El último 29 de noviembre, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston (Backus) informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que junto con su principal accionista, AB InBev, «han presentado el día de hoy una petición arbitral contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, en el marco del Tratado celebrado entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República del Perú para la Promoción y Protección de Inversiones de 1993 (Perú – UK BIT)».
Según Backus, el objeto de la demanda es obtener una indemnización de daños sufridos por incumplimientos del Perú – UK BIT: «Los referidos incumplimientos se derivan de ciertos actos y omisiones relacionados con las medidas fiscales que el gobierno llevó a cabo, lo que resultó en procesos de cobro por supuestas deudas tributarias y la denegación de solicitudes de reembolso de impuestos, conforme ha sido previamente informado al mercado. Los referidos actos y omisiones del gobierno constituyen un
claro incumplimiento al derecho internacional».
Es conocido que Backus tuvo largas disputas con la Sunat por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). El 13 de agosto pasado, se conoció que el Tribunal Fiscal (TF) emitió la Resolución N° 06979-3-2024 que determinó que se mantienen los reparos por concepto de ISC y no proceden las solicitudes de devolución
presentadas por Backus por el ISC de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, enero a diciembre de 2017 y enero a junio de 2019, y las Resoluciones de Multa. la Resolución de Ejecución Coactiva N° 011-006-0068877 ponía en cobranza la suma de S/ 733,565,252. El 14 de agosto pasado, se conoció la Resolución N° 06993-9-2024 del TF, similar al anterior, que declaró infundado las solicitudes de devolución del ISC de enero a diciembre de 2016 y enero a diciembre de 2018, y las Resoluciones de Multa, que sumaban S/ 885,258,528. En total, S/ 1,619 millones.
Fuera de eso, Backus señala en sus estados financieros al 30 de septiembre, que si tuviera éxito en su potencial la disputa judicial contra la Sunat por las resoluciones del TF mencionadas, «se devolvería lo indebidamente pagado por concepto ISC e IGV. En caso de un resultado desfavorable, se estima una posible pérdida de S/1,914 millones. Sin perjuicio de las acciones legales que emprenda, la compañía desembolsará fraccionadamente los importes bajo controversia».
