Después de mucho tiempo y anunciarlo semana a semana, por fin el viernes 22, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó el proyecto de la Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal). Como la legislatura acaba en la quincena de diciembre, muchos analistas políticos indican que sería difícil que el Congreso aprueba la Ley MAPE antes de que acabe el fin de año. Lo peor de todo, es que el Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo (que debería se reemplazada por la Ley MAPE), ya no sería ampliada por el Congreso y se vence el 31 diciembre próximo.
Mayra Figueroa, directora general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas – Minem, señala: «Este proyecto de ley está orientado a que cualquier persona natural o jurídica que quiera desarrollar actividad de pequeña minería y minería artesanal lo puede hacer cumpliendo con las condiciones establecidas en la norma. Quiere decir que no necesitas estar inscrito en un Reinfo, sino del cumplimiento de las condiciones que en la ley se van a poner para efectos que puedan desarrollar actividad minera y se establece una transitoriedad desde que se publica, quiere decir que se le otorga un plazo a las direcciones regionales para que puedan tramitar todos los expedientes pendientes de seis meses este plazo, luego de los cuales tienen 60 días hábiles y lo remiten al Ministerio de Energía y Minas para que pueda culminar con los procesos encaminados respetando el marco legal vigente».
El proyecto de Ley MAPE ha sido observado por muchos congresistas y hay dos bancadas que promueven la censura del ministro Mucho: Fuerza Popular y Podemos, quienes están a favor de prorrogar el Reinfo o apoyar una nueva ley similar al Reinfo y existen en el Congreso, seis proyectos de ley para su ampliación.
Según la moción de censura que circula en los medios, el proyecto de ley «en lugar de ofrecer una verdadera vía hacia la formalización, se limita a crear una maraña de requisitos y procedimientos que mantendrán a miles de pequeños mineros en la informalidad… volver a delegar la supervisión y fiscalización en los gobiernos regionales es insistir en un modelo que ha fracasado durante más de 20 años».
Parece que se alcanzan las 33 firmas necesarias para la censura y su votación en el pleno del Congreso sería la próxima semana.
