El hilo de la investigación de la Fiscalía chilena que dio pie, el pasado 2 de junio, al mayor golpe económico al Tren de Aragua en Latinoamérica, arrancó el martes de julio de 2024, durante un feriado, el Día de la Virgen del Carmen. Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron acribilladas durante una fiesta clandestina que arrancó la noche anterior, realizada en un parcela en Lampa, a unos 40 kilómetros al norte de Santiago, en uno de los dos homicidios múltiples que ocurrieron esa semana y que golpearon al Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Cuando la policía llegó al lugar, en una zona campestre, supuestamente con casas de agrado, halló el teléfono móvil de Bárbara Hernández, alias Barbie, que contenía información clave: fue la que permitió, dos años después, la detención de 19 personas, entre ellas dos ejecutivos bancarios venezolanos, que ayudaron a sacar de Chile entre 2022 y 2025, a través del lavado de activos, más de 85 millones de dólares conseguidos con secuestros, venta de drogas, explotación sexual de mujeres y contrabando de automóviles robados. Aquella sangrienta fiesta fue la punta del iceberg, pues reveló el mecanismo con el que el Tren de Aragua extorsionaba a empresarios nocturnos, quienes debían pagar a la banda para poder organizar eventos, de lo contrario, serían atacados.
Precisamente, la fiesta de ese fatídico 16 de julio tuvo como trasfondo la celebración de un evento sin el permiso del Tren de Aragua, según lo explicó el fiscal Héctor Barros, quien lidera la audiencia de formalización de la investigación en contra de los implicados, que empezó este domingo en una sala del Centro de Justicia, en Santiago. La indagatoria ha sido denominada por la Policía de Investigaciones (PDI) como Operación Tokio, luego que una discoteca que funcionaba dentro de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde nació la organización criminal, se llamara Tokio.
Barros detalló que la fiesta que se realizó en Lampa hace dos años inicialmente se haría en San Ramón, un muncipio del sector sur de Santiago. “Sin embargo, la víctima [un chileno] no accedió, y le fueron a disparar al portón de la casa. Hay más de 12 tiros que quedaron impregnados en el portón. Además, fue amenazada mediante videos con la posibilidad de lanzarle granadas”. A otro comerciante de Concepción, en la zona centro sur de Chile, le disparon 12 veces a su automóvil.
Esta indagatoria es una las varias que ha emprendido el fiscal en contra de la organización criminal, pero es el mayor golpe económico hasta ahora. Arrancó al investigar las extorsiones de la banda a personas que se dedican a hacer eventos nocturnos y también a los DJs, quienes debían avisar a la banda dónde pondrían música. “Lo que hace el Tren de Aragua es manejar a la población venezolana en Chile, y la traslada a las distintas fiestas que van realizando en la Región Metropolitana. Por llevarlos se hacen acreedores, por ejemplo, del dinero que se saca de las entradas, de la venta de droga al interior [de los eventos] y del ejercicio de la prostitución”, dijo el fiscal a TVN.
Otra modalidad para obtener sus millonarias ganancias, que eran reportadas a Carlos Gómez, alias Carlos Bobby, un líder detenido en una cárcel en Colombia, es a través del cobro de una cuota semanal –las vacunas, en la jerga de la banda- a los organizadores de las fiestas, tanto en Santiago como en regiones, y también con el pago de “una cuota de incorporación”, que el fiscal cifró en dos millones de pesos, es decir, poco más de 2.000 dólares. “Nosotros creemos que esta es solo una parte de la estructura del Tren de Aragua en lo financiero; creemos que hay muchas otras estructuras atrás que están operando en la misma línea”, dijo Barros.
El temido mensaje
Durante la Operación Tokio hubo cinco allanamientos, entre ellos a una cárcel en Bogotá, en Colombia, donde está detenido Carlos Bobby, venezolano, a quien el grupo que cayó en Chile le reportaba los negocios ilegales, pues hay WhatsApp en los que aparece enviando mensajes extorsivos a los locatarios chilenos. Es considerado el segundo jefe en Sudamérica del Tren de Aragua y huyó de Santiago en 2024, después del quíntuple homicidio en Lampa. Además, es requerido en Chile por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro: su cuerpo fue hallado dentro de una maleta, enterrado bajo cemento, en una barriada en la zona sur de la capital del país sudamericano.
“Esta organización sigue estando a cargo de Carlos Bobby, a pesar de estar en prisión preventiva en Colombia”, ha dicho Barros. Otro de los jefes implicados, el nexo de Carlos Bobby con Chile, es Yefri, un venezolano que escapó de Santiago en 2024 tras cometer un homicidio. Fue pareja de Bárbara Hernández, la mujer que perdió el teléfono en medio de la matanza. Era mucho más que la anfitriona de las fiestas: era una recaudadora. “Ella ejerce una serie de funciones. Ella mediaba entre Yefri y los distintos comerciantes que se dedican a hacer estos eventos nocturnos”, señaló el fiscal. Entre las víctimas, hay varios locatarios del barrio Bellavista, en Santiago, un sector de bares y discotecas.
El grupo criminal tenía un WhatsApp masivo, del que era parte Hernández, donde ingresaban a las personas que se dedican a la organización de eventos. Allí les exigían fecha para realizar los pagos. El ‘compromiso’ venía por etapas. Primero, los comercianes eran signados como “alineados” con la banda y empezaban a pagar las cuotas. Pero, si no accedían, “pasaban a una etapa más violenta”, explicó el fiscal, y empezaban las extorsiones y las amenazas. “Vale decir, lo que le dicen finalmente a los organizadores es: si no nos pagas, lo que vamos a hacer es cometer hechos al interior de los locales nocturnos, como lesionar o matar a alguien para que no concurran a esos eventos y así se les vaya la clientela”.
Una de esas víctimas fue una persona colombiana, que había asistido a una fiesta y que no tenía ningún vínculo criminal, pero recibió una balazo, percutado desde un automóvil.
Carlos Bobby Gómez es uno de los varios líderes del Tren de Aragua que han pasado por Chile. Se suma Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, detenido en Colombia en julio de 2024 y quien en Santiago, donde llegó en 2018, en paralelo a sus delitos montó un negocio en el centro de Santiago, el Arepa Express. Es cofundador de la organización criminal junto al hoy prófugo Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero. Ambos estuvieron presos en la cárcel de Tocorón.
Según ha dicho este lunes a Radio ADN Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, el golpe que ha dado la Fiscalía chilena “sería la operación de lavado de dinero relacionada con el Tren de Aragua más grande desmantelada en Latinoamérica», lo que “también habla del crecimiento de sus negocios criminales”. Y agregó: “Sería muy interesante que pueda surgir de esta investigación un probable lazo de ese dinero [los 85 millones de dólares] con Guerrero”.
Ana María Sanhueza, El País



