Hoy, 5 de noviembre, se presentó en el Tribunal Constitucional una demanda de parte del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto contra el Congreso de la República, con el objetivo de declarar inconstitucional la prórroga de la Ley 31388, que tendría la vigencia del REINFO hasta fin del presente año.
Como representantes del Ilustre Colegio de Abogados de Loreto se presentaron Samuel Abad Yupanqui y César Ipeza. Abad argumenta que la norma del proceso de formalización que establece el REINFO crea un sistema de impunidad ante la ley. «…hace 22 años se trata de formalizar a la minería (…) y se pretende seguir prorrogando». Además, reclama que no hay interés real por la formalización, solo la protección legal que implica el REINFO «el porcentaje de formalización no llega a 2%», explica.
el Dr. Ibenza, experto en temas ambientales, explica que la minería ilícita afecta a la amazonía, lo cual va en contra de la protección legal del medio ambiente. Por ello, pide, además de la declaración de insconstitucionalidad de la prórroga de la ley, la intervención de entidades del Estado en aspectos de medio ambiente, salud y seguridad, pues incluso han ocurrido asesinatos a causa de la defensa del ambiente en contra de la minería ilegal.
Por el otro lado, Juan Carlos Prado Herrera, asesor parlamentario, se presentó en defensa del Poder Legislativo, pidiendo que se separen los conceptos de minería ilegal y minería artesanal o pequeña minería. Explica que la Ley aplica solo a los mineros inscritos en REINFO cuya inscripción está vigente y cumplan ciertos requisitos. Según Prado Herrera, la solicitud de la prórroga de la Ley por parte del Poder Ejecutivo responde a la intención de este para presentar ante el Congreso un proyecto de Ley que abarque una política multisectorial para la pequeña minería o minería artesanal. Por lo tanto, la prórroga cumple con los derechos del Estado de garantizar el derecho del trabajo, de dar condiciones de progreso social y proveer oportunidades para sectores en desigualdad. Además, argumenta, la formalización finalmente garantizará el cuidado del medio ambiente y la salud.
Prado Herrera dice que «se han aprobado S/. 7 500 millones en gobiernos regionales para adquirir competencias de fiscalización de la formalización de la minería artesanal» Por ello, si no se aprobaba la prórroga, estos esfuerzos desaparecerían y los mineros con registro vigente caerían en la ilegalidad.
Seguidamente, intervino Helena Suazo, la representante legal de Minera Poderosa, empresa minera ubicada en Pataz. Ella manifiesta que a partir de la creación del REINFO es que se ha evidenciado un aumento en la minería ilegal, y que la han enfrentado de primera mano desde Poderosa. «La exportación de oro ilegal se ha multiplicado por 7 en los últimos 18 años», menciona. Este oro se exporta a países con controles más bajos, a diferencia de la minería legal que exporta a países donde hay más control. Suazo advirtió que la minería ilegal tiene un impacto de 2,5% del PBI y un total de perdidas de 23mil millones de soles al año. Además, indicó que los requisitos de REINFO son mínimos: un RUC vigente, la presentación de un instrumento ambiental (mas no es necesaria su aprobación) y la declaración semestral de su producción.
Posteriormente, se tuvo la participación de Marcos A. Orellana, relator especial de las Naciones Unidas, experto en sustancias tóxicas y Derechos Humanos, quien dijo preocupadamente que la minería ilegal es la principal fuente de contaminación por mercurio en el mundo. Este material, además de no ser eficiente, afecta en la salud de las personas de manera grave, entre ellas los propios mineros que participan en los procesos desconociendo el peligro. Orellana exclama que «el REINFO es una herramienta incompatible con las obligaciones del Estado».
Si bien el representante del Legislativo aseguró la proximidad de tiempo para que se presente la nueva política del Ejecutivo para la minería artesanal, esta no se pudo asegurar claramente.
Concluida la discusión y las aclaraciones de los magistrados del Tribunal Constitucional hacia los oradores, se procedió al voto.