Desde el Faro
Por: Rafael Hidalgo
Durante su intervención en la 76.ª Asamblea General de la ONU, el expresidente Pedro Castillo —cuya ministra de Inclusión Social y vicepresidenta era Dina Boluarte— tuvo el cuajo de prometer alcanzar el objetivo del Milenio: “Hambre Cero para el 2030, erradicando el hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria” (Nueva York, 22/9/21).
Empero, hoy por hoy, según el informe anual de la FAO-2025 (ONU para la Alimentación y la Agricultura), para vergüenza de la clase política: cuatro de cada diez peruanos enfrentan inseguridad alimentaria, al haberse elevado la población afectada en cuatro millones durante la última década (2015-24), creciendo de 30.4 % a 41 % (pasando de 9.3 a 13.9 millones).
La inseguridad alimentaria se clasifica como “moderada” cuando disminuye la cantidad y calidad de los alimentos, y “severa” cuando se deja de comer uno o más días. Ergo, casi cinco millones (35 %) practican este ayuno forzoso (inseguridad alimentaria severa) en el período aludido (28/7/25). Por otro lado, si bien es cierto que en el 2023 -que aparejó la recesión económica- la inseguridad moderada (49%) fue superada por la inseguridad severo (51%); ahora, esta situación se ha revertido ligeramente: 59% moderada versus 41% severa, sin embargo, la “reducción del 2024 llegó tarde en comparación con el resto de los países de la región y la situación aún es muy grave”, acota la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli (6/8/25).
Para remate, “los salarios reales no han aumentado al ritmo de la inflación: hacia fines de 2023 los precios de los alimentos se han incrementado en 34.5 % en relación con sus niveles anteriores (inicios del 2020) —a la pandemia y la invasión de Ucrania (30.7 % según el INEI)— mientras que los ingresos crecían apenas un 6.6 % (3.5 % íbid.)”.
La situación de América Latina y el Caribe ha ido mejorando. Si, para el 2019 el 28 % de la población vivía con inseguridad alimentaria, aumentando al 33.7 % en el 2020 (pandemia), esta bajó a 25.2 % en el 2024. Dicho de otra manera, mientras en la región el hambre baja, en nuestra nación sube, resultados que colocan al Perú como el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica, alejándonos del promedio regional y más bien acercándonos al promedio de los países del África (58 %).
Las cifras oficiales del INEI (“Condiciones de Vida 2025”), si bien son ligeramente menores, no llegan a esconder este cuadro dantesco: 37.4 % de la población a nivel nacional presenta déficit calórico (en el 2019 era 29 %), mientras que este déficit en Lima Metropolitana (43.6 %) es superior al promedio del país. Algo así que podría generalizarse como: de cada dos limeños, uno “come a las justas” o “no la ve” en algún día de la semana.
La receta de incrementar el empleo para mejorar la dieta popular tiene sus bemoles: de los 25 millones de la población que son mayores de 18 y elegirán al nuevo presidente en el 2026, que se encuentran en edad de trabajar (PET), tan solo 17.5 millones (72 %) pertenecen a la llamada población económicamente activa (PEA), de los cuales una minoría de un millón acaba de perder el empleo y se encuentra “lateando”, mientras los restantes 16.5 millones que se encuentran ocupados: tan solo 9 millones ganan por encima del sueldo mínimo (empleo adecuado), mientras que los otros 7.5 millones sobreviven con menos (subempleo).
Y, los 7.5 millones llamados “inactivos” (o No PEA), peruanos que no laboran y/o sin ingresos: 2.5 millones ni trabajan ni estudian (NiNis), 3.5 millones dedicados a los quehaceres del hogar, 1.2 millones estudian, 1.2 millones son pensionistas, 0.8 millones están enfermos y/o incapacitados y apenas 0.3 millones están esperando un trabajo no calificado.
Erradicar el hambre: todo un reto para los 10 mil “candidazos” que se presentarán a las elecciones del 2026.
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