Los investigadores ubican a Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, como el intermediario en sus actividades y canalizador de sus pagos a través de un entramado de sociedades

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, se convirtió este martes en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado por un juez. El exsecretario general del PSOE está investigado como supuesto “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias que actuó, al menos, entre 2020 y 2025 y que se sirvió de su familia y su entorno para canalizar supuestas comisiones ilegales. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido llamarlo a declarar el próximo 2 de junio en un procedimiento judicial “seguido por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales”. El magistrado es contundente en su escrito, que generó este martes un verdadero terremoto político al afectar a una figura convertida en referencia moral del partido y que se ha hecho cargo del ánimo de la militancia en los últimos tiempos.

La investigación describe cómo Zapatero se valía de un amigo, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, como vehículo para canalizar los pagos de empresas que buscaban sus favores, y que los investigadores cifran, en el caso de Zapatero, en 1,95 millones de euros. Para ello, constituyeron la consultora Análisis Relevante S. L., a la que el juez ubica en el centro de la red. El magistrado cree que se trataba de una mercantil tapadera que firmaba contratos para la redacción de informes de consultoría con empresas que, en realidad, buscaban la influencia del expresidente para lograr un objetivo económico: ya fuera el rescate de una aerolínea (como Plus Ultra) o la compraventa de petróleo en Venezuela.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lleva, junto con la Fiscalía Anticorrupción, investigando este asunto desde finales de 2024, después de recibir una petición de las fiscalías suiza y francesa sobre un posible blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela. La operación terminó de explotarse este martes, cuando los agentes se personaron en casa del expresidente del Gobierno para entregarle en mano su citación. Además, registraron su oficina, la empresa de marketing de las dos hijas de Zapatero, Whathefav S.L., así como otras dos sociedades vinculadas a la trama.

El juez Calama ha levantado este martes el secreto de sumario y en un extenso auto de 85 páginas describe las “múltiples evidencias” que apuntan hacia el expresidente hasta situarlo en el “vértice” de un entramado que tiene el “centro de coordinación de la red” en su oficina particular de la calle Ferraz de Madrid. Desde allí, detalla el instructor, “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.

El juez señala su “intervención directa” en “operaciones internacionales de alto valor económico” relativas a productos petrolíferos, oro, acciones o divisas. Se basa en correos, cartas y conversaciones de alguno de los implicados incautadas por la UDEF, así como en los mensajes extraídos del móvil de Rodolfo Reyes (venezolano otrora dueño de Plus Ultra) que ha facilitado Estados Unidos a los investigadores españoles. Además, construye el posible tráfico de influencias sobre las presiones de Zapatero para el rescate de 53 milllones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea en 2021 y la colaboración del expresidente, supuestamente, en la creación de una sociedad off shore en Dubái para enviar allí una comisión cobrada tras las ayuda.

“Núcleo decisor y estratégico de la red”

El auto asigna a José Luis Rodríguez Zapatero un papel de “núcleo decisor y estratégico de la red”, aunque su “liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública”, sino evitando “la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. El juez lo deduce de conversaciones de investigados, que se refieren al expresidente como “nuestro pana Zapatero detrás” [pana significa ”amigo“, ”camarada“ o ”compinche“], o hablan de “Grupo Zapatero”; se refieren a “Zapa es nuestro contacto”, “no sé si será bueno que (…) Zapatero hable con alguien en la SEPI”, incluso aseguran, en enero de 2021: “Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España”.

El exmandatario publicó un vídeo este martes en el que niega tajantemente cualquier intervención en este rescate, así como cualquier irregularidad en su actividad privada. “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración“, ha dicho.

El amigo de Zapatero, que fue detenido el pasado 11 de diciembre junto con los directivos de Plus Ultra en una primera fase de la operación, es una de las piezas clave de este puzle. Este alicantino controla un entramado de 39 mercantiles, según un informe que presentó el pasado mes de febrero la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. De estas, 15 se encuentran activas, si bien ocho de ellas no tienen empleados o apenas retribuciones. Para el magistrado es llamativo que, de todo el entorno societario bajo el control de Martínez, Análisis Relevante sea la mercantil que recibe mayores ingresos. En total, 959.798 euros entre 2020 y 2025.

El expresidente ha reconocido públicamente que estuvo en la creación inicial de esta consultora por parte de su amigo, quien le consultó si formaría parte de ella por su valor como gran conocedor de la geopolítica y las dinámicas sociales. La investigación ha demostrado no solo eso, sino que existía un chat grupal denominado “AR” (siglas de Análisis Relevante) que integraban Julio Martínez Martínez, Zapatero, el directivo de Telefónica Javier de Paz, la hija de este, y la mano derecha de De Paz y actual alto cargo de Movistar+, Sergio Sánchez. Para el juez, esto revela la “participación activa y directa” del expresidente en los canales de organización y comunicación interna de la consultora.

“¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero?»

La investigación desgrana de forma cronológica las comunicaciones entre Julio Martínez Martínez, el presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola (comparten nombre y apellido, pero no parentesco), el consejero delegado Roberto Roselli y el abogado madrileño Miguel Palomero, que fueron detenidos el 11 de diciembre del pasado año, cuando saltó a la opinión pública la existencia de esta causa que llevaba un año en la Fiscalía Anticorrupción. “Necesitamos llegar a las ayudas (…) A ver qué se te ocurre a nivel político”, dijo el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, el venezolano Rodolfo Reyes, dueño de la compañía entonces al abogado Miguel Palomero, investigado en el caso. “Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político”, le diría una semana después.

A partir de entonces comienza toda una ristra de mensajes en la que mueven sus contactos hasta llegar por primera vez a Julio Martínez Martínez. En realidad, los dueños de Plus Ultra activan dos vías “que habrían operado de forma simultánea” para conseguir el rescate que, en ese momento, el Ejecutivo ponía en marcha para reflotar empresas turísticas o de aviación tras el parón que iba a suponer el Covid. Una vía hacia el exministro de Transportes José Luis Ábalos, para lo que trataron de hablar con Koldo y llegaron a reunirse con el secretario de Estado, Pedro Saura. Y “la vía Zapatero” que “adquirió un papel predominante”, según el juez, y “permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.

Los dueños de la aerolínea llegaron a enviar una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander en la que se indica que “por instrucciones de Zapatero”, solicitaban ayuda para la obtención de un crédito ICO. Fuentes financieras aseguran que esto, sin embargo, nunca se llevó a término. Los mensajes explicitan que los directivos de la compañía estaban dispuestos a pagar mordidas (“Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, dijo el 30 de marzo el entonces vicepresidente Martínez Sola); y que los supuestos contactos con Zapatero comenzaron, al menos, desde abril de 2020. “Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo (…), luego cuando tú puedas le preguntas”, expuso el 30 de ese mes Rodolfo Reyes. Tratando de acercarse a Zapatero llegan a un tal Julio Martínez Martínez a quien también llaman “lacayo”.

Rodolfo Reyes: “¿Vas a estar en la conversación con Zapatero?“, preguntó el 18 de mayo de 2020.

Roberto Roselli (jefe de finanzas de Plus Ultra): “No con él directo. Hablo con un lacayo (…) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida”.

Unos meses después, la aerolínea contrata a Martínez, a través de Análisis Relevante. Plus Ultra suscribió un contrato con la consultora el 30 de julio de 2020 (ocho meses antes de lograr el rescate), por una duración de 12 meses, cuyo objetivo era “la entrega de un informe mensual sobre la situación política, económica y social en el mundo, en especial en España y Latinoamérica, incluyendo principales sectores innovadores y tendencias”, además del “asesoramiento continuado, mediante informes específicos sobre países, organizaciones internacionales y sus políticas, objeto de interés para el cliente”. Plus Ultra empezó entonces a remunerar a Análisis Relevante con 5.000 euros mensuales. Un contrato muy similar al que, por ejemplo, el grupo Aldesa (de origen chino) suscribió en septiembre de 2022 también en concepto de asesoramiento y por el mismo importe: 5.000 euros al mes. Por eso, el magistrado sospecha que la consultora era, en realidad, una tapadera para circular las comisiones.

El 19 de septiembre de 2020 el rescate seguía sin llegar y dentro de la compañía cundía el nerviosismo. “Por cierto, pana, hoy nada. Yo estaba en una reunión y Julio llamó al contacto y… macho… el tipo le dijo que la vaina estaba paradísima porque la SEPI no tiene gente para ver expedientes”, explicó Roselli a Rodolfo Reyes ese día. “No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI”. A partir de febrero de 2021 la situación se desencalla. El 6 de febrero de ese año, Reyes dice: “Puedes organizar una comida con el tocayo [Julio Martínez], tú y Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano]. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”.

El 26 de febrero, siete días antes de que el consejo gestor de los fondos se reuniera para decidir si se entregaba la ayuda pública a Plus Ultra, el empresario Julio Martínez Martínez ya comunicó a Camilo Ibrhim Isssa que el rescate había sido concedido: “Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin duda ha sido consecuencia de la excepcional labor desarrollada”.

No existe ninguna comunicación directa del expresidente Zapatero que demuestre que, efectivamente, influyó para que el Gobierno terminara entregando 53 millones de euros a la aerolínea, pero el juez se vale para implicarlo de dos indicios muy seguidos en el calendario: un contrato con una comisión del rescate y la creación de una empresa en Dubái. El 19 de enero de 2021 la sociedad Idella Consulenza Strategica (de Julio Martínez Martínez) rubricó un contrato con Plus Ultra con una remuneración del 1% de la ayuda si esta finalmente se concedía. Siete días después hay una cadena de correos intercambiados entre la secretaria de Zapatero y el gestor de Julio Martínez que pone de manifiesto que ambos tuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo y que, como quedaron entonces, se le facilitaba documentación para la creación de una sociedad en Dubái.

En ese país se crea la mercantil Landside, que es donde el juez cree que pudo terminar esa supuesta comisión por el rescate, ya que no se ha encontrado rastro de la misma en España. El 23 de febrero, Cristóbal Cano (el trabajador de Julio Martínez) remitió un correo al empresario alicantino con el asunto: “Copia contrato honorario SEPI”. La SEPI era la entidad pública que terminó inyectando el dinero en la compañía y los investigadores sospechan que este email hace referencia a un “honorario” en concepto de comisión.

Los mensajes de “presidente”

La investigación expone que, igual que Julio Martínez Martínez ocultaba el dinero de Zapatero, ocultaba también las comunicaciones con él y actuaba como una suerte de intermediario para todos. Se han encontrado mensajes expresos en su teléfono móvil que dicen: “Presidente, le reporto las novedades”; “Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto”; “Estamos totalmente de acuerdo, presidente”. El empresario borraba todos los mensajes que tenía con el exjefe del Ejecutivo, supuestamente porque este buscaba estar oculto. El auto destaca también la presencia del alicantino en la sala de autoridades del aeropuerto de Madrid-Barajas y una comunicación del trabajador del primero a la secretaria del segundo: “Me indica Julio que saldrá junto al presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado”.

La implicación de ambos en la empresa Análisis Relevante es piedra angular de la instrucción porque Calama dice que el “modelo habitual de servicios” y las evidencias en los mensajes intervenidos de que en alguna ocasión se eliminó la palabra “comisión” llevan a concluir que la finalidad de este supuesto asesoramiento era “encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones”. Es decir, que Análisis Relevante era, en realidad, la manera con la que Zapatero gestionaba sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel”. Apunta a que en su oficina, bajo sus órdenes, estaba la secretaria María Gertrudis Alcázar, “encargada de la elaboración y cobertura formal de la documentación”. Mientras que por el lado de Julio Martínez Martínez estaba su trabajador Cristóbal Cano, “gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc. Esta interlocución también sacaba del foco a Zapatero.

De Análisis Relevante cobraba igualmente la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L., que este martes registraron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. De todas las mercantiles que poseía Martínez Martínez, la principal sociedad pagadora en el periodo desde la pandemia fue, precisamente, Análisis Relevante, un total de 707.467 euros. Directamente a Zapatero fueron 418.000 euros; a Whathefav, 242.423 euros.

Otros pagos y gestiones de petróleo

La Oficina Antifraude ha analizado las cuentas del expresidente socialista y ha encontrado, además de los de Análisis Relevante, otros ingresos relacionados con su actividad centrada en conferencias internacionales o labores de asesoramiento: 37 transferencias de 649.552 de Thinking Heads Gruop S.L.: 37 transferencias por un total de 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions; y 2 transferencias por un total de 31.766 euros de Thinking Heads Americas.

El relato del magistrado señala distintos tipos de influencias supuestamente desplegadas por la trama. Más allá del rescate de Plus Ultra, están implicadas como pagadoras a Análisis Relevante dos empresas más que la UDEF registró este martes: Sofgestor S.L., que pagó por servicios de asesoría internacional “carentes de contenido real”, e Inteligencia Prospectiva S.L., administrada por dos hermanos venezolanos que, según el juez, “constituye un punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center (organización vinculada a Zapatero), y el Grupo Aldesa, ya mencionado por sus vínculos con China. Además, hay mercantiles señaladas como sociedades instrumentales que, según el juez, sirvieron para opacar algunos pagos como Caletón Consultores S.L.

El juez incardina a Zapatero en operaciones relativas al oro y compraventa de acciones o divisas, sin desarrollar este punto. Pero sí apunta claramente a empresas deficitarias como Inteligencia Prospectiva, que realizaban sucesivas operaciones de ampliación de capital, pero que a su vez tenían salidas de 2,6 millones de euros. Entre los principales pagos de esta sociedad aparecen Análisis Relevante (380.208 euros), Whathefav (561.400 euros) y Gate Center (266.200 euros). Domingo Arnaldo Amaro y Guillermo Alfredo Amaro, los administradores, despliegan una intervención en relación a Venezuela que “excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una mercantil”.

Así se desprende de comunicaciones intervenidas en el teléfono de Martínez Martínez como: “Listo para viajar a reunirse con la Dama [supuestamente Delcy Rodríguez] y Ministro Petróleo”. El juez explica en este asunto que estaban tratando de acceder a una operativa de compraventa de petróleo y que los potenciales compradores debían canalizar necesariamente la gestión a través de una red de influencias articulada. “Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir”, indica el magistrado.

Irene Dorta desde Madrid para ElPais.com 19/5/26