El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la imposición de un nuevo arancel del 25% sobre la mayor parte de productos brasileños importados desde este país, con fecha de aplicación a partir del 22 de julio. Es la conclusión de una investigación que acusaba a Brasil de competencia desleal. La Administración de Luiz Inácio Lula da Silva ve un carácter puramente político y anunció que pondrá en marcha la Ley de Reciprocidad, para aplicar la misma medida a los productos estadounidenses. Este nuevo golpe arancelario, ya esperado, promete ser un elemento central en la campaña de las elecciones brasileñas, que en octubre enfrentarán a Lula con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal representante de la derecha. Hace un año, un movimiento similar sirvió para impulsar la popularidad del líder progresista.

“El presidente Trump ha ordenado a la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) que imponga un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas”, ha anunciado en redes el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y ha acusado directamente al presidente de Brasil: “No haya ninguna duda sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”. Para el Gobierno de Trump, las políticas económicas adoptadas por Brasil “son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños”. “Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello”, ha añadido Rubio.

Después de la anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del pilar del sistema arancelario de Trump a principios de este año, el nuevo programa de aranceles llega tras la apertura de cerca de 80 investigaciones comerciales, que podrían derivar en una nueva ola de aranceles a decenas de países, entre ellos China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur y México.

En el caso de Brasil, la posibilidad de un nuevo castigo arancelario estaba sobre la mesa desde hace meses, después de que la USTR concluyera una investigación sobre prácticas comerciales de Brasil. Este organismo acusó al país de competencia desleal por varios motivos, como la deforestación ilegal, la piratería o el PIX, un popular sistema de pagos electrónicos creado por el Banco Central de Brasil que ha mermado de forma considerable los beneficios de empresas estadounidenses como Visa, Mastercard o Google Pay.

Los representantes brasileños han pasado semanas rebatiendo esos argumentos e intentando negociar, aunque con unas líneas rojas claras. Nada de tocar el PIX, un orgullo nacional, y tampoco de ampliar la entrada de etanol estadounidense en Brasil o de blindar a las big techs, como pretendía Washington. Más de 40 empresas y asociaciones comerciales estadounidenses pidieron formalmente que no se tasara a los productos brasileños por el impacto que eso generaría internamente.

Ese miedo ha generado una lista con más de 2.100 excepciones. Muchos productos clave en las exportaciones brasileñas a Estados Unidos no se verán afectados, como la carne bovina, el café, el zumo de naranja, la celulosa o las piezas para la fabricación de aviones.

Sin embargo, los aranceles sí se aplicarán a otros miles de productos, como el azúcar, maquinaria agrícola, prendas de vestir, maquinaria eléctrica, papel y acero. En concreto, el anuncio recoge una larga lista de bienes sancionados, entre los que se incluyen productos de uso farmacéutico; aeronaves y componentes de aeronaves civiles; vehículos de pasajeros y de transporte por carretera, y “materiales informativos” como películas, publicaciones impresas u obras de arte.

En Brasilia ya se daba por hecho este nuevo tarifazo. En mayo, cuando los presidentes Lula y Trump se vieron en la Casa Blanca, aparentemente hubo cierta sintonía y quedaron en que pondrían a sus equipos a negociar, pero esas reuniones apenas avanzaron.

Tras conocerse la medida, el Gobierno brasileño publicó un duro comunicado asegurando que es “un marco lamentable” en las relaciones entre los dos países y que, a pesar de no reconocer la legitimidad de unas investigaciones sin amparo en las reglas multilaterales de comercio, nunca abandonó la mesa de negociación. Brasil argumenta constantemente que las medidas no tienen ninguna razón de ser desde el punto de vista estrictamente comercial, porque Estados Unidos vende a Brasil más de lo que le compra: en 15 años Estados Unidos acumula un superávit comercial de 424.500 millones de dólares, y el 76% de las importaciones estadounidenses entran en Brasil sin pagar impuestos de importación.

Los empresarios y el Gobierno brasileño confían en que esta nueva medida de presión tenga un impacto limitado en el sector productivo. La relación comercial con Estados Unidos ya no es lo que era; en los últimos años, China se convirtió en el principal destino de los productos brasileños y las ventas a Washington representan apenas el 11% de todo lo que exporta al mundo. El primer tarifazo que Trump aplicó a Brasil el año pasado, del 50%, fue mucho más grave y no fue una catástrofe. La lista de excepciones también era larga y la Administración Lula puso en marcha un denso plan de créditos y ayudas a los sectores más afectados. Además, la mayoría de las ventas pudieron reubicarse en otros destinos. Se espera que ahora pase algo parecido.

El marco electoral

Todo apunta a que los aranceles tendrán un impacto más político que económico. El año pasado, cuando Trump puso todo el foco de la guerra comercial sobre Brasil para intentar frenar el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente Bolsonaro, que al final acabó igualmente condenado a 27 años de cárcel, quien salió ganando fue Lula. El presidente supo colocar sobre el clan bolsonarista la percha de “traidores de la patria” e inauguró un discurso patriótico en defensa de la soberanía nacional que empujó su popularidad. Ahora, a las puertas de la campaña electoral, la estrategia empieza a repetirse.

“Es triste constatar que el lamentable desenlace de las investigaciones forma parte del guion construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro. Son falsos patriotas que diseñaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales”, expresó el Gobierno de Lula en su nota oficial tras hacerse pública la medida.

La semana pasada, Flávio Bolsonaro acudió a Washington para tratar de frenar el castigo arancelario. En una audiencia en el Senado, argumentó que el momento es el “peor posible” y que la posibilidad de la aplicación de nuevos aranceles ya estaba “siendo explotada políticamente por el actual Gobierno brasileño”, por lo que pidió aplazar la medida hasta después de las elecciones de octubre.

Una encuesta divulgada esta semana por el Instituto Quaest muestra que Lula ha mejorado levemente su popularidad y ya tiene ocho puntos de ventaja sobre Flávio Bolsonaro, desgastado por intrigas familiares, amistades peligrosas con el banquero Daniel Vorcaro y una imagen que muchos brasileños perciben demasiado escorada hacia Trump y los intereses estadounidenses.

JOAN ROYO GUAL, El País