La cancillería creó la Representación Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con sede en la ciudad de Roma, mediante la Resolución Suprema N° 163-2026-RE (22/9/26). Ptro gasto superflúo. Alquiler de locar en Roma y contratación de burocracia dorada en Europa.
Según la resolución: «la representación del Perú ante los referidos organismos es ejercida en la actualidad de manera concurrente por la Embajada del Perú en la República Italiana, la cual, asimismo, atiende la relación bilateral con dicho Estado y las concurrencias ante las Repúblicas de Malta y de San Marino… la diversidad, complejidad y creciente especialización técnica de los asuntos que se abordan ante la FAO, el PMA y el FIDA hacen necesaria una presencia diplomática exclusiva que asegure su seguimiento especializado y la continuidad institucional correspondiente».
Para tal cargo, se nombró a una íntima amiga del ministro de Agricultura Marco Vinelli y de la expresidenta Dina Boluarte, la exministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras Álvarez (Resolución Suprema N° 149-2026-RE), quien espera la resolución ministerial que fije la fecha para que asuma sus funciones.
Contreras es recordada como la ministra que retrasó inexplicablemente, la compra de 86 camiones volquete marca Shacman (Orden de Compra Nº 0000147 del 28/9/23 por la suma de S/ 45.696.444), que hubieran servido, con oportunidad, para mitigar los desastres que originarán las lluvias y huaicos que se vienen por el Fenómeno El Niño. Dichas unidades, fueron adquiridas de urgencia por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a cargo entonces del biólogo Juan Carlos Castro Vargas -otro ratificado en el ANA, que fue ministro de Ambiente en el Gobierno de Boluarte-, y debían ser trasladadas a los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes e Ica, pero al final, retrasaron la adquisición que ya contaba con la buena pro, argumentando extemporáneamente nuevos requisitos, en una maniobra que se ha generalizado en la administración pública con fines insospechables.
