La propuesta genera controversia por la decisión de la Comisión de permitir que se consideren las medidas como potenciales sanciones políticas y no solo comerciales, lo que dificultaría su aprobación
La Comisión Europea ha presentado a los Estados miembros tres “opciones” para restringir o incluso impedir el comercio de la UE con los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino. Es una medida que han emprendido ya de manera individual países como España y cada vez más capitales europeas la están reclamando ante la creciente situación de violencia de los colonos extremistas en Cisjordania y la expansión de las colonias, auspiciadas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Según el análisis de Bruselas, las vías pasan por, bien crear un sistema de licencias para los bienes de los asentamientos, imponer aranceles “prohibitivos” o, directamente, prohibir las importaciones de las colonias.
Aunque el documento responde técnicamente a la demanda de los Veintisiete, la vía que abre Bruselas en su argumentación de las “opciones” a la eventual necesidad del casi imposible voto por unanimidad para su aprobación ha empezado a soliviantar a no pocas capitales, que temen que esto sea utilizado para provocar de nuevo el inmovilismo político de la UE en la región.
El documento altamente restringido, que adelantaron medios de Bruselas como Euractiv o EUObserver y que también ha podido consultar EL PAÍS, será discutido por los ministros de Exteriores en su próxima reunión en la capital belga este lunes. No es más que un paso muy inicial: como mucho, coinciden fuentes diplomáticas y comunitarias, de esa cita podría salir un acuerdo para pedirle a la Comisión que convierta alguna de esas “opciones” en una propuesta concreta y mucho más elaborada, con todos los detalles técnicos e implicaciones, aunque en una fecha aún por concretar. No es un paso imposible, puesto que para ello solo se requiere mayoría simple —14 de 27 Estados miembros—, pero ninguna capital se atrevía este viernes aún a apostar en firme a que se logrará dar siquiera ese paso en el encuentro de ministros.
La primera opción presentada, crear un sistema de licencias, implicaría que cualquier empresa que desee importar mercancías procedentes de los asentamientos deba solicitar una licencia y que las autoridades nacionales comprueben que dichas mercancías cumplen la norma de origen aplicable. Según la propia Comisión, se requeriría un “cuidado añadido” para asegurarse de que la medida no afecte a productos genuinamente palestinos. Además, advierte de que es un sistema “vulnerable a las elusiones” mediante un etiquetado confuso o la mezcla de productos israelíes y de asentamientos antes de ser exportados.
La segunda alternativa pasa por imponer aranceles “prohibitivos” a los productos originarios de los asentamientos ilegales, es decir, subirlos tanto que ya no tenga sentido su importación y, de facto, eliminarlos del mercado europeo. Con todo, también tiene su contra, reconoce la Comisión: la posibilidad de que Israel compense directamente el coste extraordinario —de hecho, ya tiene en marcha un sistema de reembolso para este tipo de exportaciones a la UE, señala el documento—, con lo que el carácter punitivo de la medida quedaría anulado.
La tercera opción, y la más apoyada por los países que más han reclamado algún tipo de acción contra los asentamientos ilegales porque, argumentan, es la única que responde verdaderamente a su demanda, es, directamente, imponer una “prohibición de importaciones” de dichas colonias. Bruselas indica que la UE podría introducir una prohibición “parcial o total” de la “importación, tránsito, comercialización y distribución de cualquier bien originario de los asentamientos ilegales”. Aunque la medida no tendría un impacto “material” sobre Israel —la propia Comisión calcula que el comercio en la UE de los productos de los asentamientos representó el año pasado alrededor de 75,6 millones de euros de un volumen total de importaciones con Israel de 15.300 millones—, considera que “enviaría un mensaje claro acerca de que las importaciones de los asentamientos ilegales son ilegales per se y no tienen permiso para entrar en la UE”. Con todo, señala el Ejecutivo europeo, sin una manera “eficiente” de identificar el origen de los productos, también esta medida sería relativamente fácil de eludir. De ahí que, en su documento, Bruselas también lance la idea de que habría que revisar cómo evitar la elusión de este tipo de restricciones comerciales.
Los embajadores ante la UE tenían previsto este viernes realizar un primer análisis de las “opciones”. Aunque la medida es un reclamo de larga data de varias capitales, claramente demandado también en el último Consejo Europeo, de mediados de junio, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen ha esperado hasta esta misma semana previa a la cita ministerial para circular el documento, que además contiene un giro que ha enfadado de inmediato a muchos Estados miembros: el documento argumenta que las medidas, a pesar de ser de carácter comercial, podrían ser tratadas como sanciones políticas.
No es una cuestión, para nada, banal. Los países habían pedido, expresamente, propuestas comerciales. El motivo es sencillo: estas requieren de mayoría cualificada —que la apoyen al menos el 55% de los Estados miembros que representan al menos el 65% de la población— para salir adelante. Aunque es difícil lograrlo en vista de los constantes titubeos de muchos países a dar un paso crítico contra Israel, no es del todo imposible. Pero si se trata de sanciones políticas, se exige la unanimidad, que en el caso de medidas de cualquier tipo contra Israel se dan por imposibles vista la negativa rotunda de países como Alemania, Austria o Hungría a dar un paso en este sentido contra el Estado judío, como han demostrado una y otra vez desde el comienzo del último y brutal conflicto israelo-palestino en Gaza, a finales de 2023.
Silvia Ayuso y María R. Sahuquillo desde Bruselas para ElPais.com 10/7/26
