Organizar una movilización que congrega a decenas de miles de personas requiere meses de planificación. Con ese objetivo, el Colectivo Marcha del Orgullo de Lima inició en noviembre de 2025 las gestiones para la edición 2026. Sin embargo, durante los siguientes siete meses, el proceso estuvo marcado, según la organización, por respuestas tardías, observaciones y decisiones de último momento que comprometieron la logística del evento.

Las primeras dificultades se presentaron durante las coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima para definir el recorrido y el espacio del acto cultural de cierre. Aunque el colectivo inició los trámites con varios meses de anticipación, las respuestas se prolongaron durante gran parte del proceso, reduciendo el tiempo disponible para completar las gestiones ante las demás instituciones involucradas.

Posteriormente, durante el procedimiento ante el Ministerio del Interior para autorizar el espectáculo artístico de cierre, el colectivo recibió observaciones sustentadas en la supuesta ausencia de un informe de inspección técnica de seguridad emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, la organización sostiene que dicho informe ya había sido debidamente obtenido y presentado como parte del expediente. En ese sentido, considera que la observación carecía de sustento fáctico y retrasó injustificadamente la tramitación del procedimiento.

Como consecuencia de estas demoras, la conformidad del Ministerio del Interior fue comunicada recién el viernes a las 9:36 p. m., pocas horas antes del inicio del montaje de escenarios, equipos de sonido, estructuras y demás elementos necesarios para una actividad que congregó a miles de personas.

El colectivo también denunció que, durante estas gestiones, Tilsa Vásquez, vocera de la organización y mujer trans, sufrió un presunto acto de discriminación por parte de personal administrativo del Ministerio del Interior mientras realizaba los trámites correspondientes. Según informó la organización, ya se vienen impulsando las acciones necesarias para formalizar la denuncia.

Las dificultades, sostiene el colectivo, continuaron el mismo día del evento. Entre ellas, trabajadores municipales comenzaron a pintar la avenida de la Peruanidad cuando el espacio ya se encontraba acondicionado para la concentración de asistentes, situación que obligó a detener la intervención tras las coordinaciones realizadas con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, el colectivo cuestionó la coordinación del operativo de tránsito. Aunque la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) había anunciado el cierre preventivo de las estaciones España y Quilca del Metropolitano para facilitar el desarrollo de la marcha, una unidad del servicio ingresó al recorrido en la avenida Alfonso Ugarte y terminó cruzándose con la movilización a la altura de la estación España. Según la organización, este hecho fragmentó la marcha y evidenció deficiencias en la coordinación entre las instituciones responsables.

El colectivo añadió que, durante el recorrido, también se permitió el ingreso de vehículos particulares y de transporte público, interrumpiendo la movilización en varias oportunidades y dificultando el desplazamiento de las brigadas de primeros auxilios y de los vehículos de emergencia.

Pese a estas dificultades, la Marcha del Orgullo Lima 2026 reunió una gran cantidad de asistentes, similar a las ediciones anteriores, manteniendo con esto la amplia convocatoria que año tras año convierte a esta movilización en uno de los principales espacios de visibilización, encuentro y defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y sus familias en el país.

Frente a lo ocurrido, el Colectivo Marcha del Orgullo anunció que solicitará la instalación de una mesa de trabajo permanente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las demás entidades involucradas, con el fin de que la organización de futuras ediciones se desarrolle con plazos razonables, criterios técnicos y una coordinación que garantice plenamente el ejercicio del derecho constitucional a la reunión y la manifestación pacífica.

«No pedimos privilegios. Pedimos que las instituciones actúen de manera coordinada, previsible y respetuosa de los derechos ciudadanos para que una movilización pacífica, con más de 20 años de historia, pueda organizarse en condiciones seguras para todas las personas», señaló el Colectivo Marcha del Orgullo.