Los agricultores de Cocachacra, Punta de Bombón, El Fiscal y otros distritos del Valle de Tambo (Islay), han convocado un paro de protesta para el martes 16 y el miércoles 17 de diciembre, contra el inicio de operaciones de Southern Copper en el yacimiento de Tia María , exigiendo al presidente José Jerí que las suspenda, porque la empresa mejicana ha iniciado sus labores sin contra con la licencia social y los estudios de impacto ambiental actualizados.
Los agricultores sostienen que, desde hace más de 15 años, cada vez en el tramo de la campaña electoral, como ahora, han estado buscando diálogo con las autoridades y representantes de la minera; sin que los escuchen: “El pueblo en Arequipa es honesto, trabajador y no tiene tiempo para protestar; estamos dedicados a la agricultura, cultivamos arroz y otros productos…y nos llaman ‘antimineros’ cuando en realidad preferimos que nos reconozcan como agricultores…”, dijo Miguel Meza, vocero y agricultor de Cocachacra
Por otra parte, denunciaron que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se decida a apoyarlos invitando al presidente Jerí a convocar una mesa de diálogo y atender sus demandas.
De otro lado, reafirmaron que cuentan con apoyo legal para continuar enfrentándose a la minera Southern, desde hace más de 15 años, con un rotundo “No” a las operaciones de Tía María y La Tapada. También expresaron su preocupación por el ecosistema de “Las Lomas Cachendo” en Islay, un área frágil que, según voceros, sería dañada irreversiblemente por las actividades mineras, afectando higueros, olivos y más de 18 especies de aves, como colibríes y lechuzas.
Cabe en el 2011, las protestas se intensificaron debido a la negativa de las autoridades a escuchar sus demandas y a facilitar un diálogo efectivo. La represión de estas protestas dejó un saldo de muertos, heridos y detenidos, en su mayoría agricultores. Algunos líderes y manifestantes han sido encarcelados, y otros aún enfrentan procesos judiciales.
“Hasta ahora, hemos solicitado las cuentas de las cartas de exhortación. Hay ocho muertos cuyos familiares exigen justicia, 34 procesados y 14 investigaciones policiales y de seguridad del Estado. Un agricultor vive con una bala en el cuerpo producto de la represión; si esa bala fuera extraída, quedaría paralítico. ¿Qué pruebas usan para procesarnos? Solo actas y declaraciones. Incluso, a esta conferencia le podrían hacer un acta”, denunció Miguel Meza, un poblador y agricultor de la zona afectada.
