La reciente interrupción del sistema de transporte de gas natural, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), ya restablecido, ha puesto en evidencia no solo la vulnerabilidad de una infraestructura crítica, sino también un problema de fondo: la aplicación desigual de las reglas en un sistema monopólico.
Durante la pandemia del COVID-19 —un evento global reconocido como fuerza mayor— diversas empresas en el Perú se vieron impedidas de operar. Sin embargo, en casos como el de SDF Energía (SDFE), TGP rechazó la aplicación de fuerza mayor, continuó facturando el servicio e incluso reclamó indemnizaciones por lucro cesante en arbitraje (un doble cobro, porque se trata de un monopolio).
TGP argumentó que contractualmente, habiendo acuerdos firmes por suministro de gas natural, sus contrapartes debían pagar los montos acordados usen o no el volumen de moléculas que tenían contratado. La gran mayoría de usuarios afectados por el paro en pandemia lograron, en el mejor de los casos, fraccionar los respectivos pagos. El caso de SDFE, actualmente este judicializado y espera en los siguientes meses, una definición vía Casación en la Corte Suprema.
La paralización por fuerza mayor de parte de SDFE se produjo en marzo del 2020, y ante ello, suspendió los pagos a TGP. Esta última resolvió el contrato en febrero del 2021. Iniciado el proceso arbitral entre ambas empresas, TGP exigía el monto de US$ 25 millones por lucro cesante por las supuestas “pérdidas” del contrato de transporte que iba hasta el 2033. Pero el laudo solo aceptó US$ 10.1 por este concepto. Además, TGP exigió en el monto de US$ 4.2 millones por las facturas no canceladas en el período marzo 2020-febrero 2021.
Hoy, frente a una contingencia que afectó al gasoducto, el mismo concesionario evalúa o invoca la figura de fuerza mayor para eximirse de responsabilidades frente a sus clientes.
El contraste es evidente:
· Cuando la crisis afectó a los usuarios, la fuerza mayor fue rechazada;
· Cuando la crisis afecta al operador, la fuerza mayor se invoca.
Este patrón no es aislado. Durante la pandemia, diversos usuarios enfrentaron situaciones similares, lo que evidencia una asimetría en la asignación de riesgos, en un mercado donde no existe competencia.
En un monopolio natural como el transporte de gas, la regulación es la única defensa del usuario. Por ello, la crisis actual plantea preguntas urgentes sobre el rol de Osinergmin, los estándares de confiabilidad exigidos y la forma en que se distribuyen los riesgos dentro del sistema. Si no se revisan las reglas, los incentivos y el rol del regulador, la próxima crisis no será una sorpresa: será una consecuencia previsible, porque cuando un monopolio puede negar la fuerza mayor a sus usuarios y luego invocarla para sí mismo, el problema ya no es técnico; es institucional.
