La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en pisos de seis comunidades autónomas tras ser captadas en Colombia con falsas promesas de trabajo y adquirir una deuda que podía ascender a los 8.000 euros.

Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Policía, gracias a esta operación se ha conseguido liberar a 18 mujeres, mientras que de los cinco detenidos en Bilbao (3) y Gijón (2), dos han ingresado en prisión provisional.

Además, se han realizado siete registros domiciliarios y se ha ordenado la clausura judicial de seis inmuebles.

La denuncia de una de las víctimas

La investigación comenzó en septiembre de 2024, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander, donde terminó siendo explotada sexualmente.

A partir de esta declaración, los agentes iniciaron las investigaciones que permitieron identificar una estructura criminal inicialmente compuesta por cinco individuos que, con el tiempo, evolucionó hacia tres ramas independientes, cada una con autonomía para continuar las actividades delictivas, pero manteniendo colaboración entre ellas.

Su actividad era itinerante y gestionaban pisos de forma temporal o estable en Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).

En situación de extrema vulnerabilidad en su país

Las víctimas, que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas. Les prometían trabajos bien remunerados o mejoras económicas en España y, una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.

Al llegar a España, las mujeres recibían instrucciones para llegar a las ciudades donde serían explotadas. Allí, les retiraban el pasaporte y les informaban de una supuesta deuda contraída con la organización, que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros —aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros—, y que debía ser saldada a través de servicios sexuales.

Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50 % del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización.

Explotadas y maltratadas

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, sin posibilidad de negarse a atender a los clientes, y eran sometidas a una rotación quincenal entre los pisos que controlaba el entramado, lo que dificultaba su asentamiento y aumentaba su vulnerabilidad.

La investigación también desveló que las víctimas sufrían agresiones físicas cuando se negaban a trabajar, incluso por razones de salud. Además, la organización les obligaba a consumir sustancias estupefacientes para aumentar el tiempo de prestación de servicios sexuales, y ofrecía dichas sustancias como gancho en los anuncios publicitarios que utilizaba para captar clientes.

La red también obligaba a las víctimas a abrir cuentas bancarias en su nombre, que luego eran utilizadas para mover el dinero de forma encubierta.

Durante la operación policial se llevaron a cabo registros en siete inmuebles, donde se intervinieron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. Además, fueron bloqueadas 10 cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar los beneficios obtenidos de la explotación sexual.

efe.com