impago, ya que el cobro está plenamente garantizado por un banco.
Si el riesgo para el vendedor era inexistente, ¿por qué se pagaban sobreprecios escandalosos por encima del valor de mercado? La respuesta es unánime entre los expertos: no se trataba de un problema comercial, sino de un esquema de saqueo sistemático. Comprar insumos deliberadamente caros solo beneficia a los intermediarios y a los funcionarios que firmaban esos contratos entreguistas.
El crimen perfecto: Combustible caro, peruanos estafados y la competencia de fiesta
Este perverso mecanismo ha generado un impacto directo y devastador en la economía nacional:
- Insumo inflado: Petroperú adquiría el petróleo a precios de usura.
- Precio final por las nubes: Para intentar cubrir sus pérdidas, trasladaba ese sobrecosto al precio de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio.
- Competencia beneficiada: Las empresas privadas del sector, al ver que la estatal destruía su propia competitividad con precios altísimos, aprovecharon la situación para maximizar sus ganancias y capturar el mercado, dejando al consumidor peruano completamente indefenso.
¿Dónde están los fiscales? El escandaloso silencio de la Contraloría y el Ministerio Público
Lo más indignante de este atraco a la Nación es la impunidad absoluta con la que se maneja. Si el propio presidente de ProInversión reconoce abiertamente que se pagaban sobreprecios y que ahora implementarán «nuevas políticas» para frenarlo, la pregunta es obligatoria: ¿Dónde están las denuncias penales?
Hasta el momento, ni la Contraloría General de la República ha emitido los informes de auditoría drásticos que corresponden, ni la Fiscalía de la Nación ha intervenido de oficio las oficinas de Petroperú para detener a los responsables de esta presunta organización criminal.
Estamos ante un escenario de complicidad institucional donde las autoridades encargadas de defender al Estado se hacen de la vista gorda, mientras el dinero de los impuestos de millones de ciudadanos se licúa en contratos turbios que encarecen el costo de vida de todo el país. ¿Hasta cuándo se protegerá a esta mafia del crudo?
COMPAREMOS CON EL ESCANDALO DEL BIODIESEL, DESPUES DE LA DENUNCIA DE PANORAMA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 LA FISCALIA ALLANO LAS OFICINAS DE PETROPERU IGUAL LA CONTRALORIA, NO SE MIDE CON LA MISMA VARA
La comparación es el argumento definitivo y el paralelismo es exacto: el Escándalo del Biodiésel de diciembre de 2021 demostró que cuando hay voluntad política y presión mediática real, el sistema de justicia puede actuar de inmediato.
El contraste de velocidades y la evidente diferencia en la medición de ambos casos se puede analizar directamente aquí:
Dos escándalos en Petroperú, dos varas distintas
| Caso Biodiésel (Diciembre 2021) | Caso Sobreprecios de Crudo (Actual) |
| El Detonante: Un reportaje del programa Panorama (20 de diciembre de 2021) denunció una reunión en Palacio de Gobierno entre Pedro Castillo, el gerente de Petroperú (Hugo Chávez) y el proveedor Samir Abudayeh. | El Detonante: Una declaración en televisión del actual presidente de ProInversión, admitiendo con total normalidad que se implementará un fideicomiso para que la estatal «deje de pagar sobreprecios» de hasta 30-40 dólares por barril. |
| La Reacción de las Autoridades: Inmediata. Solo tres días después de la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría ya estaban allanando las oficinas de Petroperú y Palacio de Gobierno. Hubo impedimentos de salida del país de urgencia. | La Reacción de las Autoridades: Inacción o lentitud absoluta. A pesar de tratarse de una «confesión» de un alto funcionario sobre pérdidas millonarias continuas mediante compras directas camufladas, ni la Fiscalía ha montado un megaoperativo de oficio, ni la Contraloría ha intervenido las gerencias de compras actuales. |
| El Mecanismo Comercial: Contrato directo de 74 millones de dólares con la empresa Heaven Petroleum Operators. | El Mecanismo Comercial: Operaciones continuadas mediante cartas de crédito garantizadas por bancos (riesgo cero para el vendedor), sumando cientos de millones de dólares diluidos en sobrecostos diarios que encarecen el combustible nacional. |
¿Por qué no se mide con la misma vara?
La diferencia en el trato responde a factores clave que evidencian cómo se maneja la justicia y la fiscalización en el país:
- El sesgo de la «declaración técnica» frente al «ampay»: En 2021, el escándalo involucraba directamente un «ampay» político y una reunión en Palacio de Gobierno. En el caso actual, el Gobierno intenta maquillar el delito penal presentándolo de manera sutil como «un problema de ineficiencia por falta de liquidez» o «costo logístico». Al venderlo como un tecnicismo financiero, diluyen el impacto mediático y penal para evitar intervenciones policiales.
- Encubrimiento de la estructura de poder actual: Allanar Petroperú en este momento implicaría procesar y señalar a los directorios y ministerios designados por la administración vigente. El uso sistemático de «compras de emergencia» (que sirvió para pagar estos sobreprecios y beneficiar a los comercializadores o traders internacionales) cuenta con el aval o la omisión cómplice de las más altas autoridades del sector Energía y Minas y de Economía.
- El silencio que protege a la competencia y a los intermediarios: En el caso de 2021, el supuesto beneficiario era un empresario local (Abudayeh) cuyo contrato se anuló, sin perjuicio al estado. En el esquema de sobreprecio del crudo actual, los beneficiados son grandes comercializadores de hidrocarburos e intermediarios financieros internacionales. Tocar este esquema destaparía contratos masivos que el propio aparato estatal prefiere mantener bajo la alfombra mediante el nuevo esquema de ProInversión, buscando corregir el desfalco a futuro sin castigar a los culpables del pasado reciente.
La ley y la velocidad fiscal no están midiendo igual. Mientras en 2021 un reportaje provocó un terremoto fiscal con allanamientos en 24 horas, la admisión explícita de un millonario perjuicio económico actual es procesada con pasividad, confirmando que la presunta red que se beneficia del petróleo caro goza de un blindaje institucionalizado.
