Desde el Faro
Por: Rafael Hidalgo
Las demandas de empresas extranjeras contra el Perú, asociadas a procesos judiciales y arbitrajes, representan un monto similar al presupuesto anual de inversión pública: es decir, 5.89 % del PBI del 2024 (US$ 17,325 millones), según el Marco Macroeconómico Multianual 2026-29 (27/8/25). En ellas figuran 22 arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuya pretensión asciende a US$ 6,765 millones, y en menor medida, ante la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI).
Lo más reciente fue el pago a Kuntur Wasi por US$ 91.2 millones del Caso Chinchero (14/1/26) y el laudo por US$ 40.4 millones para Lupaka Gold (Canadá). Se vienen tres arbitrajes que suman US$ 1,941 millones del consorcio de la Línea 2 del Metro de Lima, por demora en la liberación de terrenos y en la aprobación de estudios de ingeniería.
El primero (1/2/17) consiguió un laudo por US$ 456 millones (21/3/24); no obstante, se pidió la anulación parcial, cancelando solo US$ 106 millones.
Los canadienses no se quedan atrás: Brookfield de Rutas de Lima (57 %) presentó una demanda por US$ 2,700 millones (27/3/25), aduciendo que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC) le impiden el cobro de peajes; luego de ganar dos arbitrajes a la Muni Lima por US$ 200 millones en EE. UU., por la suspensión del peaje de Puente Piedra.
Mientras que Bank of Nova Scotia pide una indemnización por la controversia que tuvo con la SUNAT por S/ 482 millones (2021), señalando que el TC fue más favorable con peruanos con demandas similares.
Odebrecht exige US$ 1,400 millones por el Gasoducto Sur Peruano (GSP), como consecuencia de que a los negociadores del Acuerdo de Colaboración (15/2/19) “se les pasó” colocar la cláusula para impedir demandas. Enagás, otro socio, ganó un arbitraje por US$ 194 millones (2023), monto que se incrementó a US$ 302 millones por intereses, pero se ha pedido la anulación.
Sigue Freeport (EE. UU.), accionista de Cerro Verde (55 %), que demandó por US$ 909 millones (16/3/20), reclamando un cobro de impuestos y regalías por la nueva planta concentradora (2006), que la SUNAT señala que no está incluida en su contrato de estabilidad tributaria. Sumitomo (21 %) solicita US$ 176 millones.
El CIADI falló a favor del Perú (20/5/24), pero Freeport ha pedido la nulidad.
Telefónica ha demandado por US$ 1,353 millones (12/3/21) por “actuaciones arbitrarias de la SUNAT”, cuyo retraso en la resolución ocasionó que el 90 % del monto sean intereses.
AB InBev (Backus) reclama el cobro del ISC entre el 2014 y 2019 (23/12/24), pese al fallo del Tribunal Fiscal que ratificó la deuda, por más de S/ 1,600 millones.
Además, hay demandas sin precisar de GSP, Cálidda (Colombia) y Angostura Siguas (España) por Majes Siguas II.
Dos consorcios colombianos que concesionan carreteras demandan por la suspensión del peaje: Deviandes, que opera la Carretera Central, ganó un laudo por US$ 3 millones (2018); en tanto que Covinca, del Desvío Quilca (Arequipa)-La Concordia (Tacna), por el peaje en la Costanera (23/9/21).
También hay demandas de dos mexicanas: TV Azteca y Operadora Ecológica del Titicaca, que suman US$ 147 millones.
En cuanto al CCI (París), Vinci (Francia), de Línea Amarilla, presentó su segunda demanda (10/12/21) por US$ 353 millones sobre desacuerdos con la Muni Lima en el cálculo del peaje. Vinci ganó el primer arbitraje (24/4/24), pero la alcaldía ha solicitado la anulación ante la Corte de Apelaciones, mientras que Quanta (Países Bajos) ya nos ganó US$ 177 millones (14/11/22) por resolver dos contratos de acceso a internet en localidades rurales.
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