Los fiscales Marita Barreto de Efficop y Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba del Caso Lvajato, vienen aprendiendo lo que significa el péndulo inexorable de la historia. Ahora tienen que rendir cuentas, como las que exigieron a sus acusados, de sus visibles y escandalosas compras que no sólo llaman la atención de la opinión pública sino que despiertan recelo y envidia entre sus pares: Una casa de campo en Asia, una casa con piscina en un condominio de La Molina y una coquetona camioneta roja Volvo. En estos tres casos, el denominador común es un presunto desbalance patrimonial.
Los precios revelados no tienen un correlato con los sueldos que perciben, ni con los gastos cotidianos de estos fiscales. En el caso de José Domingo Pérez, la Fiscalía ya ha iniciado una investigación preliminar por un presunto desbalance patrimonial, pero Vela y Barreto, por ahora la estrena una modificación extralegal del Código Procesal Penal, señalado que se encuentran en: «investigación indagatoria» previa a la investigación preliminar. El último lunes se conoció que la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, ha encargado a las fiscalías especializadas que evalúen si existen méritos suficientes para abrir una indagación contra Bareto y Vela, luego de la difusión de los reportajes del programa Contracorriente de Willax TV.
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, con la papa caliente en las manos quiso informar: “Cuando se divulgó la noticia (hace varias semanas), se trasladó el caso a una fiscalía competente para estos casos, que debió haber abierto diligencias (investigaciones) preliminares para que los investigados puedan hacer los descargos correspondientes y se determine la veracidad o falsedad de los hechos”. Es decir, una modalidad adhoc para fiscales. Señaló sin rubor al programa Cuentas Claras, de Canal N.
Cabe recordar que en el caso de Barreto, actualmente suspendida en sus funciones, reveló a una hábil reportera que su casa en en el condominio «La Pradera» el distrito de Asia (Cañete), se encuentra en venta por US$ 500,000 dólares (S/ 1.9 millones), conversables, a pesar de que sus ingresos mensuales como fiscal oscilan entre los 14,000 y 16,000 soles. Dicho terreno donde se levantó la lijosa casa, con piscina, fue adquirido entre los años 2017 y 2018 por US$ 60,000 dólares y, según Barreto, la construcción de la vivienda fue posible gracias a sus cuantiosos ahorros.
No obstante, el año pasado, el inmueble fue transferido a nombre de su único hijo como parte de un adelanto de herencia y asumido como ususfructo.
La situación del fiscal superior Vela Barba es similar. El fiscal superior y excoordinador del Equipo Especial Lava Jato está siendo investigado por la compra de una casa en la urbanización El Sol de La Molina, la cual le habría costado alrededor de US$ 490 mil dólares. Dicho inmueble, que cuenta con piscina y acabados de lujo, está ubicado en uno de los condominios más exclusivos de la zona.
El reportaje que destapó el caso pone en duda cómo Vela Barba pudo haber financiado la compra de esta propiedad con un sueldo de 19,000 soles, considerando además sus gastos familiares, como los pagos por la educación de sus tres hijos en colegios de alto nivel y en universidades en el extranjero, así como un préstamo que paga de manera mensual con una cuota que fluctúa entre S/ 10 mil y S/ 20 mil soles, según informó Willax. De acuerdo con el reportaje, la compra de esta lujosa propiedad se realizó mediante una cuota inicial de US$ 225 mil dólares, provenientes de la venta de un departamento en Surco, pero, en un reportaje posterior se demostró, que el departamento en cuestión se había vendido tres años después de la adquisición de la casa, ergo, no justifica el primer pago de los US$ 225,000.Una investigación anterior similar fue archivada de plano por el fiscal Miguel Vega Vaccaro, íntimo de Chibolín.
Además, tras la compra, se realizó una remodelación de la propiedad y la construcción de una piscina lo que incrementa las interrogantes.
Frente a estas acusaciones, Vela Barba ha defendido su situación, asegurando que los fondos invertidos en la casa, así como los gastos de sus hijos, provienen de su trabajo, y que todo está debidamente registrado en sus declaraciones juradas de rentas.
La exprocuradora Katherine Ampuero crítica con el mecanismo sui generis utilizado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y señaló a este Diario que la responsabilidad de avanzar con estas investigaciones, según la Constitución recae exclusivamente en ella y no en las «etapas investigatorias» fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios: “Lo que se está evidenciando es que ella está derivando el caso a las fiscalías especializadas en Lavado de Activos, Corrupción y Extinción de Dominio para que estas sean las encargadas de evaluar la evidencia y decidir si abren una investigación por la presunta comisión de estos delitos…Ella estaría evadiendo su responsabilidad y competencia. Lo que podría interpretarse es que se está ‘lavando las manos’ al delegar esta responsabilidad a otras fiscalías”, afirmó Ampuero.
Además, la exprocuradora explicó que esas fiscalías especializadas tienen la responsabilidad de evaluar evidencias para decidir si se inicia una investigación sobre corrupción, lavado de activos o extinción de dominio, pero no sobre enriquecimiento ilícito.
Al ser consultada si considera que hay méritos señaló: “Cuando existe un desbalance entre los ingresos y egresos de un funcionario, lo que corresponde es el inicio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito”, aseveró, y concluyó aseverando que la falta de acción en este sentido muestra una evasión de asumir la competencia para iniciar la investigación.
Cabe recordar que a mediados de diciembre de 2024, la fiscal de la Nación anunció que abrió una investigación preparatoria contra el fiscal Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Según la información proporcionada, esta decisión se basó en una pericia que reveló un presunto desbalance patrimonial de 65,362 soles. Dicho desbalance estaría relacionado con la adquisición de una camioneta Volvo valorizada en más de 46,000 dólares. Producto de una avalancha de ingresos que coincide con la acusación a Keiko en el primer trimestre del 2021.
La versión del fiscal es que la compra se habría realizado mediante la venta de vehículos de su propiedad y de su esposa, además de ahorros mancomunados. Sin embargo, la fiscal de la Nación destacó que aún no se ha podido justificar el origen de 13,500 dólares atribuidos a la esposa de Pérez, lo que añade un elemento clave que deberá ser esclarecido en el marco de la investigación que aún está en marcha. Ni los abultados gastos diarios del hogar.