El estado brasileño cortó la Cooperación Jurídica Internacional según anunció la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil en los procesos que involucren a la empresa Odebrecht Ingeniería & Construcción, Latinvest etc. por el uso irregular de la información entregada por la constructora en su proceso de colaboración eficaz (delación premiada). Sería la cuarta y definitiva suspensión.

El fiscal José Domingo Pérez señaló en RPP: «Vamos a esperar la comunicación formal que hagan las autoridades brasileñas. Sin embargo, hemos venido sufriendo la paralización del proceso de cooperación judicial internacional con las autoridades brasileñas …por no solamente por el contenido de la nota periodística en los medios brasileños, sino que también…por un sistemático ataque al proceso de colaboración eficaz aquí en nuestro país».

Se refiere el entrevistado a una denuncia del abogado Luis Alberto Pacheco y que en el Congreso se ha conformado una Comisión Investigadora del acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht. En otras palabras, el Fiscal Pérez que negoció este controvertido acuerdo, reclama para él, la calidad de inimputable.

Esta afectación se debe a que la Fiscalía y el Poder Judicial han puesto de lado los términos del convenio de cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia de Brasil.

La suspensió comunicada por la Secretaria Nacional de Justicia (SNJ) del Brasil, señala que Odebrecht (hoy Novonor) solicita que se esclarezca «el uso irregular de evidencia y el incumplimiento de los acuerdos para recibir cooperación internacional. Si bien esta decisión solo alcanza al caso Odebrecht, se pide que se investigue si el Perú esta cumpliendo sus compromisos en otros casos del proceso Lava Jato.

La SNJ señala que la SUNAT ha señalado que las sentencias del juez supremo federal José Antonio Dias Toffoli anulando que las pruebas remitidas de los servidores Drousys y My Web Day B por haber sido obtenidas rompiendo la cadena de custodia (setiembre 2023); «no tienen efectos para el Estado peruano», conducta que también tendrían las autoridades judiciales peruanas. En noviembre de 2022,  la Procraduría brasileña suspendió la cooperación con el Perú, pero la reanudó tras un nuevo acuerdo con los fiscales peruanos (Adenda 15/12/22). En enero de 2023 hubo una segunda suspensión, pero en septiembre de 2023 se volvió a reactivar, luego de nuevos compromisos de la parte peruana.

En abril de 2024, la PGR volvió a suspender la cooperación con el Perú citando la Convención de las Naciones Unidas contra las Corrupción en la que se establece que el Estado parte solicitando «no transmitirá ni utilizará, sin consentimiento previó del Estado parte requerido, la información o pruebas proporcionadas por este último para investigaciones, procedimientos o actuaciones judiciales distintas a las indicadas en la solicitud» que activó la cooperación.

Novonor señala que repentinamente el Perú ha utilizado la información entregada en el proceso de delación premiada para perseguirla. Además, que las autoridades peruanas han utilizado una declaración del ex superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, en el proceso de arbitraje ante el CIADI reclamando US$ 1.200 millones (iniciado en Londres), relacionado con el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano. Donde Odebrecht únicamente reveló pagos irregulares a privados más no las coimas a funcionarios públicos.

En el proceso de arbitraje iniciado en Londres, Odebrecht-Novonor reclama una indemnización por las inversiones realizadas en el proyecto del Gasoducto, que presentaba un avance del 30% antes de su paralización El Poder Judicial del Perú está ad portas de iniciar el juicio por corrupción en la licitación para la construcción y operación del ducto para transportar gas al región sur del país.