Economía

Francia disparó el gasto en ayudas y pensiones mientras recortaba en educación o transporte: ahora la economía está atrapada dentro de un enorme Estado de Bienestar que consume mucho y produce poco

• Francia ha sacrificado la eduación o las infraestructuras por las ayudas
• Seis de cada diez euros del gasto público se destinan ya a protección social
• Casi la mitad de la población reside en un hogar cubierto por al menos una prestación pública

Francia se enfrenta a una situación casi límite. De eso no hay duda. La controversia llega a la hora de buscar la raíz o la causa de esta situación. Una parte de la sociedad o, más bien, del mundo de la política, asegura que la revolución en las calles es producto de los recortes del gasto público en el país vecino. Sin embargo, cuando se atiende a los fríos datos, lo único que se ve en el gasto público de Francia es un Estado y un sector público cada vez más grande. El gasto no ha parado de aumentar ni siquiera con Macron. De hecho, entre 2024 y 2025, el gasto público sobre PIB pasó del 57% al 57,2%. Todo hace indicar que el problema real (algunos países deberían tomar nota) es casi el contrario. El Estado de Bienestar francés se ha vuelto demasiado grande (y quizá ineficiente) para ser sostenible y para permitir que la economía crezca con intensidad y genere prosperidad y satisfacción para todos. El gasto público en ayudas, pensiones o rentas de inserción se ha ido disparado en los últimos 30 años, mientras que las partidas de educación o infraestructura han sufrido recortes en términos reales (descontando la inflación) hasta tener un peso muy reducido dentro del gasto público francés. Francia se ha convertido en el Estado del gasto en protección social… con un impacto cuando menos dudoso para el crecimiento.

Francia lleva tres décadas alimentando una maquinaria de gasto público que parece incapaz de detenerse. Cada crisis económica ha servido para añadir una nueva capa de prestaciones, subsidios y compromisos presupuestarios que, lejos de desaparecer con la recuperación, han terminado convirtiéndose en obligaciones permanentes. El resultado es uno de los Estados del bienestar más grandes del mundo desarrollado, que al mismo tiempo se ha convertido en una trampa de crecimiento. La economía francesa se encuentra atrapada en su propio Estado de Bienestar. Mientras que las pensiones, la sanidad y las transferencias sociales absorben una proporción creciente de los recursos públicos, la educación, el transporte y otras funciones esenciales del Estado pierden peso en el presupuesto (en euros nominales, el gasto aumenta, pero en términos reales y sobre PIB, Francia gasta cada vez menos en educación y más en protección social). Francia ha levantado un formidable sistema de protección social, pero lo ha hecho a costa de reducir el margen para financiar las actividades que deberían sostener su crecimiento futuro.

Esta es la advertencia que lanza Hanno Lustig, profesor de Finanzas de la Universidad de Stanford e investigador del National Bureau of Economic Research (NBER), en un análisis publicado esta semana bajo el título El Estado francés, desplazado por el gasto público. Lustig, que recibió en 2012 un premio de investigación de JP Morgan, resume el problema con una afirmación que debería inquietar a los políticos y la sociedad francesa: «El Gobierno francés no tiene únicamente un problema de gasto». A su juicio, Francia «está gastando demasiado en términos generales, pero podría decirse que no está gastando lo suficiente en las funciones esenciales del Estado». Es decir, el problema no reside exclusivamente en el tamaño del sector público, sino en el destino de los recursos que consume. Una estructura muy grande, pero ineficiente a la hora de generar crecimiento y satisfacción entre la población. El gasto público de Francia, según los últimos datos de Eurostat, alcanzó el 57,2% del PIB, el más alto de toda Europa (región que ya cuenta de media con el mayor gasto público del mundo) junto con Finlandia.

¿En qué gasta tanto dinero el Estado francés? Un dato que aparece cada año en la economía francesa y que revela hasta donde ha llegado el Estado de Bienestar a través de las ayudas es el de los informes anuales y Portraits Sociaux (retratos sociales) que realiza la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) y el Insee (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia). La CNAF detalla de forma sistemática que entre el 47% y el 48% de la población francesa reside en un hogar cubierto por al menos una prestación legal y pública de esta entidad. En los departamentos de ultramar (como Reunion o Martinica), la media de cobertura combinada se eleva hasta alcanzar el 62% de la población debido a una mayor presencia de hogares con bajos ingresos y familias monoparentales. Todo ello con un déficit público desbordado y una deuda pública que alcanza el 120% del PIB, 20 puntos más que España, por ejemplo.

Cabe destacar que La CAF no se limita solo a dar dinero a personas con hijos. Sus competencias cubren cuatro pilares fundamentales de la protección social como son el acompañamiento a la infancia y la familia, con subsidios por nacimiento, ayudas para el cuidado de niños pequeños y asignaciones familiares mensuales para el sustento de los hijos. La ayuda a la vivienda que son subsidios mensuales (como la APL o Aide Personnalisée au Logement) para ayudar a estudiantes, jóvenes y familias de bajos ingresos a pagar sus alquileres. También se incluye la solidaridad e inserción laboral, que gestiona y paga los mínimos sociales del Estado, como el RSA (Revenu de Solidarité Active) para personas sin ingresos, el subsidio para adultos con discapacidad (AAH), y la prima de actividad (Prime d’activité) que complementa los salarios más bajos. Por último, también se encarga de la animación de la vida social que subvenciona guarderías, centros comunitarios y actividades de tiempo libre para facilitar la conciliación familiar.

Las cifras que maneja Lustig muestran hasta qué punto se ha transformado el presupuesto francés. En 1995, la protección social y la sanidad representaban el 53,1% de todo el gasto público. En 2024, ese porcentaje había escalado hasta el 58,7% y las previsiones apuntan al 59,7% en 2026. Dicho de otro modo, prácticamente seis de cada diez euros que gasta el Estado francés se destinan ya a pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas familiares, subsidios de vivienda, asistencia sanitaria y otros mecanismos de protección social. El resto de las políticas públicas debe repartirse una porción cada vez más pequeña de la tarta presupuestaria.

Recortes en educación o infraestructuras

El desplazamiento resulta especialmente visible en las partidas vinculadas al capital humano, la seguridad y las infraestructuras. Entre 1995 y 2024, el peso conjunto de educación, defensa y orden público cayó del 15,2% al 13,7% del gasto total. El transporte sufrió un retroceso todavía más pronunciado, desde el 5,3% hasta el 3,8%. Lustig ha descontado de estas funciones las cotizaciones imputadas a las pensiones de funcionarios, profesores y militares, para evitar que el coste de sus futuras jubilaciones distorsione la comparación. Su conclusión es que Francia ha ido sacrificando espacio presupuestario para enseñar, defenderse y mantener sus infraestructuras mientras blindaba el crecimiento de las transferencias sociales.https://flo.uri.sh/visualisation/30626619/embed

El diagnóstico encuentra respaldo en un informe de Natixis elaborado por Hadrien Camatte y Théa Bartoletti, que sitúa a Francia como el segundo país de la zona euro con mayor gasto público, solo por detrás de Finlandia. En 2025, el conjunto de las administraciones francesas gastó el equivalente al 57,3% del PIB, frente al 50,5% de Alemania y el 51,2% de Italia. Los analistas identifican como principal explicación de esta diferencia el peso de la sanidad y la protección social. Entre 2000 y 2024, el gasto público francés aumentó 4,3 puntos del PIB, de los que 2,8 puntos correspondieron a esas dos funciones. Natixis resume esta evolución como «un aumento continuo desde 2000, impulsado por el gasto en bienestar social».

La comparación europea resulta reveladora porque el mayor tamaño del Estado francés no se traduce necesariamente en una mayor capacidad de inversión productiva. Según Natixis, en 2024 Francia gastaba 7,6 puntos del PIB más que la media de la eurozona, 7,5 puntos más que Alemania y 11,5 puntos más que España. La mayor parte de esa diferencia se explica por las prestaciones sociales y sanitarias. Además, entre 2023 y 2024, mientras el gasto público total francés crecía dos décimas del PIB, la partida de asuntos económicos (que incluye transporte, energía, comunicaciones e industria) retrocedía seis décimas. La protección social, por el contrario, aumentaba cuatro décimas. Es una fotografía especialmente ilustrativa de las prioridades presupuestarias del país.

La factura de las pensiones

Pero la verdadera protagonista de esta transformación es la factura de las pensiones. Según los cálculos de Lustig, el gasto público destinado a jubilaciones pasó del 12,7% del PIB en 1995 al 14,8% en 2024 y podría alcanzar el 15% en 2026. Natixis, utilizando una delimitación estadística más restringida, sitúa esa partida en el 13,4% del PIB en 2024, frente al 10,7% que promedió la eurozona y el 9,3% de Alemania entre 2010 y 2024. El banco francés señala que las pensiones constituyen «el principal factor» que explica el exceso estructural de gasto social de Francia respecto a sus socios. Un detalle que no se puede pasar por alto es que la carga resulta extraordinariamente elevada pese a que la situación demográfica francesa sigue siendo relativamente más favorable que la de buena parte de Europa.

Como señala Peter Berezin, economista jefe de BCA Research, los prestatarios más vulnerables de los mercados de deuda suelen ser los primeros en quedar al descubierto cuando los tipos de interés empiezan a subir y «Francia está aprendiendo ahora esta lección por las malas». Sin acceso a un prestamista de última instancia, advierte el economista, el mercado de deuda soberana francés es vulnerable a un círculo vicioso en el que el aumento de los rendimientos eleva los costes de financiación, lo que lleva a los inversores a considerar más probable un impago, lo que a su vez provoca un aumento aún mayor de los rendimientos.

La dimensión del problema se entiende mejor al observar cómo se ha comportado el gasto social durante las sucesivas crisis. Lustig identifica un patrón que se repite desde hace cuatro décadas. Las prestaciones aumentan cuando llega una recesión, pero después nunca regresan completamente a su nivel anterior. En 1980, el gasto social representaba alrededor del 20% del PIB; cinco años después ya alcanzaba el 25,6%. En la recesión de 1993 volvió a subir, del 24,6% registrado en 1990 al 27,3%. Durante los quince años siguientes se mantuvo en una media del 28,5%. Francia había convertido una respuesta extraordinaria a la crisis en una nueva base permanente de gasto público.

La Gran Recesión volvió a acelerar esta dinámica. En 2009, el gasto social pasó del 29,6% al 31,9% del PIB en un solo ejercicio y jamás recuperó los niveles anteriores. La crisis de deuda soberana europea provocó otro incremento hasta alcanzar un máximo del 32,8% en 2014. Durante la pandemia, el indicador llegó a dispararse al 36,2% del PIB en 2020, aunque buena parte de aquel salto sí desapareció con la retirada de las ayudas de emergencia. Tras descender al 32,1% en 2023, Lustig calcula que volverá a situarse alrededor del 33,2% en 2026. Su diagnóstico es inequívoco: «Desde 1995, la serie nunca ha regresado a un nivel anterior». Cada crisis ha dejado un escalón adicional de gasto que los gobiernos posteriores no han conseguido revertir. Esta dinámica se está convirtiendo en un temor en Alemania, donde algunos economistas aseguran que la economía alemana sigue el mismo camino.

Esta evolución plantea una cuestión incómoda para la política económica francesa: ¿dónde está el crecimiento que debía generar semejante esfuerzo presupuestario? Lustig recuerda que los defensores de una política fiscal expansiva suelen invocar los multiplicadores del gasto público, es decir, la capacidad de cada euro adicional de gasto para generar más de un euro de actividad económica. Sin embargo, el economista advierte de que buena parte de las estimaciones más favorables se refieren a estímulos temporales y no a incrementos permanentes de las transferencias. Su conclusión es demoledora: «Es difícil encontrar pruebas de alguna magia del multiplicador fiscal en los datos del déficit francés». Y remacha que «Francia, desde luego, no consiguió salir de sus déficits gracias al crecimiento».

Una losa que viene de lejos

El debate no es nuevo. En 2013, el premio Nobel Paul Krugman calificó las perspectivas fiscales francesas de «claramente poco alarmantes» y criticó las políticas de austeridad europeas por considerar que podían agravar la recesión. Cuatro años después seguía presentando el modelo social francés como un ejemplo frente a los problemas de EEUU, destacando su sanidad universal, sus permisos familiares y sus servicios públicos. Lustig reconoce la lógica de utilizar el presupuesto para amortiguar una crisis, pero cuestiona que aquellas expansiones nunca fueran compensadas suficientemente con mayores ingresos o recortes posteriores. También señala que Krugman ha terminado reconociendo la gravedad de los déficits franceses. Para Lustig, lo que ha cambiado decisivamente no son tanto los desequilibrios de fondo como el precio que exigen ahora los inversores por financiarlos.

En 2012, Mario Draghi rompió ese círculo vicioso al comprometerse a hacer «lo que sea necesario» (el famoso whatever it takes) para poner fin a la crisis que había sumido en el caos a gran parte del sur de Europa. Sin embargo, subraya el analista de BCA, ese compromiso no era ilimitado, puesto que los países afectados tenían que aplicar una serie de medidas de austeridad fiscal. De vuelta al presente, «Francia se ha negado obstinadamente a adoptar medidas de este tipo», constata el estratega de BCA.

Durante años, Francia pudo permitirse aplazar las decisiones difíciles gracias al descenso de los tipos de interés en la eurozona. Entre 1995 y 2024, el peso de los intereses de la deuda cayó del 6,6% al 3,6% del gasto público total, liberando recursos que permitieron financiar nuevas prestaciones sin desplazar todavía más otras funciones del Estado. Pero ese alivio se está agotando. Natixis recuerda que Francia cerró 2025 con un déficit del 5,1% del PIB, el segundo mayor de la eurozona, solo superado por Bélgica, y advierte de que reducirlo hasta el objetivo gubernamental del 5% en 2026 será difícil por el deterioro de las perspectivas de crecimiento y el encarecimiento del servicio de la deuda. El mecanismo que durante décadas ayudó a sostener la expansión del Estado del bienestar amenaza ahora con funcionar en sentido contrario.

En 2025, el Parlamento suspendió los planes de aumentar gradualmente la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Marine Le Pen, la actual favorita en la carrera por la presidencia francesa, no solo votó a favor de la suspensión, sino que ha defendido que se reduzca la edad de jubilación a los 60 años para algunos trabajadores. Francia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la OCDE. Además, el Gobierno paga a los jubilados una proporción mayor de sus ingresos anteriores que en la mayoría de los demás países.

El presupuesto beneficia a quien no produce

El resultado es una redistribución presupuestaria que beneficia especialmente a las generaciones de mayor edad y limita la capacidad del Estado para invertir en las más jóvenes. Lustig sostiene que buena parte del gasto social y sanitario termina favoreciendo a los ciudadanos de más edad, mientras que la educación, una de las partidas que más contribuyen a elevar el capital humano y la productividad futura, ha perdido protagonismo. La situación es especialmente delicada porque, según sus cálculos, Francia ya no destaca por invertir en educación y defensa mucho más que sus vecinos europeos, como sucedía décadas atrás. Natixis confirma que el exceso de gasto francés se concentra fundamentalmente en las prestaciones y no en las funciones públicas relacionadas con la actividad económica.

Sin ir más lejos, una parte cada vez mayor del presupuesto educativo se destina al abultado gasto en pensiones del Ministerio de Educación, introduce sin paños calientes Charles Lichfield, analista del think tank Atlantic Council en un breve artículo sobre la situación en Francia. La carga del sistema de pensiones francés representa casi el 25% del gasto público total y está mermando la inversión en el futuro y, como incide Lichfield, «la clase política francesa nunca se ha caracterizado por tomar decisiones difíciles debido a la conocida propensión de la ciudadanía a la protesta, una tradición que se ha transmitido de generación en generación».

Este desequilibrio ayuda a explicar por qué Francia ha terminado convirtiendo la reforma de las pensiones en una cuestión prácticamente existencial para sus gobiernos. El sistema consume una parte tan importante del presupuesto que resulta muy difícil reducir el déficit sin modificarlo, pero cualquier intento de hacerlo desencadena una enorme resistencia social. Lustig considera que el Estado se está quedando sin alternativas: el gasto en defensa resulta difícil de recortar en el actual contexto geopolítico, la educación ya ha perdido peso y los impuestos se encuentran en niveles extraordinariamente elevados. Por eso concluye que «la reforma de las pensiones es realmente la salida». No se trata únicamente de ahorrar dinero, sino de recuperar capacidad presupuestaria para financiar las prioridades de una economía que necesita volver a crecer.

Es cierto, reconoce Lichfield, que se está rompiendo un tabú en torno a los pensionistas con «privilegios excesivos». Dejando el debate sobre la edad de jubilación a la campaña presidencial, el proyecto de presupuesto del gobierno para 2027 propone dejar de indexar completamente a la inflación las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales y reducir el límite máximo de la desgravación fiscal especial del 10% para pensionistas a tres mil euros. No obstante, el analista se muestra escéptico de cara a las presidenciales del año próximo: «Los pensionistas votan, así que pueden imaginar el entusiasmo de los partidos que aspiran a ganar las elecciones presidenciales por estas medidas». Cabe recordar que el gobierno del centrista François Bayrou cayó con el primer ministro pidiendo un sacrificio a las generaciones más mayores para ayudar a los jóvenes.

La consecuencia política de este bloqueo es un país cada vez más difícil de gobernar. Lustig recuerda que Francia ha encadenado cinco primeros ministros desde la reelección de Emmanuel Macron en 2022 y seis gobiernos en total, con varias caídas directamente relacionadas con las disputas presupuestarias. Las prestaciones sociales se han convertido en compromisos políticamente casi intocables, mientras que cualquier intento de introducir ajustes amenaza con desatar protestas, bloquear el Parlamento o derribar al Ejecutivo. El economista sostiene que el Gobierno ha transmitido a los mercados una señal especialmente peligrosa: los beneficiarios de las transferencias, y particularmente los pensionistas, parecen tener prioridad sobre los propios acreedores del Estado. Una percepción que, según advierte, empuja al alza la rentabilidad de los bonos franceses.

Si Francia tuviera una economía lo suficientemente sólida, podría superar la carga de su deuda. Pero no es así. El PIB real se mantuvo estancado en el segundo trimestre, tras contraerse un 0,2% en el primero. El crecimiento ha sido, de media, de solo un 1,1% desde principios de 2023. Los resultados de Francia en materia de productividad no es que sean muy esperanzadores. La producción real por hora trabajada solo ha crecido un 1,5% en total desde 2015, frente al 20,3% de EEUU. Al igual que otros países europeos, Francia se enfrenta a unas perspectivas demográficas complicadas. La tasa de fecundidad total cayó hasta 1,56 en 2025, el nivel más bajo desde el final de la Primera Guerra Mundial.

Precisamente ahí reside la gran contradicción del modelo francés, que es un Estado que redistribuye una cantidad extraordinaria de recursos, pero que no consigue traducir ese esfuerzo en una mejora comparable de su capacidad productiva. El gasto social puede reducir la pobreza, sostener la demanda y amortiguar las recesiones, pero no sustituye por sí solo a la inversión en infraestructuras, la formación, la innovación o las reformas que elevan la productividad. Francia necesita que su economía genere más riqueza para financiar sus compromisos sociales, pero esos mismos compromisos dejan cada vez menos margen para impulsar los factores que permitirían aumentar su crecimiento potencial. Es una trampa presupuestaria que se vuelve más difícil de romper a medida que envejece la población y se encarece la deuda.

El mercado laboral falla

A estos malos presagios demográficos Berezin añade otro problema, y es que, a su juicio, «el sistema de inmigración está fallando». «Las tasas de empleo entre los inmigrantes son considerablemente inferiores a las del resto de la población. Según la OCDE, casi la mitad de los estudiantes de segunda generación (los nacidos en Francia) tienen dificultades con las matemáticas», recoge el experto en un informe de BCA.

La debilidad del crecimiento agrava además la comparación con sus socios europeos. Natixis calcula que entre 2010 y 2024 Francia dedicó, de media, el 13,4% de su PIB a las pensiones, frente al 10,7% de la eurozona y el 9,3% de Alemania. La brecha de gasto público total con Alemania se ha estrechado en los últimos años, pero no porque Francia haya emprendido un gran ajuste, sino fundamentalmente porque el propio gasto alemán ha aumentado. La entidad francesa también destaca que, mientras Italia ha logrado reducir su gasto público desde los máximos de la pandemia, Francia continúa instalada en niveles históricamente elevados. Su conclusión es que «la sanidad y la protección social son los principales factores que explican la diferencia de gasto público entre Francia y las demás grandes economías europeas».

Desmarcándose de los estrategas que descartan un contagio de Francia al resto de Europa, Berezin admite que no está tan seguro: «Francia cuenta con el mayor mercado de bonos de Europa. Si los bonos franceses siguen sufriendo ventas masivas, los bancos franceses se tambalearán. En algún momento, el BCE intervendrá (hay quien piensa que podría no hacerlo), pero sin un plan creíble para reforzar las finanzas públicas, el apoyo será fragmentario y condicional. Esto me indica que los mercados de bonos europeos seguirán bajo presión y que el euro se depreciará en términos ponderados por el comercio».

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Así, la crisis francesa ha dejado de ser únicamente un debate sobre la generosidad de su Estado del Bienestar para convertirse en una cuestión de sostenibilidad económica y financiera. El país ha construido durante décadas un sistema de protección social extraordinariamente amplio, pero ha ido estrechando el espacio para financiar otras funciones esenciales, mientras acumulaba déficits persistentes y una deuda cada vez más difícil de gestionar. Lustig resume el problema con una última advertencia: «A medida que aumentan los rendimientos, Francia se está quedando rápidamente sin margen fiscal». Y la paradoja es que el Estado que debía proteger a la economía de las crisis corre ahora el riesgo de convertirse, por su propia estructura de gasto, en uno de los principales obstáculos para recuperar el crecimiento y evitar la siguiente.

Vicnte Nieves y Mario Beceda. El Economista.