Cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el lunes 20, las deportaciones serán prioridad. Ha prometido las expulsiones más numerosas en la historia del país. Stephen Miller, quien será jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, y Tom Homan, quien se encargará de la política migratoria, quieren usar a las Fuerzas Armadas. Trump ha citado como inspiración la “Operación Espaldas Mojadas”, una controversial campaña aplicada en los años 50, que registró alrededor de 1.1 millones de deportaciones.
Expertos estiman que actualmente hay en ese país 10 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados, que representan el 6% de la fuerza laboral. Muchos están en los sectores construcción y agropecuario, así como en restaurantes. California, Florida, Nueva York y Texas albergan a casi la mitad. Las consecuencias económicas de la deportación de esta población –total o, lo que es más probable, parcial– pueden analizarse en tres dimensiones: empleo, precios y finanzas públicas.
Las deportaciones suelen ser consideradas un aliciente para los trabajadores estadounidenses. Por ejemplo, Miller dice que crearán empleos y elevarán salarios. Pero eso depende de si los indocumentados sustituyen o complementan el trabajo de los nacidos en el país. La evidencia indica que se trata de lo segundo.
Un estudio de Chloe East, de la Universidad de Colorado, y coautores, halló que durante el Gobierno de Barack Obama, por cada once expulsados del país, se perdió un empleo estadounidense. Y una investigación del Instituto Peterson de Economía Internacional contiene hallazgos similares. Sus autores estiman que deportar 1.3 millones de trabajadores ocasionará que el empleo caiga 0.6% de manera permanente.
La producción sufrirá un golpe más fuerte. “Los inmigrantes indocumentados no solo suministran empleo, sino que son un ingrediente crucial para la producción”, explica Michael Clemens, de la Universidad George Mason. Alguien tiene que empacar comida marina o cosechar a mano pepinillos para preparar ensalada griega. Pero es raro que los estadounidenses estén dispuestos a aceptar tales ocupaciones con los salarios que se ofrecen.
Durante la pandemia, el Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas realizó un sondeo para determinar cuántos estadounidenses sin empleo aceptarían cerca de 100,000 puestos agrarios estacionales, que fueron promocionados vía un programa federal. En el pico de la crisis, apenas 337 presentaron su solicitud. Hoy, la tasa de empleo de nacidos en el país, entre 25 y 45 años de edad, está en un máximo de décadas, además que la población envejece. Eso significa que la escasez laboral se agravará.
Los cuellos de botella en la oferta tienden a elevar los precios, pero el impacto por sector varía. El agro es especialmente vulnerable. Un reporte de la Universidad de California estima que casi un millón de los 2.5 millones de trabajadores agrarios en el país son inmigrantes indocumentados. Dependen particularmente de ellos las granjas lecheras y avícolas, que no pueden usar visas de trabajo estacionales.
Esta pérdida podría ser contrarrestada con mayor automatización, o los consumidores podrían optar por sustitutos importados. Clemens, Ethan Lewis, de Darmouth College, y Hannah Postel, de la Universidad Duke, determinaron que, en los años 60, la exclusión de 500,000 jornaleros mexicanos generó mayor mecanización agraria. Pero los robots siguen sin equipararse a los humanos cuando hay que cosechar frutas. Hoy, la consecuencia sería mayores costos o el aumento del déficit comercial, algo intragable para Trump.
También es probable que suban los costos de vivienda. A diferencia de las empresas de alimentos, las constructoras tienen menos alternativas. Hay alrededor de 1.5 millones de trabajadores indocumentados en el sector, el cual ya está bajo presión ante las altas tasas de interés. Si bien las deportaciones podrían reducir la demanda habitacional, según una investigación de Troup Howard, de la Universidad de Utah, y coautores, las expulsiones durante el Gobierno de Obama exacerbaron la escasez de viviendas.
Con respecto al costo fiscal, las deportaciones masivas sobrecargarán las finanzas públicas. Los indocumentados son inelegibles para la mayoría de beneficios federales directos, como Obamacare, vivienda social o programas de asistencia; pero contribuyen al fisco vía impuestos a las ventas y a la planilla. Y muchos también pagan impuestos a la propiedad, a través de alquileres.
Los efectos fiscales van más allá de las contribuciones directas. Los inmigrantes impulsan la oferta laboral y la producción, elevando el ingreso imponible y las ganancias empresariales. La Oficina Congresal del Presupuesto estima que el reciente aumento de la inmigración reducirá el déficit fiscal federal en US$ 900,000 millones en 2024-2034, debido a mayor recaudación y crecimiento económico. Expulsar a esos trabajadores encogerá la base tributaria, pese a que las obligaciones de gasto público seguirán intactas –o sea, desequilibrio fiscal–.
Traducido para Gestión 16/1/25 por Antonio Yonz Martínez © The Economist Newspaper Ltd, London, 2024
