Cuando Aenza S.A.A. todavía se llamaba Graña y Montero S.A.A., firmó un convenio en que no demandaría al Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano, pero esto no significaba que pueda recibir indemnizaciones del Estado por litigios realizados a través de terceros.
Graña y Montero -hoy Aenza- tenía el 20% de las acciones del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP). Tanto Odebrecht -hoy Novonor- (55%), como la española Enagás (25%), han demandado al Estado en el CIADI. Aenza no lo ha hecho, pero sí el GSP.
El GSP tenía la concesión para construir un gasoducto desde los yacimientos de Camisea hasta Ilo y Matarani. Opcionalmente, podía construir un ducto de líquidos de gas natural (de donde se obtiene GLP y gasolina) y un ducto de etileno (para la petroquímica). El Estado le quitó la concesión en el 2017, después de que el consorcio no podía obtener financiamiento por la involucración de Odebrecht en el Caso Lava Jato.
El GSP entró en liquidación, pues muchos de los proveedores quedaron impagos. El liquidador del GSP es
Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., empresa de Sonia Alva Rodríguez, quien fue administradora del Club Universitario de Deportes en el verano del 2021. Alva Legal fue nombrada a tal cargo por la junta de acreedores del GSP (29/1/24), de la cual, Aenza es presidente. Ha sido Alva Legal, que con la asesoría legal de los estudios de abogados Miranda & Amado y King & Spalding LLP (Miami, USA), demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI (30/7/24), representando al GSP. De esta manera, Alva Legal espera recuperar un monto del dinero para los acreedores del GSP.
Se constituyó el Tribunal Arbitral del CIADI hace un año (18/4/25), presidido por el uruguayo-francés Paul B. Arrighi e integrado por el canadiense Henri C. Alvarez y el mexicano-británico Luis González García ¿Cuándo saldrá el fallo?, por como avanza las cosas, tal vez el 2027 o 2028.
Resulta que los estados financieros de Aenza, indican que la compañía espera recibir un monto de dinero de este arbitraje. Los estados financieros (EEFF) consolidados 2025, auditados por KPMG, indican que Aenza tiene una cuenta por cobrar «neta de provisión por recupero a GSP por US$63.9 millones», que es un monto equivalente a S/214.4 millones. Los EEFF financieros al primer trimestre del 2026, indican que los US$63.9 millones equivalen a S/222.6 millones.
Los EEFF consolidados 2025 de Aenza señala: «En el año 2018, con respecto al monto a ser recuperado por GSP, la Compañía asumió la recuperación del monto mínimo establecido en el Contrato de Concesión, que es equivalente a 72.25% del Valor Contable Neto (VCN) de los activos de la Concesión. Este monto representaba el pago mínimo a ser obtenido por GSP sobre la base de la subasta pública que se organizaría para la adecuada transferencia de los activos de la Concesión a una nueva concesionaria, de acuerdo con los términos y condiciones contractuales correspondientes. A partir del 2019, el estimado de recuperación del VCN considerado por la Gerencia es de 50%, considerando los términos incluidos en el Acuerdo de Colaboración y Beneficio y se consideró un plazo total de ocho años (8), que incluía la conformación de la Junta de Acreedores, aprobación del plan de liquidación, presentación de la demanda arbitral, así como todo el proceso de arbitraje».
De esta forma, Aenza podría recuperar US$63.9 millones de su inversión en el GSP.
