El vocal Juan Carlos Checkley, juez supremo de la investigación preparatoria ha ordenado a la Fiscalía, en la era Delia Espinoza, que programe el interrogatorio a Gustavo Gorriti de IDL- Reporteros por el Poder Judicial falla a favor de César Hinostroza y ordena diligencias sobre Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros por el Caso de los Wachiturros de Tumán, en que se acusa al exvocal César Hinostroza de haber asesorado a Edwin Oviedo, en base a los audios de los Cuellos Blancos que propaló Gorriti, a cambio de entradas a partidos de la selección y pasajes al Mundial Rusia 2018.
El juez accedió al pedido para permitir que la defensa prepare su respuesta, porque alude que durante la gestión como Fiscal de la Nación Pablo Sánchez se rompió la cadena de custodia de las grabaciones de las interceptaciones telefónicas como señala el exasesor de Sánchez, Jaime Villanueva. No sólo eso las fiscales a cargo del Caso Cuellos Blancos, Sandra Castro y Rocío Sánchez, coordinaban con el entonces presidente Martín Vizcarra en horas de la noche en su domicilio, como reconocieron finalmente. El juez señala que la etapa de la investigación preparatoria no solo es para recabar evidencias para la acusación sino también para reunir elementos de descargo.
La defensa de Hinostroza pide la declaración de Gorriti para que diga “cuándo, dónde, cómo y quién o quiénes” le entregaron los audios que fueron difundidos en IDL-Reporteros para contrastarla con las aseveraciones del colaborador Villanueva, antiguo amigo de Gorriti. Porque en la difusión de los 10 mil audios únicamente se priorizó unos cuántos, sobre todo los de los magistrados que no forman parte de la llamada corriente caviar.
Hasta ahora el periodista de IDl se viene defendiendo argumentando que no ha manipulado a los Fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, y José Domingo Pérez en los últimos ocho años sin que se trataría de mancillar el derecho a la reserva de las fuentes que asiste a todo periodista, sin embargo, la revelación que los periodistas de IDL-Reporteros laboraban en las oficinas de la Fiscalía han resquebrajado esta línea de defensa. No obstante, Checkley ha dispuesto que en el interrogatorio se respeten las garantías que implica la labor periodística que realiza”.
El juez supremo, además, accedió a la solicitud de tomar las declaraciones de las exfiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, las visitantes de Vizcarra, que curiosamente fueron quienes destaparon el llamado Caso de los Cuellos Blancos del Puerto a partir de las escuchas telefónicas autorizadas por un Juzgado del Callao.
A contra pelo, el abogado Carlos Rivera de IDL intenta comparar a Checkley con el exfiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza quien ingenuamente solicitó a IDL-Reporteros y Panorama que revelen quien les entregó las grabaciones, un mejor caso el exfiscal Rodrigo Rurush Castillo (2018) al que votó Gorriti del local IDL en operativo de exhibición de pruebas, con llamada del fiscal Sánchez de por medio, bajo amenaza de ser destituído: «No sabes con quién te has metido».
Rivera espera que algunos de los fiscales amigos de Gorriti en la Primera Fiscalía Suprema Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionario Públicos. Al ser considerada una organización criminal de magistrados, la etapa de la investigación preparatoria se inició el 24 de marzo de 2021 y tenía un plazo de 36 meses, pero, los fiscales disponen de tres años adicionales. Será por ello que la Fiscalía no declaró el cierre de la investigación una vez que se venció el plazo (marzo de 2024) porque estaba pendiente desde 2023 que se resuelve un pedido de recalificación de los delitos o un pedido adicional de plazo. El juez ha aclarado que Hinostroza realizó el pedido de interrogar a Gorriti antes que el Ministerio Público diera por concluida oficialmente la investigación preparatoria.
Como otra maniobra para inhibir a la justicia peruana el entorno de Gorriti lo ha postulado a la categoría Coraje del Premio anual Libertad de Prensa que otorga la organización Reporteros sin Frontera, no por ser corresponsal de guerra, sino por ser requerido por la justicia peruana por haber digitado los procesos penales desde la Fiscalía de la Nación aprovechando su vinculación con Pablo Sánchez.
