Desde el Faro
Por Rafael Hidalgo
Exaltadas las expectativas por la quimera de Paititi (Polentini, Acullicu Film, 2011) y por los precios del oro (US$ 5,000/oz), plata (US$ 80/oz) y cobre (US$ 5.5/lb), la Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió, por carpetazo, aprobar, casi por unanimidad, el proyecto —que es una virtual ley— para “democratizar el régimen de concesiones mineras y combatir la existencia de concesiones ociosas” (17/3/26). Perú es el tercer productor mundial de cobre y plata y el cuarto de oro.
Según el INGEMMET, existen 19 mil mineros con derechos por 30 años sobre alrededor de 56 mil concesiones (octubre de 2025), ocupando 20.4 millones de hectáreas (ha), de las cuáles apenas 1,197 concesiones mineras se encuentran activas: 430 en explotación y 767 en exploración, es decir, apenas el 2.15 % de las concesiones vigentes. Una nueva versión del perro del hortelano.
El proyecto reduce el plazo para iniciar la producción (de 30 a 15 años), aumentando la penalidad al 10 % de la producción, por incumplimiento con la inversión y producción mínima anual al llegar al 10.º año; y declarar la caducidad el año 15, otorgando un plazo adicional de cinco años para subsanar el incumplimiento, siempre y cuando el titular cuente con un instrumento de gestión ambiental (EIA) aprobado y con las inversiones acreditadas. Además, cuadruplica los pagos por ha de US$ 3 a US$ 12 por áreas mayores a 100 mil ha (aminorando gradualmente, con la reducción del hectareaje). Mientras que el pago para pequeños productores y mineros artesanales se mantendría. Asimismo, propone beneficios para las comunidades campesinas y nativas, cuyos territorios se ubiquen total o parcialmente en las áreas de la concesión, como fondos de desarrollo comunales de educación, salud, infraestructura, participación en programas de empleo e instrumentos financieros como acciones preferentes.
Ante la arremetida, salió la exministra Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad de Minería (SNMPE), señalando que: “el dictamen quiebra el régimen de concesiones mineras, trayendo consigo la contracción de las inversiones estimadas en US$ 63 mil millones…”, afirmando que únicamente el 16 % del territorio nacional se encuentra concesionado, añadiendo que concretar un proyecto minero en el Perú puede tomar hasta 40 años, porque solo en cumplir con todos los trámites y permisos demanda más de 11 años. Resaltando que se está restando competitividad al sector minero, porque “en nuestro país se paga cuatro veces más por mantener una concesión que en otras naciones mineras como Sudáfrica, Chile, Canadá y México” (19/3/26).
No obstante, el geólogo Tomás Cenzano replica: “De 20 millones de ha concesionadas solamente se están trabajando casi un millón de ha, ¿por qué razón?, porque la metodología y las circunstancias determinaron que a partir del año 1993 existan nuevas concesiones. Han aparecido grandes empresas que han acaparado grandes concesiones; por ejemplo, la mexicana Fresnillo tiene concesionadas 400 mil hectáreas, pero no las trabaja. Hace más de una década que anuncia que va a iniciar su mina de plata en Perú, pero no ha avanzado nada” (Chema Salcedo en PBO, 14/9/25).
Curiosamente, los candidatos marxistas en lisa no mencionan, ni por casualidad, la creación de un fondo soberano mediante un gravamen a las sobreganancias, por los extraordinarios precios de los metales, con el que se desgañitaban en 2011. En Chile, el Congreso aumentó en 2023 el futuro impuesto a la renta hasta en 46.5 % (y 1 % ad valorem) a las grandes cupríferas, estableciendo una vigencia de 4 años para las concesiones de exploración, renovable hasta 4 años más, si se cumplen requisitos de entrega de información geológica o tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
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