Estuvo al rojo vivo la mañana del miércoles 27, ante en las audiencias ante lel pleno del Tribunal Constitucional (TC): la primera del habeas corpus de Keiko Fujimori, que duró más de dos horas, y la segunda de demanda de amparo de Jaime Yoshiyama, que duró media hora. Si el TC declara fundado los habeas corpus, se archiva el Caso Cócteles (aportes a la campaña electoral de Keiko Fujimori del 2011 y 2016), o regresa a la etapa de investigación preparatoria para que se completen pedidos de la defensa que quedaron inconclusos por el apuro del Fiscal José Domingo Pérez Gómez de presentar la acusación en plena campaña eñectoral de 2021 para perjudicar la candidatura de Keiko Fujimori.

La audiencia de Keiko Fujimori ee la segunda que se realizaba sobre el mismo caso, pero en esta ocasión, fue invitado como representante del Ministerio Público, el fiscal Pérez del Equipo Lava Jato, para que tenga la oportunidad de sustentar su acusación. También expusieron, en contra de la demanda de habeas corpus, la procuradora del Poder Judicial, Mayra Mercedes Choque Acuña, y el procurador del Ministerio Público, Reynaldo Miranda Wong, aunque este último, solo tuvo una breve intervención. Los abogados de Keiko Fujimori fueron Giulliana Loza Ávalos y Percy García Cavero, aunque Loza se limitó a una breve exposición y a presentar a García Cavero, sobre quien pesó la parte constitucional de la defensa.

El fiscal Pérez rompió fuegos indicando que la defensa de Keiko no niega que recibió aportes de Odebrecht un millón de dólares y que recibió un total de aportes por US$ 12 millones durante las campañas del 2011 y 2016. Para el fiscal, “es un debate agotado” el de definir si el dinero recibido para aportes de campaña es o no es lavado de activos. “Si el origen del aporte al partido político se esconde, se camufla, porque proviene de un delito, eso es un delito”, señaló el fiscal, advirtiendo, en modo de amenaza, que el fallo del TC, tendrá implicancia en otros casos similares, como el de Susana Villarán.

La procuradora Choque señaló que anteriormente, el TC ha declarado improcedente los habeas corpus presentados cuando el proceso ya está en juicio y todavía no hay una sentencia condenatoria ni un mandato de detención. Dice que se ha identificado “pitufeo” mediante falsos aportantes. El procurador Miranda señaló que parte de la demanda es cuestionar el tipo penal por el cual es acusada, por una cuestión de forma, en un juicio que recién va a empezar, por lo que la demanda de habeas corpus debe ser declarada improcedente.

Giulliana Loza de la defensa, preguntó al pleno: «¿Puede el Estado, a través de un proceso penal, ignorar el principio de legalidad penal y mantener procesada, inconstitucionalmente, a una persona sobre hechos que no configuran delito o que no fueron delito al momento de la supuesta comisión? Evidentemente, la respuesta de carácter constitucional es que no. Sin embargo, a la señora Fujimori se mantiene en esa situación por más de 10 años», agregando que la cuestión central es “la persistencia del agravio”, que sigue presente, detallando que Keiko Fujimori tuvo una detención preliminar de 10 días que fue declarada nula, una prisión preventiva de 36 meses que fue anulada por el TC y otra prisión preventiva de 36 meses anulada por la Corte Suprema, por lo que hay una “amenaza permanente”. Argumentó finaalmente que “ningún ciudadano puede ser investigado por hechos que no son delitos” y resaltó que la vía ordinaria no ha sido suficiente para reparar el agravio.

Defendió la demanda de habeas corpus con éxito, el abogado Percy García Cavero.

El abogado Percy García Cavero explicó didacticamente que existen tres etapas en el delito de lavado dinero, el primero de los cuales es comprar acciones, colocar en un banco, etc. La segunda es el ensombrecimiento el origen delictivo, que son diversas operaciones para ensombrecer el origen ilícito de los activos. La tercera etapa es la reintegración, que consiste en poner en poder del propietario los activos aparentemente, ilícitos.

Explicó que durante las campañas electorales del 2011 y del 2016 en el Perú solo estuvo criminalizado «el delito de lavado de activos de proceso», pero no de receptación patrimonial. Señaló que en noviembre 2016 se emitió la ley para incorporar “con claridad, el delito de lavado de activos de receptación patrimonial”, que se le imputa a Keiko Fujimori por recibir donaciones en las campañas electorales del 2011 y 2016. “¿Ha habido un acto de camuflaje u ocultamiento? La respuesta es no”. Detalló García que “hay una infracción administrativa electoral… Sin un acto de encubrimiento o ensombrecimiento, no hay lavado de activos”.

En su breve segunda intervención, la abogada Loza resaltó que contra Keiko Fujimori «hay una nueva acusación”, con un menor número de acusados, pero, que elevó el pedido de prisión a Keiko Fujimori de 30 a 35 años, por lo que “el agravio no solo se mantiene, sino se esfuerza negativamente, contra la señora Keiko Fujimori”.

El abogado Percy García expuso: «Es delito recibir dinero de la corrupción a partir de noviembre del 2016… si fuese desde antes, entonces, los 50 estudios de abogados que trabajaron y recibieron dinero de Odebrecht, IPYS que recibió donaciones; la revista del Poder Judicial, que también recibió un auspicio, dinero de Odebrecht; también habrían recibido dinero de la corrupción y deberían ser procesados penalmente por el delito de lavado de activos. Es mas, ¿acaso RPP está denunciado por el delito de lavado de activos? por haber recibido dinero de la corrupción, porque a través de Keiko Fujimori le llegó dinero no sólo a RPP, sino también le llegó a Latina, y en general a casi todos los medios de comunicación.

Es mas, el señor Dionisio Romero Paoletti, el señor Rassmuss, la CONFIEP, todos tendrían que ser procesados por lavado de activos, porque recibieron dinero de la corrupción ¿Acaso hace eso ha hecho el Ministerio Público? No, se olvida de los que aportan y también se olvida de los que reciben, se concentra en el partido político y eso es un análisis, por lo menos que no es técnico… Y la reintegración ¿Ha planteado acaso el Ministerio Público, por lo menos un plan, de como se iba a reintegrar? ya no digo como hecho, como plan ¿cómo se iba a reintegrar eso a Odebrecht? ¿cómo se iba a reintegrar a eso a Romero? ¿cómo se iba a reintegrar a eso a Rassmuss? ¿cómo se iba a reintegrar a eso a la Confiep? porque ese es el proceso, uno ensombrece, coloca y reintegra» .

El magistrado César Ochoa preguntó que la persona quien recibió dinero sabía que ese tenía origen ilícito: “si se recibe dinero de manera clandestina y se conocía o podía conocer que Odebrecht tenía una lavandería… ¿se presume que hay una lavandería? ¿un delito fuente?” El abogado García respondió que el dolo determina el delito, y, que en el 2011 nadie conocía que Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas.

El doctor Ochoa preguntó al fiscal Pérez: “¿conocía la imputada que Odebrecht había estructurado una lavandería de activos?” a lo que el fiscal no solo lo volvió a afirmar, sino señala que lo podría probar en el juicio si es que no mandan el caso al archivo. El fiscal Pérez agregó que cuando Keiko Fujimori fue congresista, archivó una investigación a Odebrecht sobre la carretera Interoceánica Sur, tras lo cual, pidió una donación a Odebrecht. A lo que le preguntaros, si es que había encausado a todos los congresistas que participaron en esa situación.

MAGISTRADO GUTIÉRREZ DEJÓ MUDO A PÉREZ

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse le preguntó al fiscal Pérez: “¿Qué hizo con ese dinero la señora Fujimori? O no es cierto, que con eso pago cuentas de RPP, América TV, Latina y de todos los medios de comunicación… ¿Por qué no se incorpora a los medios de comunicación que recibieron este dinero a este proceso? si también forman parte, en su teoría del caso, en la trama ilegal que se ha orquestado… La cadena delictiva no se agota con el partido, se agota con quién recibió el dinero ¿Por qué no están los medios de comunicación en este caso?”.

A lo que el fiscal respondió: «Tiene usted mucha razón, es dinero no solamente es ilegal, lo que está afirmando la Fiscalía es que es un dinero de procedencia ilícita… la captación del dinero en efectivo y en montos exorbitantes constituye un delito de lavado de activos…» y cómo se iba de largo sin responder, fue cortado por el magistrado Gutiérrez: «Tampoco me responde por los medios señor fiscal, pero ya le entendí…». Por último le preguntó: «si la carretera Interoceánica, en que supuestamente la señora Fujimori otorgó una contraprestación para estos eventos pero, yo entiendo que la señora Fujimori fue parlamentaria del 2006 al 2011, y, estamos hablando que la donación se dio en el 2011. O sea, supuestamente los aportes los recibió después, no antes, de haber salvado a Odebrecht.

El fiscal reiteró que hay un agravante, porque Keiko cuando era congresista, recibió el dinero, pero Gutiérrez repreguntó: “Todos los parlamentarios votaron a favor del contrato con por la Interoceánica… ¿qué tiene que ver la Interoceánica como un elemento del delito de lavado de activos… ?¿fueron los únicos qué votaron a favor los fujimoristas?… ¿acaso los congresistas de los demás partidos no votaron?… ¿por qué no los procesa a todos? ¿por qué no acusa a todos los congresistas que votaron a favor? ¿por qué no denuncia a todo el Congres si todos los que votaron son cómplices”. A lo que el fiscal se limitó a encogerse de hombros, quedándose mudo.

NUEVA ACUSACIÓN, NUEVOS CAMBIOS

El abogado Percy García, señaló que el fiscal ha realizado una nueva acusación con otros cambios. Además aclaró que el «pitufeo» no es colocación, sino ensombrecimiento.

“Su acusación del 2025 ha cambiado, ya no es de tenencia, sino de conversión… Lo que vengo sosteniendo es que el denominado pitufeo, que el Ministerio Público sostiene que se hizo ante la ONPE, no es un acto de ensombrecimiento del origen ilícito. Podrá ocultar quien donó, pero no ensombrecer el origen de los fondos, porque nunca se declaró ante la ONPE la procedencia de los fondos que los falsos aportantes, supuestamente, dijeron que esos fondos tenían», detalló García Cavero.

ACUSO AL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

En el caso de Jaime Yoshiyama contra el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria y la Segunda Sala de Apelaciones Nacional , solo expuso el abogado Humberto Abanto por la defensa.

Abanto detalló que la defensa de Yoshiyama pidió las declaraciones de tres funcionarios brasileños de Odebrecht involucrados en la transferencias de dinero, pero pasaron los meses, vino la pandemia y no se realizaron las diligencias. «Teníamos plazo hasta febrero del 2022 para la investigación, contabamos con 11 meses para poderlas llevar adelante… ¿qué pasó en marzo del 2021? se cerró súbitamente la investigación», curiosamente en marzo del 2021 coincidiendo con la campaña eñectoral, por lo que el Ministerio Público cerró la investigación sin recabar la información pedida por la defensa. Abanto pide que se cumpla con realizar estas diligencias, regresando el caso a la etapa de la investigación preparatoria, en donde se puede demostrar, en igualdad de armas entre la fiscalía y la defensa, que su cliente no recibió ningún dinero de Odebrecht.