Desde el Faro
Por: Rafael Hidalgo
Por cuarta vez, la candidata Keiko Fujimori competirá en segunda vuelta por la Presidencia de la República, y por tercera, con un candidato que levanta la bandera contra el modelo económico neoliberal. La primera, Ollanta Humala la venció arropándose en una Hoja de Ruta diseñada por la caviarada limeña, prometiendo rebajar el precio del balón de GLP a S/ 12 y modernizar la Refinería de Talara (US$ 7,500 millones). Y, en la segunda, Pedro Castillo ofreció: “No más pobres en un país de ricos”; no obstante, los niveles de pobreza se elevaron en el período 2021-25 de 25.9% a 27.6% de la población (577 mil peruanos); y, una Segunda Reforma Agraria, pero ni siquiera pudo comprar urea en cuatro intentos “cueste lo que cueste”, para salvar la cosecha de 2022, ante la escasez por la guerra de Ucrania.
Esta vez, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), plantea la anulación de los monopolios (Constitución de 1979), y los contratos-ley; sin embargo, el 99% de ellos ya se ha vencido. El plan, en cuanto a la minería, propone: “La propiedad social a través de cooperativas, de los medios de producción en la pequeña minería y minería artesanal. Las concesiones extinguidas pasarán a control del Estado para ser otorgadas a pequeños mineros asociados en cooperativas. La reducción del tiempo de caducidad de las concesiones, de 30 años a cuatro o cinco años para la pequeña minería y minería artesanal. ¡No a las concesiones ociosas! Que serán entregadas a los pequeños mineros y mineros artesanales asociados en cooperativas…”.
Asimismo, indican que: “la comercialización del oro estará a cargo del Estado, de manera que se controle la trazabilidad de la producción… En terrenos de comunidades campesinas, los parques mineros deben estar a cargo de empresas comunales” (p. 47). Se controlará “la cadena de valor del oro en la pequeña minería y minería artesanal”, con: “Implementación de las plantas de beneficio en los parques mineros…” (p. 48). Declara la intangibilidad de “las cabeceras de cuenca y la Amazonía…” (p. 11). Sobre el abuso del uso del agua propone: “Establecer el canon hídrico, de tal manera que los usuarios (gran minería e industria, sobre todo de las bebidas) que consigan mayor rentabilidad con el uso del agua, como insumo o para sus procesos productivos, financien la seguridad hídrica en las cuencas. Los que ganan más deben pagar más por el agua” (pp. 44-45).
Mientras que Keiko Fujimori, en el Plan de Gobierno 2026-2031 de Fuerza Popular, llamado “Perú con orden”, propone en el sector minería, en los primeros 100 días, la “Aprobación de un paquete de APP y Obras por Impuestos para obras viales, ferroviarias y eléctricas que conecten corredores mineros estratégicos y la publicación del Plan Nacional de Remediación de Pasivos Ambientales, priorizando cuencas altoandinas con riesgo social o ecológico.
Creación de comandos mixtos PNP-FF. AA.-Fiscalía-SUNAT para control de minería ilegal y crimen organizado en zonas críticas” (p. 41). El plan indica que reducirá la carga regulatoria del sector empresarial, aplicando un shock desregulatorio: “que eliminará más de 500 procedimientos administrativos redundantes y unificará normativas dispersas, mediante la creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con Inteligencia Artificial, que permitirá que el 80% de los trámites empresariales se realicen en línea… Con estas medidas, estiman que podrán atraer entre US$ 5,000 y 7,000 millones anuales adicionales en inversiones privadas, generando más de 500 mil nuevos empleos formales en el período de gobierno” (pp. 22-23).
Entre la siniestra y la diestra.
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