El Estado chileno aún no ha reconocido adecuadamente su responsabilidad hacia las víctimas, recalcó la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, en Santiago de Chile, durante la presentación del Informe de la Misión de Observación en la antigua Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera.
Según la evaluación del Instituto Estatal de Derechos Humanos (INDH), los crímenes cometidos en el antiguo asentamiento de Colonia Dignidad en Chile constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El informe sostiene que «pocas veces se ha observado en la historia del país un caso en el que se planteen tantas y tan diversas denuncias, en un período tan extenso y que involucra la vulneración de la casi totalidad del catálogo de derechos humanos».
Ante esta situación, «el Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz», resalta el documento. Además, «pese a las diversas medidas adoptadas por el Estado, en la actualidad no se ha realizado un reconocimiento oficial de la calidad de víctimas de violaciones de derechos humanos» en el enclave.
Antes, durante y después de la dictadura
Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el predicador laico Paul Schäfer, quien huyó de Alemania debido a acusaciones de abuso sexual. El trabajo forzoso, la violencia y el abuso sexual eran comunes en el aislado asentamiento. Durante la dictadura militar chilena, de 1973 a 1990, el lugar sirvió como centro clandestino de tortura.
El documento recuerda que los abusos cometidos por Schäfer «continuaron hasta su fuga en 1997». Y señala además que «a 35 años del retorno a la democracia, se constata que el conjunto de medidas políticas y administrativas no estuvo dirigida al reconocimiento de las afectaciones (…) de las personas que vieron impactadas sus vidas por (…) Colonia Dignidad, a través de su jerarquía y parte de sus integrantes».
Recomendaciones al Estado
Con el informe del INDH, la institución estatal chilena se proclama pionera en denunciar las atrocidades y tipificarlas como delito. El documento, de 206 páginas y aprobado por unanimidad por el consejo del INDH, recomienda al Estado la creación de una comisión que conozca las vulneraciones en el enclave desde su creación.
Entre otras recomendaciones, el informe isnta a «buscar mecanismos para garantizar el acceso a la información relacionada con violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que actualmente está restringido por la cláusula de secreto de la ley 19.992». Esta normativa, de diciembre de 2004, dispone el secreto de documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, aclara la web del INDH.
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