El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) expresó su preocupación por la propuesta de ampliar la concesión de Cálidda mediante una adenda y sostuvo que la expansión de la infraestructura de gas natural hacia el centro y sur del país debe realizarse bajo condiciones de transparencia, competencia y seguridad para las inversiones.

A través del Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, el gremio señaló que reconoce la necesidad de acelerar la masificación del gas natural, pero cuestionó que nuevos proyectos puedan incorporarse a una concesión existente sin un proceso competitivo.

El documento fue suscrito por el decano nacional del CIP, Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar, y la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Ing. Maribel Flora Fernández Rengifo, y lleva fecha del 13 de octubre de 2026.

Uno de los principales argumentos del Colegio de Ingenieros es que una adenda debería utilizarse para corregir o modificar aspectos de una concesión existente y no para incorporar nuevos proyectos que se encuentren fuera de su ámbito original.

Según el pronunciamiento, cuando una modificación contractual incorpora nuevos proyectos fuera de la concesión, el mecanismo debería ser evaluado bajo un proceso competitivo. El gremio califica esta situación como una entrega directa de proyectos y plantea que la expansión de la infraestructura debe realizarse mediante concursos públicos competitivos.

El CIP también sostiene que modificar la naturaleza de un contrato BOOT tendría efectos sobre otros contratos de características similares que se encuentran vigentes y que llegarán a término en los próximos años.

En ese contexto, advierte que una modificación contractual podría generar un precedente para futuras solicitudes de ampliación de concesiones.

Otro de los puntos planteados por el Colegio de Ingenieros está relacionado con la tasa de descuento utilizada para evaluar las inversiones.

El pronunciamiento señala que Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) se constituyeron bajo tasas de descuento de 12%, cuando el Perú registraba niveles de endeudamiento similares a ese porcentaje a comienzos de la década de 2000.

El gremio contrasta ese antecedente con el costo de financiamiento que atribuye actualmente a los bonos soberanos peruanos, que se encuentra por debajo del 5%.

A partir de ello, el CIP sostiene que las condiciones financieras de nuevos proyectos deberían ser revisadas y que no correspondería trasladar tasas superiores a proyectos que, de acuerdo con su posición, sean asignados sin un proceso competitivo.

El CIP también menciona la posición de organismos técnicos respecto a la inexistencia de valor residual y sostiene que la infraestructura existente ya estaría siendo remunerada mediante las tarifas hasta 2033.

El pronunciamiento introduce además una discusión sobre los contratos bajo el esquema BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) y su relación con las tarifas que pagan los usuarios.

El Colegio de Ingenieros sostiene que cambiar las condiciones de un contrato de este tipo puede tener efectos sobre los contratos BOOT vigentes y plantea que debe evaluarse el impacto económico de las nuevas condiciones sobre los usuarios.

El documento hace referencia específicamente a un posible subsidio cruzado entre los usuarios de Lima y Callao y los usuarios de las nuevas regiones donde se pretende ampliar la masificación del gas natural.

Para el gremio, este aspecto requiere ser analizado dentro de la estructura tarifaria y de las condiciones económicas de la expansión de la infraestructura.

CIP invoca procesos competitivos para la expansión del gas natural

El Colegio de Ingenieros también plantea que la Constitución establece las licitaciones como regla general, particularmente cuando se trata de servicios públicos.

Desde esa perspectiva, el gremio sostiene que la ampliación de la infraestructura de gas natural debería permitir la participación de empresas e ingeniería peruanas mediante mecanismos competitivos.

La posición del CIP no cuestiona la necesidad de ampliar la cobertura del gas natural. Por el contrario, el pronunciamiento reconoce la urgencia de avanzar con la masificación en el centro y sur del país, pero plantea que esa expansión debe realizarse bajo procedimientos que permitan comparar alternativas de inversión, costos y condiciones contractuales.

CIP pide que decisiones se sustenten con evaluaciones técnicas independientes

En la parte final del documento, el CIP plantea que no se apruebe la ampliación en los términos propuestos y que la masificación se realice mediante concursos públicos competitivos.

Entre sus pedidos incluye que los procesos consideren empresas con solvencia técnica y financiera, además de garantías de cumplimiento.

Asimismo, propone evaluar de manera separada la construcción y la operación de la infraestructura.

Finalmente, solicita que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Osinergmin sustenten sus decisiones en evaluaciones técnicas independientes.

El pronunciamiento concluye planteando que la expansión del sistema energético debe considerar mecanismos de transparencia, competencia y garantías de inversión.